NACIONALES
Derogar la ley de abastecimiento: un guiño para las grandes empresas
Sin la administración del comercio exterior ni los controles de precios, el organismo dejará de tener la importancia que tuvo en gestiones anteriores. Qué espíritu le quieren dar al organismo
Lo había advertido Javier Milei antes de asumir como presidente electo: «La Secretaría de Comercio Interior no existirá en el sentido que le han dado históricamente» otros gobiernos. Desde la Secretaría de Comercio confirmaron a PáginaI12 que el Programa Ahora 12 continuará solo hasta el 31 de enero, y que tampoco renovarán el programa Precios Justos. Para ambos cranean alternativas de participación voluntaria en el que el Estado actúe como mediador entre privados. El sistema SIRA para administrar el comercio exterior, la herramienta más fuerte de negociación de la Secretaría para controlar los precios internos, quedará relegado a un «registro estadístico». En diálogo con la UIA, el recién asumido secretario de Comercio, Pablo Lavigne, confirmó que derogaran la Ley de Góndolas y de Abastecimiento.
A solo tres días de asumir, el decreto 30/2023 suscribía al licenciado en Economía Pablo Lavigne como Secretario de Comercio. Lavigne es un hombre del riñón del exministro de Producción durante el gobierno de Mauricio Macri, Francisco Cabrera, y ocupó el rol de subsecretario de Facilitación del Comercio durante su gestión. Entraron con él Fernando Blanco Muiño, que se encargará de las tareas relacionadas con comercio interior y Esteban Marzorati, de exterior; ambos directores del área durante la gestión de Mauricio Macri.
El nuevo equipo se volvió a acomodar en el edificio de Roca 651, donde funciona desde hace por lo menos diez años la Secretaría de Comercio (Secom), y comenzó a dar definiciones. Liberaran importaciones, derogaran leyes para regular a los grandes jugadores de la industria y se limitarán a actuar como facilitadores entre privados para los acuerdos de precios: qué se sabe hasta ahora del nuevo rol de la Secretaría.
De poder de fuego a registro estadístico
La primera definición importante que concierne a esta Secretaría la dio el ministro de Economía Luis Caputo:» Reemplazaremos el sistema SIRA de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones. El que quiera importar, ahora podrá hacerlo, y punto», explicó en el mensaje grabado que dio el martes por la noche.
El Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) fue un instrumento para realizar política de protección industrial vía la administración de las importaciones. También actuaba como herramienta de negociación para el cumplimiento de los acuerdos de precios. Tanto en su actual versión como en las más antiguas (las SIMI o las DJAI), el mecanismo era similar: los importadores presentaban a Comercio el detalle de los productos a importar y, en función del tipo de producto (si es un bien final, materia prima o bien de capital; si tiene o no fabricación nacional, por ejemplo), e incluso del desempeño de la empresa solicitante en términos de generación de empleo, inversiones y/o cumplimiento de acuerdos de precios, se aprobaba o no la importación.
«Ahora cambió el espíritu, no va a haber más restricciones para importar, pero la Secretaría de Comercio pedirá que las empresas envíen solicitudes de importación que serán aprobadas. Pero queremos que quede un registro estadístico que es importante para luego tomar decisiones», aseguraron a PáginaI12 fuentes de la Secretaría.
Una amenaza
La Ley de Abastecimiento fue sancionada el 20 de junio de 1974, unos días antes de la muerte de Juan Domingo Perón, y modificada en 2014 (se creó un Observatorio de Precios y se matizaron los castigos por incumplimiento, por ejemplo se sacaron las penas de prisión). Su regulación y posibilidad de aplicación es muy amplia. La ley regula “la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, que satisfaga directamente o indirectamente necesidades comunes o corrientes de la población”.
Al activarla, es conveniente que el gobierno sancione una resolución que detente una situación de emergencia o excepcionalidad para evitar judicializaciones. Una vez realizado, tiene la facultad de establecer precios máximos, disponer la continuidad de la producción e incluso aumentar la capacidad de producción, confiscar productos y penalizar a infractores, entre otras.
Lo cierto es que fueron pocas las veces que se utilizó la ley. Se aplicó en 2011 contra Shell por una suba en los combustibles, en 2013 por un incremento en el precio del trigo y en 2014 por el precio de los medicamentos. Uno de los ejemplos últimos y más claros de la aplicación de la ley fue durante la pandemia de Covid-19 en el gobierno de Alberto Fernández. En ese momento, la Secretaría que encabezaba Paula Español se amparó en la ley para garantizar el abastecimiento de alcohol en gel, e incluso ponerle precio máximo a los barbijos.
Ante la pregunta de PáginaI12 de por qué derogarla, fuentes de la Secom respondieron que «es una herramienta autoritaria que ningún gobierno usó en 50 años. Hay otras herramientas institucionales como defensa de la competencia y lealtad comercial». Del otro lado del mostrador, fuentes de la industria aseguraron a PáginaI12 que «es una ley que sirve para amenazar. Más allá de que se aplique o no, está siempre latente». Lo cierto es que es una herramienta que sirve para estos casos de excepcionalidad, y la realidad es que si no hay intención de aplicarla no se utiliza. Por ese motivo, parece ser que la derogación es más un guiño simbólico – que le quita poder de negociación al gobierno en caso de emergencia- que un cambio radical.
Desde el gobierno dejaron trascender que también derogaran la ley de góndolas, que regula la disposición y variedad de productos que exhibidos en las góndolas de los supermercados con el objetivo de brindar una mayor oferta en las grandes cadenas. Sobre la ley de etiquetado frontal, que regula la aparición de los octógonos negros que advierten sobre el exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio al frente de los envases de alimentos y bebidas, desde la Secom aseguraron que «no hay ningún proyecto relacionado con eso«.
Facilitador de acuerdos
«La Secom actuará como facilitadora de un acuerdo entre privados», responden ante la consulta de la vigencia del programa Ahora 12, Precios Justos y Cortes Cuidados. En efecto, fueron los privados quienes se acercaron a lo nuevos funcionarios con propuestas de bienes más accesibles para fomentar un consumo que ya observan, temerosos, enfriarse.
Si bien terminó el programa Precios Justos, los frigoríficos nucleados en el consorcio de exportadores de carne ABC hicieron una oferta para mantener un plan de cinco cortes a precios de referencia a las nuevas autoridades, y ya hay varios supermercados que se sumarán. Será hasta fin de mes y aún está en proceso de evaluación.
Para lo que se conocía como Precios Justos, los presidentes de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), Ricardo Zorzón, y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor Palpacelli propusieron elaborar una lista de productos con “precios muy convenientes para ofrecerlos en la red de todo el país”.
Sobre el programa Ahora 12 que financia cuotas para fomentar el consumo, desde Secom aseguraron que durará hasta el 31 de enero y elaboran un mecanismo de participación voluntaria para alentar el financiamiento, que se encuentra en proceso y podría haber novedades las próximas semanas. El plan actual sirve para realizar compras financiadas en 3, 6, 10, 12, 18 y 24 cuotas fijas mensuales con tarjeta de crédito. Todos los productos y servicios se pueden adquirir vía compra online y en los locales adheridos de todo el país.
NACIONALES
El 2001, la pandemia y el macrismo ya quedaron chicos
En abril, el consumo en hipermercados cayó 15,4, números que no se veían desde el estallido social de De La Rua. La UIA confirmó que la industria cayó 17,2 por ciento en marzo, muy por encima del industricidio del PRO y cerca del parate total por la COVID. Con la obra pública cerrada por el Gobierno, los tres sectores que explican la mayor parte del PBI se han desmoronado en tiempo récord. Fuertes disputas en las entidades empresarias por el apoyo que le dan a Milei mientras la economía se pulveriza.
En sólo cinco meses de Gobierno, los números muestran que la gestión económica de Javier Milei superó ampliamente los derrumbes de actividad de las tres crisis más relevantes de los últimos años: el 2001, la pandemia de la COVID y los años de Mauricio Macri. Por un lado, Página I12 accedió a un adelanto del informe de la consultora Scentia de abril, que refleja un desplome del 15,4 por ciento en las ventas de hipermercados, una caída similar a la del estallido del gobierno De La Rua; por su lado, la Unión Industrial (UIA) confirmó que en marzo la actividad fabril cayó 17,2 por ciento, emparejando los niveles de diciembre del 2001 y cayendo más que en la parte más dura de la pandemia. A este dato se suma el derrumbe de la construcción, superior al 42 por ciento, lo que deriva en un escenario inédito: en tiempo récord, la gestión de Milei y Luis Caputo pusieron a las tres actividades que explican la mayor parte del PBI en una situación de dificil retorno.
Por esta perspectiva, que ya se veía venir, los economistas empezaron a alertar hace unas semanas que el nivel de la recesión, autogenerada para intentar morigerar una inflación que sigue muy alta, era el dato central a observar. Lo curioso es que este momento de crisis casi total de la actividad se da en paralelo al apoyo que empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Comercio y la propia UIA, le dan al gobierno de Milei, a quien estuvieron escuchando y aplaudiendo hace unas horas, en su exposición en el almuerzo que organizó el Consejo del Comercio y la Producción (Cicyp) en el Hotel Alvear. A raíz de estos datos, este diario habló con dirigentes de todos esos sectores consultando cómo y hasta cuándo se sostiene el discurso de apoyo a la línea Milei cuando la actividad a la baja ya se está cargando al empleo. «Es la pregunta del millón», contestó un alto dirigente de UIA. En esa sede de la gremial empresaria hay una guerra entre pymes y gigantes por el contexto de crisis, que se está llevando puestas a las más chicas. Por toda esa tensión, muchas cámaras como los metalúrgicos de ADIMRA y los texiles de Protejer decidieron salir por las suyas a denunciar que el proceso de crisis no frena y terminará en cierres de empresas.
En este escenario, el consumo masivo es que el primero sintió el ajuste en los salarios, las jubilaciones pisadas y la liberación del resto de los bienes y servicios de la economía, que terminaron privando a las familias de mayores compras de alimentos. Según Scentia, la caída del 15,4 en ventas en los grandes supermercados de abril es la más grande desde el 2001-2002. «Quedó lejos incluso de los números muy negativos del macrismo», explicó un líder del supermercadismo multinacional. En los años del PRO, el consumo masivo medido por Scentia cayó tres de los cuatro años, quedando empatado en el período restante. Lo particular del consumo es que todos los rubros están cayendo, pero algunos como Bebidas, Aceites y Lácteos se desploman desde el 20 al 50 por ciento mensual.
Esa baja en el gasto de los hogares está directamente conectada, además, con el desempeño de las fábricas. En el reporte de la UIA se muestra que la industria de Alimentos cayó 10,2 por ciento en abril, un número del que nadie tiene antecedentes, porque en general el sector crece, aún en los peores períodos, de manera marginal en relación con el crecimiento poblacional. El derrumbe de todos los sectores que muestra la UIA produjo una caída general de la actividad que supera o se equipara al 2001 y queda muy por encima de la pandemia de COVID.
En 2001, medido por el INDEC, el sector industrial terminó cayendo 6,2 por ciento. Mientras que en diciembre de ese año, la baja fue de 18,4 por ciento. ¿Qué pasó co la COVID? En el primer semestre del 2020, el período de mayores restricciones a la circulación y la actividad, la industria cayó 18,4 por ciento. Teniendo su pico más negativo en abril, con una baja del 33 por ciento. Luego de eso, arrancó una curva ascendente que dejó al 2021 con números positivos. Hoy, en sólo un mes, retrocedió 17,2 por ciento, pero en condiciones normales, no pandémicas.
Lo particular de estos datos, aseguran los especialistas, es que las caídas tan bruscas por sectores ya adelantan no sólo números negativos hacia adelante, sino un golpe que se ve en los puestos de trabajo. Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, aseguró hace unos días que las fábricas perdieron ya 5000 puestos de trabajo, pero ese dato es previo a los 100 despidos en FATE, Acindar, los supermercados, PEPSICO y General Motors, todas cesantías que ocurrieron en las últimas horas. A eso se suman los 100 mil empleos menos que tiene la actividad de la construcción producto de la decisión de Milei de cerrar la obra pública y los que se están dando en el sector comercial.
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