La decisión de la compañía deja en las provincias petroleras una multiplicidad de problemas ambientales, productivos y sociales.

Por Mara Pedrazzoli

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció en febrero que la petrolera se retiraría a partir de abril de los 55 yacimientos de petróleo convencional que tiene en el golfo San Jorge, desprendiéndose así de todas las obras desplegadas en la zona norte de Santa Cruz y parte de Chubut. Ante esa decisión, ofreció transferir los activos a operadoras independientes o compañías regionales –pymes o grandes concesionarias- que pudieran llevar adelante las inversiones necesarias en los “yacimientos maduros”. Esto deja en la puerta de las provincias petroleras una serie de problemas ambientales, productivos y sociales que merecen ser atendidos, hasta encontrar nuevas compañías que puedan reemplazar a la estatal.

El abandono de estos yacimientos supone dejar si trabajo, en Santa Cruz, a un plantel de 800 personas contratadas de manera directa por YPF, y otras 8000 que se vinculan indirectamente con la petrolera, entre empleados en firmas contratistas, proveedoras de insumos y materiales, empresas de seguridad, transporte, etc. En Chubut, el sindicato de petroleros logró un acuerdo por 120 días con YPF, que se compromete a pagar el 80 por ciento de los salarios de 1200 trabajadores agremiados, que se desempeñan en los territorios que serán cedidos. Pero el gobernador de Santa Cruz, el ex dirigente petrolero Claudio Vidal, se niega a replicar un acuerdo similar en su provincia, rechaza la idea de perjudicar los niveles de actividad petrolera en la zona.

Sin embargo, la actividad se encuentra parada en los hechos. En diálogo con PáginaI12, el ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta sostiene que “entre enero y marzo, YPF prácticamente se retiró del golfo San Jorge porque invirtió apenas 80 millones de dólares”, y agrega que las obras se detuvieron básicamente porque “dejaron de realizarse tareas de exploración”. Se habla de “yacimientos maduros” de YPF, que es una denominación de aquellos que ya superaron los picos máximos de producción, “pero en realidad se trata de yacimientos sin inversión”, advierte Peralta.

La decisión de desmantelar las inversiones en convencionales no sólo se enmarca en una lógica de rentabilidad empresaria de YPF, sino que es parte del proceso de ajuste fiscal impulsado por este Gobierno. No hay plata (tampoco) para YPF, que se centrará en los yacimientos no convencionales, las inversiones off-shore y los proyectos de gas natural licuado, según expuso Marín en la presentación del Plan Estratégico de la empresa. Las nuevas condiciones perjudican principalmente a las provincias de Santa Cruz y Chubut, mientras benefician exclusivamente a Neuquén, donde se encuentran los yacimientos de Vaca Muerta. Marín informó que realizarán allí inversiones récord por 3000 millones de dólares este año.

“Ese número, sumado al conjunto las inversiones de la petrolera, representará en total una caída del 17 por ciento respecto a las cifras del año pasado”, detalló un informe de la consultora Paspartú. En Santa Cruz, YPF solo conservaría los negocios en Palermo Aike, que representa el futuro del gas no convencional en la provincia, aunque todavía es un proyecto incipiente.

Pasivos ambientales

Los campos que YPF cederá en Santa Cruz serán vendidos a privados o su concesión devuelta a la provincia, que reclama una salida más ordenada. “Quieren escapar y tirar la llave por la ventana”, sintetizó el ex gobernador Peralta. La estatal todavía no especificó qué hará respecto de las obras de inversión no cumplidas, así como los seguros de caución comprometidos (¿se los abonará a la provincia?), ni se responsabilizó por los “pasivos ambientales” generados en estos muchos años de operación. Se denominan de esta forma a una serie de obras que abarcan el tratamiento de los residuos petroleros, la limpieza de los tanques, el taponamiento de pozos, remediación de los suelos empetrolados, revegetación del ambiente, etc.

Las provincias denuncian que ese costo ambiental, pero también financiero, debe correr a cuenta de YPF, o cualquier otra empresa cedente. Esto dio lugar a una presentación en la Cámara de Diputados de la Nación de un proyecto de ley que obliga a esas empresas a realizar un relevamiento del pasivo ambiental previo a la cesión de los yacimientos. El mismo deberá ser realizado por un experto independiente, establece el texto, para achicar la asimetría de información que existe entre las empresas y las agencias provinciales. El informe debe incluir además el costo de su reparación. El pasivo ambiental adjudicable a YPF ascendía a 1500 millones de dólares en el año 2012, según detallan los fundamentos del proyecto de ley. “YPF invirtió en los últimos años apenas el 6 por ciento de ese monto para reparar los pasivos ambientales entre 2016 y 2023”, detalló Peralta.

La acumulación de esos costos debería ser contabilizada en el pasivo de las empresas petroleras, especialmente en aquellas que operan en bolsa. Algunas versiones hablan de “un sinceramiento de pérdidas por 1800 millones de dólares” en YPF, entre los que se cuenta Santa Cruz.

Fondos de las provincias

Además de los riesgos ambientales y los problemas sociales, acarreados por una inminente pérdida de puestos de trabajo, el abandono de esos “yacimientos maduros” deja a las provincias del sur con un grave problema fiscal ocasionado por la caída de las regalías petroleras, que se cuentan entre sus principales ingresos fiscales. Actualmente se sostienen por el alto precio internacional del petróleo.

Esto en un contexto donde Nación ya está ahogando las cuentas financieras de muchas provincias. Puntualmente Santa Cruz posee distintos frentes de preocupación: como los despidos de 1800 trabajadores de las represas hidroeléctricas financiadas por empresas chinas, el escenario ante una potencial privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio –que emplea otras 2000 personas-, los despidos en otros entes nacionales como Anses, Viabilidad Nacional y Telam, el desfinanciamiento a la educación a través del Fonit, el congelamiento de los fondos de la caja previsional. La reversión de las inversiones de YPF es en este sentido una gota que rebalsó el vaso.

“En esta provincia cuando echas a una persona, no recupera el trabajo nunca”, aclaró el ex gobernador Peralta.

¿Provincias unidas?

Juan José Carbajales, titular de la consultora Paspartú, sostiene que más allá de que se manejan algunos nombres, todavía no hay interesados concretos para ocupar los yacimientos que cede YPF. “Solo se saben las características que tendrán esos nuevos actores: fundamentalmente compañías independientes o nuevas UTEs de empresas de servicios que puedan reconvertirse como operadoras y trabajar en pozos maduros con estándares de eficiencia”. 

Algunos interrogantes que abre este proceso son, por ejemplo, “cómo influirá la indemnidad legal de la que goza YPF por la actuación previa a 1991 (cf. Ley 24.145 de federalización de hidrocarburos y transformación estructural de YPF) y si esto llevará a mutar de contrincante la disputa: de YPF al propio Gobierno nacional”.

Además se abre la posibilidad de encarar una agenda aunada entre las Provincias Unidas del Sur, el grupo formado por los gobernadores Claudio Vidal, de Santa Cruz; Ignacio Torres, de Chubut; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Wereltineck, de Río Negro; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego y Sergio Ziliotto de La Pampa. Este actuó en sincronía frente al reclamo pesquero amenazado por el DNU, frente al retiro de los fondos coparticipables a Chubut –apoyando la decisión de Torres de recortar el suministro de hidrocarburos- y los destinados al transporte público del interior, pero en el caso de YPF los intereses están menos alineados.