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Aprobaron la ley de emergencia indígena pese a la polémica por el «conflicto mapuche»

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El proyecto recibió 43 votos afirmativos, apenas dos negativos y siete abstenciones.


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A pesar de que el debate en el recinto se «contaminó» por la polémica en torno al conflicto por la posesión de tierras que históricamente ocupan poblaciones mapuches en la Patagonia, el Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto que prorroga la Ley de Emergencia Territorial Indígena.

Con 43 votos afirmativos, apenas dos negativos y siete abstenciones, la Cámara alta le dio media sanción a la iniciativa que prorroga la Ley 26.160, la cual declara «la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas» y que vence el 23 de noviembre próximo.

Se trata de una norma sancionada en 2006 que ya fue fue prorrogada ya en tres oportunidades y el proyecto que trata el Senado le da cuatro años más de vigencia a los artículos que, entre otras cosas, suspenden los desalojos y disponen el relevamiento catastral de las tierras ocupadas por esas comunidades.

La iniciativa dispone la asignación, para los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben en adelante, de un crédito por 290 millones de pesos destinados al «Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas» creado por la ley de emergencia.

El debate sobre el tema estuvo marcado por la polémica en torno al accionar de un grupo auto identificado como «mapuche» que en los últimos meses atacó dependencias públicas y un club de la localidad rionegrina de El Bolsón, que fue incendiado, al tiempo que amenazó a las autoridades provinciales.

El tema sobrevoló en el recinto de la Cámara alta desde el inicio de la sesión, cuando el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) expresó que «esta gente está haciendo terrorismo hace muchos años y lo sufren los patagónicos», al presentar un pedido de preferencia para un proyecto propio de repudio a esa situación.

El opositor criticó «la inexplicable actitud del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, al presentarse para exponer ante la justicia trasandina en favor del condenado Facundo Jones Huala, «con el argumento de que es ‘asistencia consular’».

A su juicio, «la propia explicación de lo que es asistencia consular no justifica la presencia de un embajador» en un ámbito de esas características.

Luego el senador radical Pablo Daniel Blanco reflotó el asunto con un pedido de apartamiento del reglamento para exigir la presencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en el Congreso para que explique el conflicto en la Patagonia.

El senador fueguino se sumó a las críticas por la actitud del embajador Bielsa de defender y pedir la libertad condicional para «alguien que reniega del Estado argentino, de sus autoridades».

«Algunos en nombre de comunidades autóctonas cometen estos actos de vandalismo, y las autoridades pareciera que estuvieran avalando este tipo de usurpaciones y actos vandálicos», advirtió el legislador de la UCR.

En el comienzo del debate concreto de la iniciativa, cuyos alcances fueron presentados por la salteña Nora Giménez (Frente de Todos), la pirotecnia la puso el radical cordobés Ernesto Martínez (JxC), quien planteó que «votar esta prórroga es un suicidio institucional para nuestro país» dado que a su entender beneficiaría al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), al que cataloga como «terrorista».

“Hay que excluir a Río Negro, Neuquén y Chubut y capaz que lo podría votar favorablemente, pero así voto negativamente porque ya la voté en 2013 y 2017 y siempre escuché el mismo argumento: esta vez es la última y se terminará de censar para saber quienes son los pueblos originarios y que tierras ocupan y no sigan apareciendo nuevas organizaciones que se proclaman como originaria como pasa en la Patagonia que pretenden poseer tierras», fundamentó.

En esta línea, manifestó que «no hay que seguir dando excusas a la organización RAM para que prosiga con su accionar terrorista» e incluso fue más allá al señalar que «el Senado se agacha frente al jefe» de esa organización, Jonas Huala.

«Con esta ley, la RAM dirá que no puede ser desalojado de todos los terrenos que ha tomado en los últimos tiempos», indicó, y agregó que «con el artículo 2 los jueces no van a poder actuar respecto a las acciones que vienen haciendo los terroristas».

“Entonces -continúo- el Estado nacional retrocede en la defensa del territorio asustado por un grupo de disfrazados», lamentó.

Martínez consideró que «la RAM humilla al Senado llamándonos ‘Senado de la Nación colonial huinca’ y, a pesar de eso, el Senado vota normas que favorecen a los que siembran el terror en la Patagonia. Voy a votar negativamente», concluyó.

Al cruce del representante de Juntos por el Cambio salió el chubutense del Frente de Todos Alfredo Luenzo, quien acusó al radical de hablar «desde el desconocimiento».

«Pero además del desconocimiento es más grave aún, en este recinto, emplear la palabra terrorismo, subversivo, conceptos muy caros para la historia argentina. Y se vuelven a reeditar en una necesidad que tiene la derecha de encontrar un enemigo interno, como ya lo encontró el gobierno anterior” con los casos de “Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”, resaltó.

Para Luenzo, «el problema no pasa por las comunidades aborígenes, que están organizadas y perfectamente integradas» sino por «un grupo muy reducido que comete delitos, que son delincuentes».

«La respuesta no la tendría que dar el poder político, sino la Justicia, investigando y metiendo presos a quienes son responsables», explicó.

En este sentido, afirmó que «bajo ningún punto de vista esta prórroga implica darle consentimiento a grupos minúsculos, que no sabemos su origen, que no representan a las comunidades»


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El futuro de la energía atómica: renuncias, desfinanciamiento y deudas millonarias

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La CNEA tiene parados sus proyectos principales y acumula deudas millonarias. Los despidos ya llegan a 570. Paro y protestas de la Uocra. La voz de la presidenta saliente, Adriana Serquis.

Pablo Esteban

Por Pablo Esteban

En medio del brutal ajuste en el sector nuclear, el gobierno finalmente aceptó la renuncia que Adriana Serquis había presentado el 10 de diciembre y, mediante un decreto, determinó que Germán Lavalle y Luis Rovere asumieran como presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).  La funcionaria saliente había denunciado la falta de fondos para continuar con obras claves como el Carem y el RA-10 –dos reactores nucleares que se construyen desde 2014 y 2016, y que en poco tiempo podían estar listos–, así como también alertó por la acumulación de una deuda millonaria con las compañías subcontratistas que contribuían a la fabricación de las tecnologías. Representa toda una incógnita el futuro de la institución a partir del cambio de timón y el recambio de autoridades, que se produce mientras la motosierra trabaja a pleno: los dos proyectos están paralizados y en torno al Carem los despidos ya están por llegar a los 570, según denunció la Uocra, que mantiene en Zárate una huelga por tiempo indeterminado. Esta semana, hubo marchas y cortes de ruta en esa ciudad en reclamo de la continuidad de los trabajos.  

Más allá de las dudas, Serquis aventura sus propias proyecciones a partir de las conversaciones sostenidas con los nuevos gestores. “Me dijeron que el RA-10 lo van a tratar de sacar adelante sí o sí, porque le falta poquito. La mayor duda está con el Carem, con el que quieren hacer una revisión integral con auditores externos”. Y completa: “Veo difícil que puedan destrabar el conflicto presupuestario, ellos dicen que van a intentar resolverlo. Nosotros les comunicamos la urgencia y la necesidad de fondos para cada uno de los proyectos. La institución a partir de junio no va a poder funcionar, eso está claro”.

La situación de la CNEA, el organismo rector de la energía nuclear en el país, es conflictiva por varios motivos: en los últimos meses contrajo deudas millonarias con los contratistas que trabajan en la puesta en marcha de los reactores (en el caso del Carem, por ejemplo, acumula una suma de 7 mil millones de pesos), despidos de trabajadores implicados en líneas de trabajo que están suspendidas por el momento (principalmente de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, una de las principales contratistas) y cerebros que ya se fugan ante la imposibilidad de condiciones de trabajo adecuadas. El gobierno no envía los fondos necesarios y ello sirve como detonante para empujar a la Comisión al borde del abismo.

Finalmente, el presidente Milei le aceptó la renuncia a Serquis y luego de la transición asumieron los nuevos nombres. La doctora en Física y además Investigadora Principal del Conicet lo relata de este modo: “Hace un par de semanas vengo trabajando con esta gente. Me había comprometido a hacer una transición razonable y lo hice. El secretario de Energía me pidió que me pusiera en contacto con Germán Lavalle, que también realizó reuniones con los gerentes de área de nuestra institución. Como vicepresidente lo acompaña Luis Rovere. Ambos son ingenieros nucleares y egresados del Instituto Balseiro”, comenta quien a partir de la semana que viene volverá a estar al frente del Instituto de Nanociencia y nanotecnología del Conicet.

Los que entran y los que salen

Consultada por este diario, Serquis brinda un detalle de la trayectoria de las autoridades designadas. “En los 90’s, Lavalle fue gerente de institucionales en el momento en que la CNEA perdió el control de las centrales nucleares, cuando fueron a parar a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. En el 2000 se fue de la institución con un retiro voluntario que le ofreció el gobierno de la Alianza”. Lavalle, según cuenta la expresidenta, se autoasume con un perfil “más técnico que político”. A menudo, se utiliza tal caracterización cuando se busca dotar de legitimidad el rol experto en detrimento del ideológico; como si la ciencia y la política podrían pensarse como dos campos autónomos. Rovere, por su parte, es ingeniero nuclear y es gerente del Centro de Medicina Intecnus, una institución sanitaria reconocida en Bariloche. “Las nuevas autoridades tratarán de poner nuevos gerentes de las gestiones anteriores. Por ahora, no vi en carpeta a ninguna mujer en su equipo de trabajo y no tengo idea si sacarán a las que ahora están a cargo. Estoy preocupada, la verdad”.

Lavalle y Rovere reemplazan a Adriana Serquis y a Diego Hurtado, que había presentado su renuncia el 9 de diciembre cuando Alberto Fernández aún era el presidente. Serquis se destacó en su rol por conducir iniciativas relevantes como los reactores nucleares Carem y el RA 10, desarrollos que están en etapas muy avanzadas de diseño y que podrían ser fundamentales para el ingreso de miles de millones de dólares al país si en el futuro inmediato consiguieran finalizarse. Tecnologías que, de hecho, podrían colocar a Argentina a la vanguardia de la energía nuclear.

Asimismo, Serquis tuvo un rol fundamental al democratizar las condiciones de acceso y participación de las mujeres en la gestión de la energía nuclear. También se destacó por un relato muy activo en pos de cambiar la percepción social con respecto a la materia. En cada intervención pública, trató de narrar las ventajas que tiene la energía nuclear en relación a otras energías e intentó desestigmatizar una fuente que históricamente estuvo marcada por desastres como Chernobil y Fukushima. También, sus colegas detallan su énfasis en promover el conocimiento local como vía hacia la soberanía: se forman científicos y científicas en instituciones públicas y luego le devuelven al Estado esta educación de excelencia a través del diseño de tecnologías autóctonas que, en última instancia, permiten el ingreso de divisas al país.

Casi listos, casi paralizados

El Carem es el primer reactor de potencia baja y media, diseñado y desarrollado 100 por ciento en Argentina. Su puesta en marcha podría ser clave para el abastecimiento eléctrico en zonas alejadas de centros urbanos y en parques fabriles, así como también para objetivos diversos que serán cruciales en los próximos años, como la desalinización del agua de mar y la producción de hidrógeno. Por su parte, el RA 10 servirá, entre otras cosas, para abastecer de radioisótopos a todos los centros de medicina nuclear del país; insumos fundamentales para el diagnóstico y el tratamiento de cáncer.

Las aplicaciones en salud, industria, ciencia y tecnología son infinitas para estas dos tecnologías de primer nivel internacional que, según las proyecciones y si el ritmo no se hubiese ralentizado por falta de financiamiento, deberían haber estado listos para 2025 (RA-10) y 2028 (Carem). Para tener referencia, el proyecto Carem ya lleva invertidos 650 millones de dólares y requeriría de una partida de 200 millones más para concluir; cuando un proyecto de la misma envergadura en Estados Unidos cuesta 1400 millones de dólares. En relación a las ganancias que se podrían obtener, la venta de un reactor de la magnitud del Carem podría significar un ingreso de 4 mil millones de dólares; mientras que el RA-10, de ponerse en marcha, podría significar ingresos de 90 millones de dólares al año.

Las potencialidades de ambas iniciativas son innegables. Sin embargo, por el momento, la inercia parece estar frenada hasta nuevo aviso. Para los tiempos que maneja la ciencia ya están casi listos, pero por una decisión política están prácticamente paralizados. 

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