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¿El partido recién empieza?

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Eduardo Aliverti

Por Eduardo Aliverti

La impresión generalizada en el mundillo de colegas, consultores y analistas políticos, hacia derecha e izquierda, es que el partido verdadero comienza recién ahora. Los datos de la economía corroborarían esa apreciación.

También es cierto que un pronóstico como ése apuntaba a marzo, porque se agruparía entonces el golpe del retorno de las vacaciones; el costo de la canasta escolar; el saqueo de la medicina prepaga, reconocido en público por el ministro de Economía con un cinismo apabullante; los salarios e ingresos deprimidos del sector informal y, al cabo, una recesión que varios economistas ya se animan a calificar como híper.

La política, sin embargo, no es una ciencia exacta ni mucho menos.

Recién van a cumplirse cuatro meses de este laboratorio inédito que formalmente encabeza Javier Milei y que cuenta con el respaldo unificado de todas las corporaciones, internas y externas. No hay grieta allí. No hay “facciones mercadointernistas” contra los grupos ligados a la exportación primarizada.

¿Dónde está, por caso, el peso político que tenía la gauchocracia representada en la Mesa de Enlace agropecuaria? ¿Dónde están las líneas disidentes “desarrollistas” que supieron tener alguna relevancia en la UIA?

La armonía es prácticamente total entre los grandes actores financieros, comerciales, industriales. Da lo mismo leer cuanto digan los miembros de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) como lo que expresan los nucleados en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham). Lo mismo cuanto dicen los gurús del libre mercado y los operadores periodísticos que les dan pista.

Pocas veces -o ninguna en períodos democráticos- hubo tal grado de acuerdo entre los bloques de la clase dominante que, en Argentina, nunca alcanzaron la estatura de dirigente(si es que hablamos de algún modelo de desarrollo no colonial, porque si lo hacemos en torno a sus méritos de beneficio individual y corporativo han sabido ser brillantes).

Son unánimes en el apoyo a una estructura de negocios meramente extractivista. Un país con millones de excluidos consolidados, a pleno estilo latinoamericano. Se alinean con prioridad total a los intereses de Washington aunque el mundo, donde parece que suenan tambores de guerra extendidos, tenga pinta de destino multipolar.

La única duda que los asalta, como ya se sabe y asumen ellos mismos, es la capacidad política de Milei y su microcosmos para muñequear tamaño desafío.

En el Gobierno están eufóricos con el resultado que arrojan absolutamente todas las encuestas, incluyendo las que encargan tribus opositoras. O consultoras que no son afines a la ultraderecha gobernante.

Se mantiene y hasta crece unos puntos la confianza en el oficialismo, que a valores de hoy volvería a ganar las elecciones. En rigor, no se logra determinar si la palabra es ésa, confianza, o más bien “expectativa”. O “resignación”, a la espera de ver qué pasa siendo que el vacío opositor, y la inquina contra el gobierno anterior, son todavía demasiado grandes.

Valga el testimonio de Paco Olveira, quien vaya si algo sabe de lo que se siente bien por abajo, en los barrios populares, en las villas, en el sentimiento de los auténticamente abandonados a la buena de Dios. “Hay angustia, pero no se puede decir que haya bronca contra Milei”, le dijo a este escriba ese cura inmenso.

Confiado en esa percepción y en los números de esas encuestas, Milei sigue arremetiendo contra cuanto obstáculo se le presente hasta límites que, ya dijimos, hacen perder lo que jamás debe perderse: la capacidad de asombro.

Puede tratarse de rendirle pleitesía a la generala Laura Richardson, de quien no se privó de “visitarla” en Ushuaia, casi de madrugada, disfrazado de milico, contra los pérfidos chinos. De seguir tocando el trasero de los gobernadores con provocaciones que nadie termina de entender, mientras debe negociar que le sancionen la devaluada ley ómnibus. De proyectar un 0800 para buchonear “adoctrinamiento” docente. De un ministro de Salud que, en medio del dengue, sólo tiene el recurso de prevenir contra el uso de pantalones cortos y brazos descubiertos. De la masacre indiscriminada contra empleados estatales que, según se supone o desea, en algún momento debería despertar un mínimo de sensibilidad masiva. Están echando a lo pavote científicos, gente experimentada a punto de jubilarse, trabajadores que prueban largamente su labor.

Este último aspecto de la brutalidad mileísta merece detenimiento.

Así como el paro de maestros y en las Universidades públicas pasó sin pena ni gloria, el llamado de ATE a entrar en los edificios de la salvajada no tuvo colaboración orgánica o de referencias gremiales importantes, excepción hecha de Hugo Yasky, Sergio Palazzo y Abel Furlán. Son lugares militarizados, literalmente.

¿Están solos los empleados del Estado que sufren esta bestialidad? ¿O, además de solas, están desorganizadas todas las víctimas del ajuste de esta casta, con su dirigencia a la cabeza?

Como resalta Gabriel Katopodis en la entrevista que publicó Infobae este domingo, los 10 mil trabajadores estatales que despidieron, o a quienes no les renovaron contratos, representan el 0,005 por ciento del déficit.

Es una cifra técnica, no desmentible. Aun cuando echaran muchos más, no se resuelve ningún problema. Por el contrario, le complican la vida a cientos o miles de familias. Y también en efecto, que en el Estado haya infinidad de cosas por mejorar, como en cualquier ámbito de la vida, no significa hacerlo rompiendo todo. No es plata lo que está discutiéndose, en su sentido presupuestario. Es otra cosa. Es disciplinamiento.

Que recién ahora empiece a jugarse “el verdadero partido” es un vaticinio relacionado, sobre todo, con el próximo y casi inconcebible tarifazo en los servicios de luz y gas.

Hay otros elementos de incertidumbre. Si el Fondo Monetario aflojará exigencias, o si liberará algún despacho crediticio que Caputo el Toto le prometió a Milei sin logro hasta la fecha. Si “el campo” se cuadrará, o si exigirá más pruebas de amor devaluatorias.

Pero es el tema de las tarifas de luz y gas lo que aparece(ría) como un punto de inflexión del aguante masivo. Y, desde ya, en particular de la clase media.

Los montos objetivos y no desmentidos revelan incrementos improbables de asimilar. Hay provincias donde ya se prevé un esquema de pagos parciales, judicialización y después se verá.

Sólo por cargo fijo indistinto, no importa el consumo, son números enloquecidos. Números mucho más tenebrosos, a valores reales, de los que en su momento comenzaron a precipitar el derrumbe de Macri.

Entre 2015 y 2019, las tarifas de luz subieron alrededor del 5 mil por ciento. Y las de gas, casi un 2 mil. Imaginemos algo similar pero concentrado en un saque y en las próximas boletas, no en cuatro años. El de Macri sería, en comparación, un gobierno nórdico.

Podría ocurrir que el quiebre pase por ahí. O, tal vez, por la resistencia de una comunidad universitaria cuya significación se llevó puesto al ministro de Economía, Ricardo López Murphy, en el gobierno de la Alianza. Duró apenas 15 días, tras reemplazar a José Luis Machinea. Fue, entre otros motivos pero no el menor, por la reacción que provocó el recorte del presupuesto universitario.

Hoy, ni siquiera es cuestión de recorte a secas sino de que, como advierten los rectores, en dos o tres meses como mucho las universidades públicas deberán cerrar. No es la masa salarial docente. Es que, derecho viejo, no tendrán fondos para su funcionamiento operativo. El gobierno de Milei y su hermana propone que se sigan administrando con el presupuesto aprobado en octubre de 2022.

O quizá se trate de otro disparador.

Nadie lo sabe, porque la velocidad de los procesos político-sociales nunca es la misma que la de los apuros y angustias individuales o de sector.

Pero, frente a lo que acaso vaya a surgir como respuesta categórica, y salvo pensar que un estado de resignación o hipnosis colectiva puede prolongarse indefinidamente en un país como éste, sería mejor que la dirigencia opositora avance con muestras de mayor cohesión. Una, aunque sea.

Y antes, de solidaridad. Algo tan necesario y sencillo como eso.


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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