INFO. GENERAL
Carlos Garzón: “La clase trabajadora no se va a quedar de brazos cruzados”

El secretario general de ATE se expresó de cara a lo que será, el próximo 11 de septiembre, el paro general con movilización a la Caja de Previsión Social, en defensa de los derechos de los jubilados, ante la resolución que limita los futuros aumentos adicionales para los pasivos provinciales. “No vamos a permitir que sigan desmantelando el sistema de seguridad social, debilitando los derechos de los trabajadores activos y pasivos para ajustar las cuentas”, sostuvo.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso para el miércoles 11 de septiembre para exigir a los diputados que rechacen el veto presidencial al aumento de las jubilacione, haciendo énfasis en que “los diputados que voten en favor del veto estarán condenando a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir”. Si bien esta convocatoria tiene eje en el rechazo a las políticas nacionales, sin dudas también tomará vuelo en Santa Cruz, principalmente luego de que trascendiera, la semana pasada, una resolución que dispuso de manera inconsulta que, todos los adicionales que perciba el personal activo, no se trasladará de manera automática a las jubilaciones y pensiones de la provincia. El concepto sintetizado de la CPS es “Adicional no aportado es adicional no pagado”.
En este contexto, en las últimas horas, el titular de ATE Santa Cruz, Carlos Garzon, llamó a todos los sectores a movilizarse en contra de la resolución que impulsa Marcial Cané. Según dejó trascender a TiempoSur “desde ATE repudiamos de manera contundente la reciente resolución que vulnera los derechos adquiridos de nuestros jubilados, un sector al que buscan como enemigo desde la CSS y la CPS”, al mismo tiempo que opinó que “la medida es un verdadero cachetazo a la dignidad de aquellos que han dedicado su vida al trabajo y al esfuerzo, sosteniendo con su labor al Estado y al bienestar de toda la sociedad.
Lejos de ser una simple resolución administrativa, lo que estamos presenciando es un ataque directo a las conquistas históricas que los trabajadores hemos logrado a lo largo de décadas de lucha en las Paritarias Salariales. Esta decisión no solo les mete la mano en el bolsillo a nuestros jubilados de hoy sino a los de mañana”.
En este sentido, expresó que “es el Estado el que debe proteger a los sectores más vulnerables, y no aplicar políticas de ajuste que benefician a los poderes concentrados a costa de los más desprotegidos”. por lo que remarcó que “no vamos a permitir que sigan desmantelando el sistema de seguridad social, debilitando los derechos de los trabajadores activos y pasivos para ajustar las cuentas. No hay números que cierren si no es con la gente adentro. Esta política insensible, promovida por un presidente artífice de meterle la mano en el bolsillo a los jubilados”.
“No podemos permitir que, tras haber dedicado su vida al servicio público y al crecimiento del Estado, hoy se ven traicionados por políticas de recorte y ajuste que buscan minimizar el rol del Estado y dejar de lado lo humano”, dijo y reforzó: “Desde ATE reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de defender a los jubilados y trabajadores frente a cualquier intento de recorte o retroceso. Hacemos un llamado a la movilización, a la lucha en las calles, y a la unidad de todos los sectores para frenar este embate contra nuestros derechos. El gobierno tiene que entender que la clase trabajadora no se va a quedar de brazos cruzados mientras avanza sobre nuestras conquistas. Vamos a seguir resistiendo y luchando, hasta que se respeten los derechos de todos los trabajadores y jubilados, y hasta que se construya un Estado que esté verdaderamente al servicio del pueblo”.
Por último, declaró: “La resolución discrimina, atenta contra el bolsillo de la gente. Esta resolución no debe pasar el directorio y Cané debe dar explicaciones, porque no es una decisión técnica, es política”.
INFO. GENERAL
Alerta máxima en el kirchnerismo: creen que es inminente la detención de Cristina

En el Instituto Patria creen que la Corte fallará el próximo martes y se declaran en «alerta y movilización».
El senador Oscar Parrilli llamó por teléfono a el diputado Eduardo Valdés este viernes para comunicar el estado de alerta que vive por estas horas el Instituto Patria, bajo la convicción de que la Corte fallará contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad el martes próximo, en la reunión de acuerdos. La ex Presidenta y su entorno creen que su detención sería inminente.
La preocupación del kirchnerismo se palpa en los frenéticos mensajes que cruzan legisladores, dirigentes y militantes, tan solo para compartir la angustia ante una decisión que imaginan inminente, luego que la Corte removiera el ultimo obstáculo procesal al rechazar la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti. En el Instituto Patria confirmaron a LPO este viernes que no hay interlocución con el máximo tribunal.
Si la Corte falla y confirma la sentencia contra Cristina antes del 19 de Julio, no podrá ser candidata a diputada en las elecciones bonaerenses de septiembre, donde las encuestas indican que tiene buenas probabilidades de ganar en la Tercera Sección Electoral, esto es el sur del Conurbano, la zona más popular y poblada de la provincia.
Un camarista reconoció a LPO que existen presiones de sectores del poder para que Cristina vaya presa, algo que también habían admitido los senadores cuando se trató el frustrado proyecto de Ficha Limpia en el Senado. «En Argentina siempre es un mal momento para fallar, porque hay elecciones cada dos años y casi siempre estamos en campaña electoral», matizó un juez federal para conceder que la Corte puede resolver el caso ahora.
Ante la posibilidad de la detención de la ex presidenta, el kirchnerismo analizaba este viernes movilizarse. El diputado kirchnerista y secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó ante la prensa que «tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no». En el despacho de una colega suya del bloque peronista, confirmaron a LPO que la definición del momento en el peronismo es de «alerta y movilización».
Tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no.
Un juez de Comodoro Py que conoce a la ex presidenta afirmó a LP que Cristina esperaba este escenario. «De un momento a otro, los jueces pueden dar ‘enter’ para fallar o posponer la sentencia, ella lo sabía y por eso apuró su candidatura y los trató de guardia pretoriana», dijo en referencia al reportaje que le concedió Cristina a C5N el pasado lunes.

Como sea, las posibles consecuencias de una detención de Cristina eran analizadas este viernes en todo el sistema político. Una lectura es que el peronismo podría hacer una pausa en sus divisiones para defender a la actual presidenta del PJ, principal partido de la oposición, lo que también sugiere un posible impacto internacional.
«De la Rúa metió preso a Menem para tapar el ajuste y no le sirvió de nada», recordó un dirigente peronista de larga trayectoria y agregó: «en Brasil lo metieron preso a Lula, parecía que no pasaba nada y después volvió a ser electo Presidente». En efecto, el impacto de una detención de Cristina sobre el gobierno de Milei no es un tema menor.
«Es una bomba neutrónica en el peronismo», opinó con una mirada menos romántica uno de los dirigentes más importantes de esa fuerza. El gobierno, en tanto, podría experimentar el relativo alivio de no arriesgarse a una derrota en la tercera sección electoral que, como publicó LPO, amenaza con garantizarle la victoria al kirchnerismo en el resultado global del territorio bonaerense si la diferencia es abismal.
El peronismo, por supuesto, planteará la detención de Cristina como la proscripción de la ex presidenta. Esa es la razón por la que hasta un diputado macrista repetía hasta el cansancio cuando se discutió el proyecto de Ficha Limpia que «a Cristina hay que ganarle en las urnas».
Una decisión inminente de la Corte iría en contra de la jurisprudencia no escrita del máximo tribunal, acerca que no resuelve casos de corrupción que afecten o inhiban los derechos políticos de un posible candidato en un año electoral.
Como sea, las opciones de la Corte serían la de negarse a tomar el caso, por medio de la apelación del artículo 280 del Código Penal, y dejar firme la sentencia de la Cámara de Casación o abrir los recursos de queja y revocarlos, con el mismo desenlace para la ex presidenta. Pero los ministros también podrían revisar los recursos y tomar el de la fiscalía, que duplica la condena a 12 años bajo la figura de asociación ilícita, lo cual dilataría el proceso y otorgaría más tiempo a Cristina.
Con información de la Política On-Line
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