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INVESTIGAN UNA POSIBLE CONEXIÓN ENTRE UNA RED DE NARCOTRÁFICO EN SANTA CRUZ Y ACTIVOS VINCULADOS A LÁZARO BÁEZ

La Justicia Federal dio a conocer los primeros resultados de los procedimientos realizados en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales y otros puntos del país. Se secuestraron estupefacientes, vehículos y documentación, mientras que también se ordenaron embargos y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los investigados. Una de las principales hipótesis apunta a una posible vinculación entre una organización dedicada al tráfico de cocaína y otra estructura que habría administrado bienes relacionados con el empresario Lázaro Báez.

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Las investigaciones federales que se desarrollan en Santa Cruz sumaron nuevos elementos luego de que la Unidad Fiscal Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) difundieran información sobre los procedimientos realizados desde el lunes 9 de noviembre.

Los operativos comprendieron distintos puntos de la provincia, entre ellos Río Gallegos y El Calafate, además de establecimientos rurales y domicilios ubicados en Buenos Aires. Como resultado, las autoridades confirmaron el secuestro de drogas, vehículos, documentación y otros elementos que serán analizados en el marco de las actuaciones.

Sin embargo, uno de los aspectos centrales del comunicado judicial es la posible relación entre dos investigaciones independientes: una por presunto tráfico de cocaína y otra por la administración de activos de origen ilícito vinculados a Lázaro Báez.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, una persona que integraría la estructura patrimonial bajo análisis también tendría un papel de liderazgo dentro de la organización dedicada al narcotráfico en territorio santacruceño.

Una presunta red que utilizaba camiones para trasladar cocaína

Una de las causas busca determinar cómo funcionaba una organización que habría utilizado camiones pertenecientes a una empresa de transporte para movilizar cocaína.

La Fiscalía sostiene que estas maniobras podrían haberse desarrollado, al menos, desde diciembre de 2025. Dentro de la estructura investigada, dos hombres habrían tenido a su cargo tareas relacionadas con la distribución de los estupefacientes.

Uno de ellos estaría vinculado con un lavadero, establecimiento que, según la hipótesis fiscal, habría sido utilizado como punto para concretar entregas de droga.

Hasta el momento, las autoridades no identificaron públicamente a la empresa transportista ni al comercio mencionado en la investigación.

La otra causa analiza movimientos de bienes vinculados a Lázaro Báez

En paralelo, la Justicia avanza sobre una investigación patrimonial que tiene como eje al empresario Lázaro Báez, quien se encuentra detenido.

La hipótesis apunta a la posible existencia de una estructura que habría continuado administrando, explotando y poniendo en circulación bienes y recursos de presunto origen ilícito, que debían quedar alcanzados por las consecuencias patrimoniales de las condenas judiciales impuestas al empresario.

Los investigadores buscan establecer quiénes habrían participado de esas operaciones, cómo se habrían gestionado los activos y si existieron mecanismos para mantenerlos fuera del alcance de las medidas judiciales.

Por ahora, no se difundió un detalle de los bienes involucrados ni la identidad de todas las personas alcanzadas por esta línea investigativa.

El posible vínculo entre las dos organizaciones

Uno de los datos de mayor relevancia del informe fiscal es la hipótesis de que una misma persona habría participado de la estructura encargada de administrar activos relacionados con Báez y, al mismo tiempo, habría encabezado la presunta organización dedicada al tráfico de cocaína en Santa Cruz.

Esta posible coincidencia es uno de los puntos que la Justicia busca esclarecer. No obstante, la información difundida no establece que los fondos provenientes del narcotráfico hayan sido utilizados para financiar las operaciones patrimoniales investigadas.

La existencia, el alcance y las características de esa eventual conexión deberán determinarse a medida que avancen las actuaciones.

Secuestros, embargos y medidas sobre el patrimonio

Los procedimientos permitieron incautar estupefacientes, vehículos, documentación y otros elementos de interés judicial.

El juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez autorizó más de veinte allanamientos, además de requisas, secuestros de vehículos y medidas de embargo sobre bienes relacionados con las causas.

A pedido de los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco, también se dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal de las personas investigadas.

Esta medida permitirá acceder a información financiera y tributaria para examinar movimientos de dinero, operaciones económicas y posibles maniobras patrimoniales vinculadas con las hipótesis de la Fiscalía.

El comunicado oficial no precisó las cantidades de droga incautada, el número total de vehículos secuestrados ni los montos alcanzados por los embargos.

Sin confirmación de nuevas detenciones

Respecto de la situación procesal de los involucrados, la información difundida identifica a Lázaro Báez como una persona que ya se encuentra detenida, pero no confirma nuevas detenciones como consecuencia de los últimos procedimientos.

Tampoco se difundieron nombres de todos los presuntos integrantes de las organizaciones investigadas ni se informó sobre detenciones de familiares o personas de su entorno.

Las investigaciones continúan

Los operativos contaron con la participación de efectivos de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.

La Unidad Fiscal Río Gallegos y la PROCELAC mantienen abiertas las actuaciones para determinar las responsabilidades individuales y reconstruir el funcionamiento de las presuntas estructuras investigadas.

Por la complejidad de las causas, las autoridades indicaron que las novedades serán comunicadas oficialmente a través del portal del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

De esta manera, la investigación federal busca avanzar sobre dos posibles circuitos delictivos: el traslado y la distribución de cocaína en Santa Cruz, y la administración de activos que habrían quedado fuera del alcance de condenas judiciales vinculadas a Lázaro Báez.

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