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Ante la drástica caída en la oferta de alquileres, el oficialismo impulsa el debate de una nueva ley en el Congreso

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El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló que la ley vigente tenía buenas intenciones pero que «fracasó». Buscarían reducir la duración de los contratos y modificar el mecanismo de actualización de los precios de los alquileres. El Gobierno analiza suspender la norma actual por 180 días.

Ante la drástica caída en la oferta de alquileres y el contexto de alta inflación que no cede, el oficialismo intentará modificar la ley de alquileres, iniciativa que contaría con el respaldo de Juntos por el Cambio, que hace tiempo viene pidiendo la derogación ante la falta de resultados positivos.

«Es necesaria una revisión integral de la legislación actual que claramente no generó certezas ni a los propietarios ni a los inquilinos. En la búsqueda de equilibrios hay que dar garantías a ambos lados del mostrador», sostuvo en declaraciones a NA la diputada nacional electa del Frente de Todos Marcela Passo, quien impulsa una nueva normativa junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Los cambios principales que están en evaluación, según indicó a este medio la referente massista, son la reducción del plazo de duración de los alquileres, él índice de actualización de los valores de los alquileres y la frecuencia de los aumentos (con la nueva ley el ajuste del precio pasó de ser semestral a anual).

La ley se sanciono el 11 de junio del 2020 . El Frente de Todos aportó 39 de los 41 votos a favor.

«El Congreso sancionó, no con mala fe sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó», remarcó el líder del Frente Renovador.

«(La Ley) que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino», completó al participar del acto por el Día de la Construcción en el edificio de la Confitería del Molino.

En este sentido, el ex intendente de Tigre y referente del Frente de Todos llamó llamó a «discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietario y garantía y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprendimiento noble que tiene a lo largo y ancho del país».

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, confirmó que desde el oficialismo «se está trabajando y se está previendo presentar una modificación» en la normativa dado que «la implementación de la ley en el momento de la aplicación no trajo los resultados que se esperaban».

«Una cantidad de funcionarios y diputados consideran que se puede mejorar», acotó Cerruti en la habitual conferencia de prensa realizada los jueves en la Casa Rosada.

«Los precios de los alquileres, como todo aquello que forma parte de lo que tiene que pagar una familia, es una de las preocupaciones centrales de la Argentina», enfatizó.

En este marco, desde el Poder Ejecutivo analizan suspender por decreto o por ley la actual legislación por 180 días, para que en ese período una comisión redacte una nueva ley.

«La suspensión por 180 días es una variante que se está analizando. Lo hablo Sergio (Massa) con (el presidente) Alberto (Fernández)», reveló Passo a NA.

Las distintas alternativas para mejorar el acceso a los alquileres están siendo estudiadas por Massa junto al ministro de Vivienda y Hábitat, Jorge Ferraresi, y también con la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Además de una nueva ley de alquileres, Passo señaló a NA que el oficialismo impulsará en paralelo un «conjunto de medidas» complementarias para dar respuesta al problema habitacional, que incluirán «un nuevo instrumento hipotecario que de la posibilidad de comprar la vivienda propia».

La idea, que se está conversando con el Ministerio de Economía, es modificar el índice de indexación para que no se ajuste por UVA sino por el índice de variación salarial.

A su vez, se trataría un proyecto de incentivos al sector de la construcción para que los inversores apuesten al ladrillo, lo que -según Passo «ayudaría a la reactivación de la economía» por el impacto que esa industria tiene en la creación de empleo.

La persistente inflación, que terminará el año por encima del 50%, complica todas las variables, incluidos en especial los alquileres, donde la oferta sufrió una fuerte retracción este año.

Fueron numerosos los propietarios que sacaron de la oferta a sus propiedades y sostienen que el marco regulatorio impuesto por la ley de Alquileres no brinda reglas de juego claras a la actividad inmobiliaria.

Las cámaras del sector inmobiliario ya venían alertando sobre la necesidad de cambios en la norma, para que la oferta no siga desapareciendo.

El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios porteño (Cucicba), que viene reclamando una nueva ley desde hace varios meses, dice tener la promesa de que la nueva ley se discutirá en breve.

«Estaban esperando a que pasaran las elecciones para lanzar este tema, que es necesario para que el sector no siga cayendo», dijeron fuentes de Cucicba a la agencia NA.

El reclamo de los martilleros es regresar a los 24 meses de contrato y admitir un libre acuerdo para un ajuste semestral.

Para realizar los cambios en la ley de alquileres habría consenso con la oposición, ya que por ejemplo la diputada nacional electa de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal, la más votada en la Capital Federal, prometió en campaña que trabajaría para la derogación de la normativa actual y la aprobación de una nueva legislación


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Caputo rechaza la presión de los empresarios y refuerza el cepo

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Afecta al giro de dividendos y operaciones con Bopreal, que ahora pasan a estar gravadas en 17.5%. El gobierno busca evitar que el desplome de la recaudación se lleve puesta la meta fiscal.

Caputo rechaza la presión de los empresarios y refuerza el cepo

Por Luciana Glezer

En medio de los reclamos de los empresarios por el cepo cambiario, Luis Caputo dispuso extender el impuesto PAIS al giro de dividendos y a las operaciones con Bopreal, instrumento financiero pagadero en pesos que al vencimiento cumple con el equivalente en dólares más los intereses devengados, al que pueden acceder personas físicas o jurídicas titulares de cuentas habilitadas en el mercado bursátil.

 Mediante el decreto publicado este lunes se establece una alícuota del 17,5% aplicable a la compra de divisas destinadas a la repatriación de inversiones de portafolio de no residentes y a la distribución de utilidades y dividendos. Además, se aplica el mismo porcentaje a quienes adquieran BOPREAL con fines similares 

«Una empresa que invirtió acá pagará 35% de Ganancias + 7% de impuesto a la distribución de dividendos + (new!) 17,5% de impuesto PAÍS. Alícuota final 60%. Ni en Noruega! Para esto se necesita el RIGI», afirmó el economista y diputado del PRO Luciano Laspina. 

Laspina se sumó junto a Marina Dal Poggetto a la troupe de la ortodoxia que viene amplificando duras críticas hacia Milei. Forman parte de ese equipo Domingo Cavallo y Carlos Rodriguez.

Todos estos economistas representan la voz de los empresarios, que buscan que Milei cumpla la promesa de campaña de levantar el cepo.

Los economistas apuntan al punto débil: las restricciones cambiarias, la permanencia del cepo. «Hay que salir del esquema de transición, eliminar el cepo cambiario y establecer el nuevo régimen monetario. Es imposible que haya recuperación económica con el actual diseño del programa», planteó Laspina en una entrevista concedida al diario La Nación este domingo. 

Más hondo caló Marina Dal Poggeto, directora de Ecogo: «El esquema es cepo dependiente. Bajar las tasas de interés y atrasar el tipo de cambio, no te ayuda a estabilizar la demanda de pesos. Mucho menos, si tu programa financiero depende de la recirculación de los pesos del BCRA al Tesoro», afirmó la economista. 

Una empresa que invirtió acá pagará 35% de Ganancias + 7% de impuesto a la distribución de dividendos + (new!) 17,5% de impuesto PAÍS. Alícuota final 60%. Ni en Noruega! Para esto se necesita el RIGI

Dal Poggetto explicó que los bancos le venden bonos caros al BCRA y después los recompran más baratos con algún estiramiento en los plazos. Agrega Dal Poggetto que el mecanismo incluye la posibilidad de hacerse de liquidez contra el BCRA con el riesgo de monetización, a través de seguros (PUTS). 

Los pasivos remunerados hoy alcanzan a $33 mil millones. «Este esquema empezó a encontrar límites en la última licitación, cuando los pesos emitidos por la venta de bonos al BCRA no pudieron ser tomados por en la licitación del Tesoro», indicó Dal Poggetto.

A las claras las cuentas del BCRA lucen lejos de sanearse. A la situación de los pasivos se sobreimprime el derrumbe de la recaudación que complica la meta fiscal. Sostener el Cepo y conservar este impuesto que grava y restringe el acceso a dólares, la única alternativa en este esquema. 

 Marina Dal Poggeto 

El interrogante se abre sobre el grado de comprensión y paciencia que pueda conseguir el gobierno de parte del bloque de poder que sustenta su proyecto político del gobierno. Lo cierto es que empresas, bancos, inversores y hasta el propio FMI condicionan el financiamiento al levantamiento de las barreras cambiarias. 

 El Impuesto PAÍS fue originalmente implementado el gobierno anterior para limitar el acceso al mercado cambiario. Con esta ampliación, el gobierno busca evitar el derrumbe de la recaudación, que en marzo cayó 13,2% debido a la depresión del nivel de actividad. En este contexto el único tributo que crece exponencialmente es el Impuesto PAIS con un alza de mas del 1100% en términos interanuales. 


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