Escalada institucional en Santa Cruz: el Tribunal Superior se parte en dos y pide intervención policial

La crisis institucional del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz alcanzó un punto sin precedentes. Este lunes, cinco vocales —entre ellos el presidente Daniel Mariani y los cuatro miembros incorporados por la Ley 3949— dictaron el Acuerdo Extraordinario N° 3720, declarando la nulidad absoluta de la resolución que lo había desplazado de la presidencia el pasado 2 de octubre.

El nuevo acuerdo no solo restaura a Mariani en el cargo, sino que también invalida todos los actos firmados por Reneé Fernández, quien había sido designada en su reemplazo por el sector que desconoce la ampliación del tribunal. En una medida inédita, los firmantes solicitaron el auxilio de la Policía Judicial para hacer cumplir lo resuelto, exponiendo una fractura de poder dentro de la máxima autoridad judicial de la provincia.

El documento, rubricado por Mariani, Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Contreras Agüero y Juan Lucio De la Vega, sostiene que la decisión de destituir al presidente fue tomada “sin competencia ni mayoría legal”, violando la Ley Orgánica de la Justicia. Además, convocaron a una sesión extraordinaria para este martes 14 de octubre, donde se tratarán temas institucionales y la paritaria judicial.

La resolución marca la primera acción colectiva del nuevo bloque de vocales, designados bajo la Ley 3949, que amplió la integración del Tribunal de cinco a nueve miembros. Se trata de una respuesta directa a la cautelar dictada el 8 de octubre por los vocales Fernández, Mercau, Ludueña y Basanta, quienes suspendieron los efectos de esa ampliación, abriendo una batalla jurídica por la validez de la ley.

El acuerdo de Mariani y sus aliados remarca que la ampliación fue sancionada, promulgada y publicada en el Boletín Oficial, y que ningún órgano con competencia constitucional declaró su invalidez. En ese sentido, acusan a sus pares disidentes de “usurpar funciones y desconocer la ley vigente”.

Con dos presidencias en ejercicio, resoluciones enfrentadas y la fuerza pública convocada para imponer autoridad, el Poder Judicial de Santa Cruz atraviesa una crisis institucional sin precedentes, que deja en evidencia la profunda disputa política que atraviesa a la provincia y que ahora se extiende al corazón mismo de la justicia.