NACIONALES
La Libertad Avanza hacia una alianza con el PRO
La ministra Patricia Bullrich aseguró que «se viene una coalición entre el PRO y La Libertad Avanza». Ya se habla del posible ingreso de funcionarios y de la creación de un interbloque. Dudas en las dos fuerzas y críticas desde el radicalismo.
Lo blanqueó Patricia Bullrich y lo analiza el entorno más estrecho de Javier Milei desde Roma, Italia. «Se viene un nuevo rediseño político, lo que se viene es una coalición entre el PRO y La Libertad Avanza«, fueron las palabras que eligió la ministra de Seguridad. La alianza entre las fuerzas de derecha podría concretarse a través de cargos en el gobierno nacional y/o de la conformación de un intebloque en el Congreso. Lo que no está tan claro aún es qué cálculo hacen las distintas líneas internas del PRO. Si bien Mauricio Macri aspira a intervenir en el gobierno de Milei, hasta ahora no se expresó a favor de una alianza entre ambos partidos. Menos seguro es que todos los sectores de la agrupación amarilla estén de acuerdo con una coalición donde serían furgón de cola.
Al cierre de la peor semana del nuevo gobierno, tras una estrepitosa derrota de su Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados que dejó en evidencia la endeblez de sus apoyos, la confluencia del PRO y LLA comenzó a tomar forma como una manera de mostrar alguna solidez y proyección desde el oficialismo.
La encargada de hacerlo público fue Bullrich: «La idea es la que tiene que regir y no las estructuras políticas. Estamos caminando juntos», dijo la ministra. Poco después sostuvo que no quería «apurar» dicha coalición porque todavía «es un tema a debatir». “Yo empujo para ese lado, sin duda, para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio”, explicó la expresidenta del PRO.
La incorporación de Bullrich al gobierno nacional fue un acuerdo personal de la excandidata presidencial con Milei, no el resultado de una negociación partidaria. El acuerdo incluyó la incorporación en el gabinete, como titular de Defensa, de Luis Petri, el radical que acompañó a la ministra en su frustrada candidatura presidencial. Tan personal fue el pacto, que le valió a Bullrich el malestar y el distanciamiento de Macri, quien entonces prefería dar un apoyo a distancia al Gobierno y, en todo caso, esperar a que fueran a buscarlo cuando las cosas se complicaran. En apenas dos meses, el escenario cambió.
La coalición entre ambas fuerzas podría expresarse mediante la incorporación de otros nombres del PRO en la primera línea de funcionarios. De algún modo, lo dio a entender también la propia Bullrich: dijo que todavía «hay muchos nombramientos que faltan» en el gobierno nacional y aseguró que es necesario «avanzar territorialmente sobre espacios que están dominados por gente que intenta destruir al gobierno desde dentro». Los nombres de Diego Santilli y de María Eugenia Vidal fueron algunos de los que se mencionaron como posibles ministros o funcionarios. Hasta ahora, la exgobernadora desmintió su interés en incorporarse a la administración Milei.
Consultado sobre los dichos de Bullrich, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se limitó a responder: «El Presidente elije a los que considera mejor para cada puesto».
El otro territorio donde podría manifestarse el pacto PRO-LLA es el Congreso: un paso hacia la coalición sería la conformación de un interbloque entre ambas bancadas. En Diputados, eso les permitiría posicionarse como segunda minoría, con 75 legisladores, si no hay ninguna deserción amarilla. Sin embargo, tendría un efecto más simbólico que material sobre la dinámica parlamentaria porque, en rigor, el PRO ya le viene dando un apoyo sin matices al oficialismo.
«Coincido totalmente (con Bullrich), la idea tiene que regir», sostuvo el senador nacional Francisco Paoltroni (LLA). El legislador por Formosa marcó que esta nueva alianza será parte de «cosas que van a ir decantando» y aprovechó para atacar a los sectores de la oposición dialoguista que se atrevieron a votar en forma negativa algunos puntos de la Ley Ómnibus. En particular, apuntó contra la UCR: «Dentro de los radicales mucha gente está más representada por el espacio de Myriam Bregman», lanzó.
Justamente desde el radicalismo -hasta hace muy poco aliado al PRO en Juntos por el Cambio- llegaron las primeras críticas a la confluencia de amarillos y «libertarios». El titular de la UCR, Martín Lousteau, le restó importancia a la nueva coalición porque, dijo, «eso ya existe, el mileimacrismo o macrimileismo… Queda claro cuando ve a la ministra de Seguridad o al ministro de Economía (Luis Caputo) y otros funcionarios que estuvieron en el gobierno de Macri». Para el senador, «el PRO está apoyando cualquier cosa para estar adentro del Gobierno ahora o después. Se ve que la apetencia del PRO es formar parte de la próxima etapa de recambio del Gabinete -disparó-. Hay algunos que quieren estar en el poder, independientemente de quién tiene el poder».
NACIONALES
Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal
El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.
Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei.
Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra.
«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.
RIGI
A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.
Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.
Impuesto a las Ganancias
Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas).
Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán.
Privatizaciones
Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza.
Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados.
Blanqueo de capitales
Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.
Moratoria previsional
Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor.
