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Punta Loyola: advierten por el impacto ambiental de los residuos y reclaman controles sobre el vaciadero

Miguel O'Byrne, vocal del Consejo Agrario Provincial, cuestionó las condiciones de disposición final de los residuos en Río Gallegos y alertó sobre las consecuencias de la dispersión de plásticos en campos de pastoreo. También se refirió al proyecto turístico previsto en la Península de Magallanes y a su posible impacto económico en El Calafate.

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La situación ambiental del predio destinado a la disposición final de residuos urbanos, ubicado en el camino hacia Punta Loyola, volvió a generar cuestionamientos en Santa Cruz. La presencia de plásticos fuera del área de disposición y su dispersión sobre terrenos rurales encendieron la preocupación de sectores vinculados con la producción ganadera y la protección del ambiente.

El tema fue abordado por Miguel O'Byrne, vocal director del Consejo Agrario Provincial (CAP), durante una entrevista con LU14 Radio Provincia. El funcionario advirtió que los efectos de esta situación no se limitan a la actividad productiva, sino que también pueden alcanzar a distintas especies animales y al entorno natural.

“No hay ninguna duda de la gravedad del impacto. No se trata solamente de la ganadería o el ganado; todos los animales, los que están arriba como debajo de la superficie están impactados. Los plásticos vuelan hacia el Atlántico y se degradan pero eso no le hace bien a ningún organismo”, manifestó.

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Cuestionamientos por el manejo de los residuos

O'Byrne puso el foco en las condiciones en las que funciona el predio y consideró que los residuos deben contar con mecanismos adecuados de contención para evitar que el viento los disperse hacia los campos cercanos.

En ese sentido, sostuvo que no deberían admitirse deficiencias en los sistemas de disposición final y reclamó una mayor responsabilidad por parte de los municipios en el cumplimiento de las normas ambientales.

Al referirse a las condiciones del vaciadero, cuestionó que la infraestructura disponible no resulte suficiente para impedir que los residuos salgan del predio. También señaló que esta problemática no es exclusiva de Río Gallegos, sino que se repite en distintas localidades de la Patagonia y del país.

El vocal del CAP remarcó que los organismos ambientales establecen requisitos y condiciones para el funcionamiento de estos espacios, pero consideró que resulta indispensable que las administraciones municipales garanticen su cumplimiento.

La multa provincial y las responsabilidades

La situación del predio de Punta Loyola también derivó en una sanción económica contra Nueva Santa Cruz S.A.S., empresa encargada de operar el servicio de disposición final de residuos urbanos.

La Provincia aplicó una multa superior a los 46 millones de pesos, a partir de irregularidades detectadas en el funcionamiento del establecimiento y de incumplimientos de las condiciones ambientales establecidas para su operación.

Entre los puntos observados se encuentra el procedimiento previsto para el traslado de los residuos. Según las condiciones contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental, la basura debía ser compactada previamente en fardos en una planta de transferencia de Río Gallegos, antes de su traslado al relleno sanitario. Este mecanismo tenía como finalidad reducir la dispersión de materiales por acción del viento.

En relación con este escenario, O'Byrne insistió en que la solución requiere hacer cumplir las disposiciones vigentes y que los municipios asuman las responsabilidades correspondientes en la gestión de los residuos.

El proyecto turístico en la Península de Magallanes

Durante la entrevista, el representante del Consejo Agrario Provincial también se refirió al emprendimiento turístico proyectado en la Península de Magallanes, en cercanías de El Calafate, y valoró la posibilidad de incorporar nuevas inversiones a Santa Cruz.

El funcionario repasó los antecedentes administrativos y judiciales vinculados con el área. Explicó que el proceso se remonta a 2001, cuando la Suprema Corte de Justicia emplazó a la Provincia a elaborar un plan de manejo para la Península de Magallanes, instrumento que fue concretado en 2002.

El proyecto es impulsado por Lacustre Sur, firma que, según lo señalado por O'Byrne, posee los terrenos desde hace más de cinco décadas. En 2025, la Secretaría de Estado de Ambiente aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, lo que permitió avanzar con la presentación formal de la iniciativa ante el Consejo Agrario Provincial.

De acuerdo con los detalles brindados por el funcionario, el desarrollo contempla 24 cabañas, con una capacidad estimada de entre 50 y 60 plazas, y estaría vinculado a la cadena hotelera internacional Four Seasons.

O'Byrne indicó que las construcciones ocuparían un sector de aproximadamente tres hectáreas dentro de un lote de 20 hectáreas. También aseguró que el proyecto contempla tecnología destinada a reducir su impacto sobre el entorno natural.

Respecto de la vegetación, explicó que la intervención sobre el bosque estaría limitada a la apertura de caminos vinculados con la protección contra incendios y afirmó que no está prevista una tala generalizada.

Expectativas por la actividad económica y el empleo

En cuanto a las consecuencias económicas para El Calafate, O'Byrne señaló que la iniciativa podría generar puestos de trabajo directos y movimiento en diferentes actividades relacionadas con la prestación de servicios.

Entre los rubros que podrían verse involucrados mencionó el transporte, la provisión de alimentos y los servicios de catering, además de otras actividades vinculadas con el funcionamiento del establecimiento.

El funcionario consideró que el desarrollo turístico de la zona representa una oportunidad para incorporar inversiones, aunque remarcó la importancia de preservar los recursos naturales de la Península de Magallanes.

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