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Alberto Fernández firmó el decreto para la conversión de planes sociales en empleo

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De esta forma, el Gobierno busca incentivar la incorporación de quienes reciben planes sociales al trabajo asalariado registrado en el sector privado.

El presidente Alberto Fernández firmó hoy el decreto que dispone que el Ministerio de Desarrollo Social y el de Trabajo «efectuarán las modificaciones necesarias en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado».

La normativa que será publicada en el Boletín Oficial de este martes, establece que «las adecuaciones respectivas deberán ajustarse a los criterios que determinen los Ministerios» en función de «las características propias y de los requerimientos específicos de los distintos sectores de la actividad económica».

«La prestación se considerará parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad. En casos particulares, en función de los montos efectivos de salario y plazos de contratación vigentes, podrá establecerse la
compatibilidad entre la prestación y la remuneración abonada», se detalla.

El valor de dicha prestación y su duración, las modalidades y plazos de contratación y el número máximo de trabajadoras y de trabajadores que puedan ser incorporadas e incorporados bajo estos programas serán fijados en forma conjunta por ambos Ministerios, se indicó en el texto.

«En los casos de pluriempleo deberán fijarse las reglas de distribución del incentivo entre los distintos empleadores y las distintas empleadoras», se plantea.

El artículo 3 del decreto detalla que «el beneficiario o la beneficiaria mantendrá el derecho al cobro de la prestación asistencial durante la vigencia del período» de capacitación.

«Producida la discontinuidad del contrato de trabajo, las personas beneficiarias tendrán la posibilidad de volver a percibir la asistencia que establece el Programa, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los DOCE (12) meses, dentro de los DOS (2) años anteriores al cese del contrato laboral», indica el artículo 6.

En el caso de que «el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los OCHO (8) y los DOCE (12) meses dentro de los DOS (2) años anteriores al cese del contrato laboral, las trabajadoras y los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de reingresar al programa de origen o acceder a la prestación por desempleo en los términos dispuestos por las Leyes Nros. 24.013 y sus modificatorias y 25.371».

Asimismo, se advierte que «no podrán acceder a ninguno de los Programas que se establezcan las empleadoras o los empleadores que figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) como consecuencia de los supuestos previstos en el artículo 2°, inciso h) y en los artículos 3° y 4° de la Ley N° 26.940 y sus modificatoria».

En tanto, en sus considerandos, la normativa del Gobierno señala que «uno de los objetivos principales es que los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socioproductivos destinados a personas desempleadas o con trabajos precarizados se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de estas trabajadoras y estos trabajadores al empleo asalariado registrado».


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La Rosada quiere la nueva ley ómnibus en abril pero hasta los diputados libertarios ponen reparos

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En el oficialismo estiman que la semana que viene ingresaría el proyecto y el Gobierno pide tratarlo el 17 de abril.

Por Pablo Dipierri

 El cronograma diseñado por el gobierno para aprobar la nueva ley ómnibus supone que el expediente ingresaría después de Semana Santa al Congreso, con las revisiones y acuerdos sellados con los opositores aliados y los gobernadores, e incluye el 17 de abril como fecha tentativa para que se trate en recinto de la Cámara de Diputados.

El Poder Ejecutivo tiene la expectativa de que los mandatarios provinciales instruyan a los diputados que les responden para que voten a favor del proyecto, a cambio del pacto fiscal. Sin embargo, cada jurisdicción tiene demandas que la Casa Rosada desestima y podrían detonar, otra vez, el rechazo de las bancadas que el oficialismo necesita para no naufragar por segunda vez con la iniciativa parlamentaria.

Un diputado libertario dijo que «no hay política» y que «Guillermo Francos está desgastado» pero aclaró que «a pesar de todo, la gente banca a Milei» en su provincia.

En ese sentido, agregó que «Martín Menem no puede manejar la Cámara». Entre las dificultades del riojano, mencionó la improbabilidad de cumplir con la condición que buscaron pactar Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con el macrismo para que el expediente se discuta solo en las tres comisiones que ya trataron el tema durante el verano: Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto.

«Capaz terminamos discutiéndola en otras comisiones también», lamentó. Abrir el juego a otras comisiones redundaría en demoras para llevar la ley al recinto.

Desde el gabinete de un gobernador patagónico, por otra parte, consideraron que «es difícil que se llegue a discutir y votar la ley para mediados de abril». «Todavía faltan muchas cosas y hay rechazo cerrado al régimen de inversiones», precisaron.

Hasta el momento, los bloques opositores guardan cierta cautela pero legisladores de distintas extracciones políticas advierten que el gobierno avanza con la misma cerrazón que en enero con el proyecto original, por más que se haya abierto a deliberaciones previas.

Un diputado peronista, por caso, conjeturó: «habiendo sido rechazado el DNU en el Senado, si fracasa de nuevo la ley ómnibus Milei podría quedarse sin gobierno».


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