Sólo conserva diferencial positivo en 3 de 24 distritos: Tigre, San Isidro y Vicente López. La contracara son los intendentes, con gestiones aprobadas.  

La imagen del presidente Javier Milei sufrió en febrero una fuerte caída en los 24 distritos del conurbano, respecto de la medición anterior de la misma serie, en el mes de enero. Las caídas van de los 5 a los 8 puntos según en distrito y Milei sólo conserva diferencial positivo en tres partidos.

El dato se desprende de un reciente estudio elaborado por la firma CB Consultores, que pertenece al politólogo Cristian Buttie. Desde el año pasado, CB realiza una serie, es decir una medición periódica de la imagen de distintos dirigentes, que le permite observar tendencias, movimientos y evoluciones.

Habitualmente aplica esta metodología para medir a gobernadores y a intendentes del conurbano. En esta ocasión, y por segunda vez, mide en esos mismos distritos la imagen presidencial, lo que permite establecer la primera comparación. El sondeo se realizó entre los días 13 y 17 de febrero pasados, sobre una base de 15 mil casos, a partir de un cuestionario on line.

El presidente, a 70 días de iniciado su mandato sólo conserva diferencial positivo en Tigre, San Isidro y Vicente López, tres distritos del cordón norte, que concentran una importante cantidad de población de alto poder adquisitivo. Pero también acá registró caídas: en Tigre su aprobación cayó de 57 a 52, en San Isidro de 58,6 a 51,8 y en Vicente López de 50,7 a 44,5.

Los distritos donde le va peor son Almirante Brown, Avellaneda y Malvinas Argentinas. En el partido gobernado por Mariano Cascallares, Milei tiene 61,2 de imagen negativa y 33 de positiva, casi la mitad. En los pagos de Jorge Ferraresi, 60 y 34 respectivamente y en los de Leonardo Nardini, 59 y 36. Sin embargo, la caída más abrupta se registró en Moreno. Allí, en la medición anterior, registraba 45 puntos, que cayeron en un mes a 37.

La pérdida de apoyo es el correlato del acelerado deterioro de las condiciones de vida en el conurbano más importante del país, que se extiende desde el Riachuelo y la General Paz, en forma semicircular, hasta la ruta 6.

Pero, a la vez, es el aspecto más visible de un fenómeno que se extiende al resto de los grandes conglomerados, como los que rodean a las ciudades de Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Mar del Plata, entre otras.

La conclusión contrasta con otra que surge del mismo estudio. En esos mismos distritos, los intendentes tienen diferenciales positivos, que van de los 2 puntos a los 37, a pesar de que muchos de ellos llevan sobre sus espaldas el desgaste de una o más gestiones.

Los intendentes de todo el país y de todas las fuerzas políticas, a través de la organización que los nuclea, la Federación Argentina de Municipios, que preside el matancero Fernando Espinoza, presentaron la semana pasada un pedido de reunión con el presidente, que todavía no obtuvo respuesta. El silencio oficial incrementa el malestar.

Los números coinciden con lo detectado a principios de febrero por un estudio de Proyección, la consultora de Manuel Zunino y Santiago Giorgeta. Ya entonces, más de la mitad de los bonaerenses encuestados, el 52,4, tenía una imagen negativa de la gestión del actual gobierno.

Cuando se preguntaba, más específicamente sobre el rumbo económico, los apoyos al presidente liberal libertario caían drásticamente al 25,9 por ciento. 

Postales de la crisis

En los últimos días, se volvió cada vez más frecuente ver a los pasajeros, en horario pico, saltar los molinetes para tomar el tren, ante la resignada pasividad de los guardias de seguridad. Algunos analistas recuerdan que esa imagen fue la que dio inicio a las revueltas contra el gobierno de Sebastián Piñera en Chile, en 2019.

Sin embargo, este miércoles los pasajeros no pudieron ni siquiera saltar el molinete para ir a trabajar. No hubo servicio de ferrocarril por una medida de fuerza de La Fraternidad, en reclamo de mejoras salariales, que tuvo un acatamiento casi total.

La otra preocupación que afecta hoy a las familias, en el conurbano y en casi todo el país, es la incertidumbre respecto del inicio de clases, que habitualmente se da a principios de marzo. 

El gobierno dijo cosas contradictorias respecto a la paritaria docente. Aunque en principio se negaba, finalmente la convocó. 

Sin embargo, el antecedente fallido del reciente Consejo del Salario, en el que los representantes gubernamentales no hicieron ningún esfuerzo por alcanzar un acuerdo de partes y terminó dando un aumento del 35 por ciento en lugar del 85 pedido por los dirigentes sindicales, y su constante prédica antigremial, hacen que las agrupaciones docentes concurran con escasas expectativas.

A la vez, algunas provincias judicializan su reclamo por el Fondo de Incentivo Docente (FONID), con el que el gobierno nacional complementaba el ingreso de los trabajadores de la educación. El diputado nacional bonaerense Máximo Kirchner, de acuerdo con el gobernador Axel Kicillof, presentó un proyecto para garantizar el flujo de fondos por ley. 

El titular de la Asociación de Supermercados, Juan Vasco, declaró que “hay que remontarse al 2001 para ver una caída tan abrupta, pero con la particularidad de que hoy no se perdieron clientes: con la misma cantidad de tickets no se compra la misma cantidad de productos”. 

A este escenario, ya dramático, se le sumarán en breve los anunciados aumentos en las tarifas de servicios públicos, primero de electricidad y luego de gas.

La contracara de esta licuación de capital político y, en buena medida, la explicación de la buena performance de los intendentes, hay que buscarla por el lado de las multisectoriales.

Estos armados amplios, impulsadas por la CGT y las CTA en sintonía con los jefes de gobierno locales, reúnen y contienen a los agredidos por la motosierra y la licuadora presidencial, de trabajadores y jubilados a pymes, comercios y asociaciones de niñez y discapacidad. 

La explicación de por qué responsabilizan de la catástrofe al Presidente y no a los intendentes o al gobernador, es la rápida reacción política de estos últimos .

La CGT evalúa convocar a un nuevo paro general, a menos de un mes de la medida del pasado 24 de enero, contra la fallida ley ómnibus y el DNU 70/2023, cuya validez el legislativo todavía debe tratar a la brevedad.