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Boggio aseguró que trabaja para garantizar las prestaciones de los servicios en todo el territorio provincial

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En una entrevista realizada hoy con la subsecretaria de Asuntos Registrales, Soledad Boggio, habló de su gestión, y resumió las distintas acciones que se llevan adelante del área a su cargo. Destacó la importancia de garantizar a los vecinos el acceso a distintos trámites en las localidades de Santa Cruz; la incorporación de equipamiento de última generación en la labor diaria; y la articulación con los organismos del Gobierno Provincial.

Como se recordará, entre las misiones de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia; está la de inscribir hechos y actos vitales que dan origen o modifican el estado civil y la capacidad de las personas; asegurar el derecho a la identidad, y llevar registro de propiedad inmueble y personas jurídicas conforme a la legislación vigente.

En este sentido, la subsecretaria de Asuntos Registrales, Soledad Boggio indicó que “tenemos una amplia distribución territorial con 23 seccionales a cargo”, la mayoría de ellas repartidas en las distintas localidades y comisiones de fomento que conforman la Provincia y, una dependencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dentro de Casa Santa Cruz, inaugurada en marzo de este año.

“Así —dijo— garantizamos a todos los vecinos de Santa Cruz, tener el acceso a un Registro Civil para realizar todos los trámites de identificación, como por ejemplo, la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte, actas de nacimiento o defunción y certificación de deudor alimentario, entre otros”.

Tras mencionar que a principios de año, en coordinación con el Consejo Provincial de Educación (CPE), se hicieron varios operativos para instalar una representación de la entidad en diferentes instituciones educativas de distinto nivel y así facilitarles a los padres de menores de edad, hacer los trámites de renovación de DNI, habló de la importancia “de profundizar las acciones para garantizar el derecho a la identidad de los menores de edad”.

 En ese contexto, explicó que “estamos recibiendo los primeros indicadores del RENAPER (Registro Nacional de las Personas), elaborados con la base de datos del último censo nacional en contraposición con la documentación aportada a nivel nacional por parte de las autoridades competentes de los distintos departamentos en los que se divide cada provincia. Esa información nos está indicando que en Santa Cruz, en la mayoría de los departamentos, está habiendo menores con documentos sin renovar en la fecha estipulada”.

“Tenemos fechas estándares que los padres tienen que tener en cuenta para hacer la renovación de los DNI, la primera, entre los cinco y los ocho años, y luego, para los niños mayores de catorce años” subrayó, al tiempo que aseguró que con base en los indicadores aportados por Nación, el organismo a su cargo “va a continuar insistiendo, a través de campañas, en que la sociedad cumplimente con estos trámites”.

La importancia de contar con equipamiento de última generación

Además del trabajo de identificación que se impulsó cuando comenzó el año lectivo, Boggio informó que luego de varias reuniones con las autoridades de RENAPER “conseguimos fortalecer el envío de maletines móviles, un elemento que no solo nos da la oportunidad de sumar atención en las seccionales, sino que también nos posibilita acercarnos a los domicilios de aquellas personas que están impedidas de trasladarse por cuestiones de salud o están atravesando internaciones médicas y precisan hacer un trámite vinculado con nosotros”.

La idea es que los menores estén documentados como corresponde y que los adultos tengan sus papeles al día o puedan acceder con facilidad a las diligencias que deben realizar. Por ello, señaló, “recibimos siete maletines nuevos que llegaron a Santa Cruz a mediados de año y fueron distribuidos a toda la Provincia, para hacer las tramitaciones más amigables”.

“No tenemos que devolver este equipamiento y quiero destacar que además nos sirve para hacer operativos en diferentes comunas, donde la posibilidad de conectarse a internet en cualquier punto geográfico, permite facilitar las gestiones” aclaró.

Al respecto, puntualizó que el maletín “sirve para hacerse del flujo de documentación que viene a través del Registro Nacional de las Personas, DNI y pasaporte, a la vez que a nivel provincial, facilitamos todo trámite que tiene que ver con otro tipo de documentación”.

Por ese motivo, fue clara al decir que quienes se encuentren impedidos de acercarse a una seccional “pueden pedir información a través de los teléfonos de la seccional donde vivan y, una vez realizada la solicitud, los agentes se van a acercar al domicilio que se les indique, para ayudar en lo que se precise respecto a garantizar el otorgamiento de la documentación”.

Tomando en cuenta la geografía de Santa Cruz y la distribución de sus habitantes, mencionó que para las personas que viven en zonas rurales “nosotros mantuvimos reuniones con ANSES porque ellos están llevando adelante operativos en esos territorios y vamos a acoplarnos para trabajar en conjunto y llegar a las escuelas rurales con el apoyo del Consejo Provincial de Educación y garantizar el otorgamiento de la documentación correspondiente”.

Deudores alimentarios

Más adelante, la funcionaria habló del trabajo que está llevando adelante en el área del Registro de Deudores Alimentarios. En este marco explicó que la realidad es que “no hay una ley nacional y eso genera que cada provincia tenga su registro. La debilidad que se viene planteando a nivel federal con la aplicación de ese sistema es que los deudores que se mueven de jurisdicción en jurisdicción, pueden ser deudores en una provincia, pero obtener certificación en otra porque no hay entrecruzamiento de datos”.

“Hace un par de meses —sostuvo— trece provincias firmamos un convenio en donde Santa Cruz paso a acceder a la información de esos estados provinciales y, así como nosotros suministramos nuestros datos bajo todos los recaudos que hay que tener, las otras doce provincias hacen lo propio con nosotros”.

De esta manera añadió que, junto a un trabajo que se hace con la Subsecretaria de Informática de Santa Cruz, “se fusionan estas bases de datos y nosotros, cuando solicitamos un Deudor Alimentario, no solo estamos mirando los registros de Santa Cruz, sino que también estamos emitiendo sobre la información que tienen los 13 mil 500 registros a los que tenemos acceso”.

“Falta sumar a esta iniciativa algunas provincias, pero se está trabajando en convenios para incluirlas”, enfatizó.

Facilitar los trámites relacionados con el Registro de la Propiedad Inmueble

En el ámbito del Registro de la Propiedad Inmueble, la Subsecretaria admitió que “tenemos una deuda histórica con los vecinos de Santa Cruz” y, en ese contexto, explicó que el área “tiene un solo edificio en Río Gallegos que abastece a toda la Provincia con todas las tramitaciones, es decir, cualquier vecino que se encuentra en una localidad fuera de la capital provincial, para poder tener un certificado de dominio tiene que venir hasta acá para tramitarlo”.

“Entonces —detalló— hace cuatro meses decidimos firmar un convenio con el Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Cruz, donde la entidad se comprometió al pago de los honorarios para contratar una consultora que tenga experiencia en estos temas y que asesore para montar un sistema de mesa de entrada y salida digital y de seguimiento de trámites”.

“Es un primer módulo de acción de una iniciativa que esperamos tenerlo en pleno funcionamiento en dieciocho meses” estimó, en tanto, agregó que por parte de la Subsecretaría de Asuntos Registrables “en junio del año que viene estaríamos cumplimentando la primera etapa en la que estamos trabajando ahora, donde hemos comprado equipamiento y estamos tramitando el servidor que es un paso importante porque tiene que proteger toda la información que nos brinde la población”.

Boggio remarcó que esto es muy importante porque “viene a saldar esta deuda y los vecinos como los escribanos ya no van a tener que estar viajando a la capital de la Provincia para llevar adelante los trámites”.

Esta son algunas de las líneas de trabajo que lleva adelante el área provincial.

terminando la entrevista, la funcionaria recalcó que “nosotros trabajamos, diariamente, con la Dirección de Archivo, judiciales y ANSES para acceder a información que permite sostener la gratuidad de las tramitaciones para personas o familias que cumplen ciertos requisitos, por ejemplo, familias vulnerables que perciben algún tipo de subsidio o ayuda económica, personas con CUD y/o veteranos de guerra”.

Por último, se dirigió a la población cuya condición se encuentra dentro del espectro autista y al respecto recordó que desde la Subsecretaria de Asuntos Registrables “hemos tomado la iniciativa de tener una hora silenciosa en todas nuestras seccionales, dispuesta entre las 15.00 y las 16.00 horas y, en el caso de Río Gallegos, solamente, porque el edificio lo permite, hemos habilitado una sala amigable para personas que tienen esta condición, para que puedan hacer sus trámites más contenidos”.


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Situación Centro de Formación Secundaria “Monseñor Alejandro Buccolini” El Calafate

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En el marco de las visitas y Asistencias Situadas de las autoridades del C.P.E. a las Instituciones de Educación Pública de Gestión Privada, los días 22 y 23 de octubre del corriente año se llevaron a cabo mesas de trabajo en el Centro de Formación Secundaria “Monseñor Alejandro Buccolini”. Durante estas instancias, se abordaron cuestiones críticas vinculadas a los aspectos administrativos y pedagógicos de la institución, destacándose la falta de validez nacional de las tecnicaturas ofrecidas, conforme a la Resolución Nº 3.277/23 – CPE, modificada por Resolución Nº 4056/23-CPE.

Se verificó en consulta con la Dirección General de Registro de Títulos, Certificaciones y Equivalencias, que las únicas tecnicaturas con validez nacional reconocidas para esta institución son: 

–        Tecnicatura en Equipos e Instalaciones Electromecánicas.

–        Tecnicatura en Informática Profesional y Personal.

Por lo tanto, se notificó formalmente al Apoderado Legal, en su carácter de máxima autoridad, y al equipo de gestión de la institución que “no deberán matricularse estudiantes” en otras tecnicaturas, ya que las mismas no cuentan con la aprobación necesaria para la certificación correspondiente. 

Asimismo, se solicitó con carácter urgente la regularización de la organización del ciclo básico de los alumnos que actualmente cursan 1º y 2º año. Se identificaron graves irregularidades en los boletines de calificaciones, los cuales no reflejan el cumplimiento de lo establecido en la Resolución Nº 2.580/17 – CPE, particularmente en lo que refiere a la ausencia de talleres obligatorios. Además, se constató la inclusión indebida del nombre de tecnicaturas en los boletines de estos años, lo cual contradice la normativa, dado que la orientación técnica corresponde al ciclo superior técnico, que inicia en 3º año. Estas acciones generan confusión y desinformación entre estudiantes y familias, afectando el desarrollo educativo de la comunidad. 

En lo que respecta a la matrícula, se confirmó que en el séptimo grado del Nivel Primario la institución cuenta con 40 estudiantes. Sin embargo, se verificó que las autoridades realizaron preinscripciones para nuevas carreras sin haber regularizado previamente la oferta educativa y sin contar con la autorización expresa del Consejo Provincial de Educación, tal como establece el Acuerdo Nº 185/97 – CPE. Estas acciones no sólo transgreden la normativa vigente, sino que también afectan de manera directa a los estudiantes, al ofrecer carreras previamente informadas como no válidas. 

El Consejo Provincial de Educación enfatiza que todas las intervenciones realizadas hasta la fecha tienen como objetivo central garantizar una educación técnica de calidad y ajustada a la normativa vigente para los estudiantes del Centro de Formación Secundaria “Monseñor Alejandro Buccolini”. 

Rechazamos de manera categórica la actitud adoptada por el equipo directivo de la institución, quienes han omitido adoptar medidas en tiempo y forma convocando a las familias sin brindarles información veraz, generando confusión y vulnerando los derechos educativos de los alumnos. 

Por último, la Cartera Educativa reiteró su compromiso con la transparencia y la calidad educativa en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.


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