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Martes 13 de Mayo del 2025

SOCIEDAD

Juicio político a la Corte: Cómo se negociaban fallos con el gobierno de Mauricio Macri

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La comisión de Juicio Político llamó como testigos al operador prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, al ex ministro de Justicia Germán Garavano y al senador del PRO José Torello para que den explicaciones sobre el fallo del 2×1 con que la Corte buscó beneficiar a represores. La sospecha es que detrás de esa sentencia hubo un acuerdo con los entonces funcionarios que le permitió a la juez Elena Highton continuar en el tribunal pese a haber superado la edad límite. 

Por María Cafferata

Era el chiste fácil apenas se oficializó quiénes serían los testigos de la próxima reunión de la comisión de Juicio Político. «¿Te imaginás si Pepín termina viniendo?», ironizaban les diputades apenas Carolina Gaillard anunció que el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el ex ministro de Justicia Germán Garavano, y el senador del PRO José Torello serían citados para dar explicaciones sobre el fallo del 2×1 que benefició a represores. Y es que, a partir de la semana que viene, se abre una nueva etapa en el juicio político a la Corte Suprema, que comenzará a ahondar -una por una- cada acusación por mal desempeño que pesa sobre los magistrados. La más sensible es la del fallo Muiña: la gran mancha que marcó para siempre la Corte renovada por Mauricio Macri y, por ello, una de las causales más fuertes de la investigación. 

En 2017, apenas un año después del desembarco de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, la Corte falló a favor de beneficiar al represor del Hospital Posadas Luis Muiña, con una ley aprobada en 1994 que sostenía que la prisión preventiva no podía superar los dos años y que, si se pasaba ese plazo, cada día en prisión se computaría doble. La masividad del repudio en las calles, con movilizaciones multitudinarias en distintos puntos del país, llevó a que el Congreso sancionara a las apuradas una ley que prohibía la aplicación de este beneficio para condenados por delitos de lesa humanidad. Un año después, la Corte volvió a tratar la cuestión del 2×1 ante un planteo del represor Rufino Batalla y terminó fallando en contra -solo Rosenkrantz votó en disidencia-, buscando cerrar así el capítulo del 2×1 a los genocidas que tan mal parados los había dejado. 

Lejos de haberse cerrado, sin embargo, el 2×1 a los genocidas es hoy una de las causales con más peso en el juicio político a los miembros de la Corte. Y no solo por el contenido del fallo -que resulta más difícil de discutir, ya que Juntos por el Cambio se abraza a la premisa de que «no se puede juzgar a un juez por el contenido de su sentencia»-, sino porque visibiliza un punto clave que el oficialismo busca probar en la investigación: que la Corte negociaba y traficaba sus sentencias. En el caso del fallo del 2×1, la lupa está puesta en el voto de Elena Highton, la ex jueza de la Corte que renunció en 2021.

La hipótesis del FdT es que existió una negociación entre el gobierno de Macri -con Pepín Simón y Germán Garavano a la cabeza- y Rosenkrantz para beneficiar a los genocidas a partir de la conmutación de penas. ¿Cómo? A través del voto de Highton, quien en el pasado -puntualmente en el fallo Simón, que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida- había votado en otra línea y, sin embargo, en 2017 terminó votando a favor de otorgarle el 2×1 a Muiña. El oficialismo sostiene que, a cambio del voto de Highton -que resultó clave, porque Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia-, Garavano no apeló el amparo que la jueza había presentado contra el fallo Schiffrin, el que sostenía que la edad límite para permanecer en la Corte era de 75 años y, por lo tanto, le impedía a ella continuar en su cargo (tenía entonces 74 años). La ex magistrada promovió un recurso de amparo para que le permitieran continuar como jueza y, gracias a que el gobierno de Macri no apeló ese amparo, pudo continuar siendo magistrada tras cumplir los 75. 

El objetivo del FdT, entonces, es probar que hubo una negociación orquestada entre Rosenkrantz -entonces presidente de la Corte- y el gobierno de Macri para liberar represores. Por eso es que el martes 21 serán convocados a comparecer Garavano, Rodríguez Simon y Torello, así como el ex funcionario del Ministerio de Justicia Santiago Otamendi, y el actual subprocurador del Tesoro, Horacio Diez. A su vez, la comisión citará a Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía de Rosenkrantz. 

Los testigos que generan mayor expectativa en el oficialismo son tres: Garavano, Torello y Pepín Rodríguez Simón, quienes son identificados como los que orquestaron el plan para que pudiera salir el fallo Muiña. Sin embargo, tal como recordaban irónicamente todes les diputades en la reunión de comisión del martes pasado, Pepín se encuentra prófugo de la Justicia hace más de dos años. El operador judicial de Macri está siendo investigado por formar parte de una asociación ilícita que tenía el fin de perseguir a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa (propietarios del Grupo Indalo) y desde 2019 se pasea por Uruguay, eludiendo la Justicia, por lo que resulta poco viable que se arriesgue a volver a la Argentina para comparecer ante la comisión de Juicio Político. Gaillard, sin embargo, envió una nota a la Interpol solicitándole información sobre cómo se podía proceder. 

En el caso de Garavano, este confirmó a Página/12 que estaba dispuesto a comparecer pero que no podría hacerlo el martes porque estará de viaje. En diálogo con Radio Rivadavia, sin embargo, apuntó con dureza contra el proceso de juicio político: «Es muy triste en términos de país y en términos institucionales ver cómo se intenta remover o condicionar a la Corte Suprema de Justicia». 

También serán citadas Gladys Cuervo y Zulema Chéster, dos víctimas del terrorismo de Estado en el Hospital Posadas. Luis Muiña había sido parte de la guardia de seguridad que montó un campo de concentración en una de las áreas del Posadas, donde fueron torturados y asesinados trabajadores del centro médico. 


Avisos

28 DE NOVIEMBRE

Javier Lamas profundiza el diálogo político con el sector de Leguizamón en el radicalismo santacruceño

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Durante un encuentro realizado en Río Gallegos, el presidente de la UCR de 28 de Noviembre, Javier Lamas, mantuvo una reunión con el vicegobernador Fabián “Chucky” Leguizamón. Participó también el exconcejal Samir Zeidán. En la charla se abordaron problemáticas locales y desafíos estructurales de la Cuenca Carbonífera.


En un escenario político marcado por la necesidad de consensos y articulación territorial, el presidente de la Unión Cívica Radical de 28 de Noviembre, Tito Javier Lamas, encabezó una reunión clave en la ciudad de Río Gallegos con el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián “Chucky” Leguizamón. Acompañado por el exconcejal Samir Zeidán, Lamas expuso un diagnóstico detallado de la realidad que atraviesa su comunidad.

El encuentro, desarrollado permitió abordar no solo cuestiones partidarias sino también una serie de problemáticas estructurales que afectan a los vecinos de 28 de Noviembre. En ese sentido, Lamas subrayó que su rol como dirigente político lo obliga a involucrarse activamente en los asuntos cotidianos de su localidad.

Sin rodeos, el dirigente radical enumeró una serie de deficiencias que, según manifestó, impactan negativamente en la calidad de vida de la población. Entre ellas mencionó el deterioro edilicio de escuelas, la falta de continuidad en el dictado de clases debido a paros docentes, y las fallas estructurales en el hospital local, que se encuentra sin calefacción y con escasez de profesionales.

Asimismo, Lamas señaló con preocupación el estado del aeropuerto de Rospentek, una infraestructura moderna pero que aún no ha sido puesta en funcionamiento. A esto sumó la incertidumbre que viven los estudiantes del nivel primario, quienes no tienen definido el establecimiento al que asistirán debido a obras inconclusas.

De esta manera, la reunión dejó en evidencia no solo la voluntad de diálogo entre los distintos sectores del radicalismo, sino también la urgencia de dar respuestas concretas a demandas que se repiten en distintos puntos de la Cuenca.

Consciente de su rol institucional, Javier Lamas reafirmó que, como presidente de la Unión Cívica Radical de 28 de Noviembre, tiene la responsabilidad de canalizar las inquietudes de la comunidad hacia las autoridades provinciales. En esa línea, consideró fundamental establecer un diálogo directo con el vicegobernador Fabián Leguizamón, quien ostenta un cargo clave en la estructura del gobierno provincial y cuya representatividad puede ser determinante para la región.

En el marco del encuentro mantenido en Río Gallegos, Lamas destacó la importancia de encarar soluciones a corto plazo. Subrayó que el dirigente político tiene el deber de acercar respuestas concretas a la ciudadanía, sobre todo en un contexto donde las demandas sociales y estructurales se acumulan sin un horizonte claro de resolución.

El dirigente radical también abrió espacio para abordar temas partidarios internos. Reconoció que existen sectores dentro del radicalismo que atraviesan disputas y tensiones propias del escenario político actual, pero subrayó que, más allá de las diferencias, se acordó una agenda de trabajo conjunta con el sector que lidera Leguizamón.

En este sentido, Lamas reafirmó su identidad militante, recordando que desde los 18 años forma parte activa de la UCR. Rechazó los señalamientos que surgen cuando se busca tender puentes entre espacios internos, aclarando que su convicción no pasa por alinearse con tal o cual referente, sino por fortalecer al radicalismo como una fuerza capaz de recuperar protagonismo a nivel provincial.

La reflexión final de esta segunda parte apuntó directamente a la necesidad de unidad: sin consensos y sin articulación política entre los distintos sectores del partido, será difícil demostrarle a la sociedad que la UCR tiene la capacidad de resolver los problemas concretos de la gente

En una postura firme y realista, Javier Lamas enfatizó que la ciudadanía no está pendiente de las internas partidarias, sino que observa con atención sus propios problemas cotidianos. En ese marco, remarcó que su rol como presidente de la Unión Cívica Radical de 28 de Noviembre lo compromete a buscar soluciones concretas a través del diálogo con quienes tienen capacidad de gestión en la provincia.

Así, reafirmó la importancia de acercarse a las autoridades provinciales, y destacó que no se trata de un posicionamiento personal ni de una conveniencia política, sino de una responsabilidad institucional que lo lleva a mantener contacto fluido con actores clave del gobierno, como el vicegobernador Leguizamón, y próximamente, con ministros del gabinete provincial. El objetivo, según sostuvo, es claro: lograr que las soluciones lleguen efectivamente a la comunidad de 28 de Noviembre.

Durante la extensa reunión con el vicegobernador, que se prolongó por más de tres horas, se abordó en detalle el conjunto de problemáticas que afectan a la localidad. Según relató Lamas, el propio Leguizamon, al comprender la urgencia de los temas expuestos, se comunicó de inmediato con uno de los ministros del gabinete y también con el gobernador Claudio Vidal.

A partir de ese intercambio, se definió avanzar en la elaboración de una agenda de trabajo conjunta. Lamas anticipó que en los próximos días volverá a viajar a Río Gallegos con la intención de comenzar a concretar esa agenda y dar los primeros pasos hacia soluciones reales, ya sea de manera progresiva o inmediata, según lo permita cada situación.

Con este enfoque, la gestión local busca romper con la inercia institucional y transformar el vínculo político en una herramienta efectiva para resolver las demandas que la comunidad arrastra desde hace tiempo.

En el desarrollo del diálogo con el sector liderado por el vicegobernador Fabián Leguizamón, Javier Lamas también puso el foco en la necesidad de fortalecer la estructura partidaria de la Unión Cívica Radical en la Cuenca Carbonífera. En ese sentido, anunció que, al igual que en otras localidades de Santa Cruz, donde se están conformando mesas de discusión política, en la cuenca se conformará una mesa propia con actores de ambas localidades principales: Río Turbio y 28 de Noviembre.

De acuerdo a lo planteado por Lamas, esta iniciativa reunirá al presidente de la UCR de Río Turbio, Robles, junto a él mismo como titular del partido en 28 de Noviembre. La idea es construir una mesa de acción política regional, con el objetivo de diagnosticar en conjunto las múltiples problemáticas que aquejan a ambas comunidades y articular un canal institucional para hacerlas llegar a los responsables de ofrecer respuestas concretas.

La propuesta no solo busca mayor articulación, sino también abrir un espacio de autocrítica interna. Lamas reconoció que parte del deterioro de la imagen del radicalismo en la cuenca se debe a la falta de presencia y conexión con la ciudadanía. Admitió que el partido, y sus referentes, no han sabido estar lo suficientemente cerca de la gente, lo cual ha impactado negativamente en la percepción pública del espacio en la región.

De cara a los desafíos electorales de 2025 y 2027, el dirigente fue enfático: «si el radicalismo quiere recuperar el voto de los vecinos de la cuenca, debe estar presente, preocupado y ocupado por los problemas reales que los afectan todos los días. Esta presencia territorial, sostuvo, debe dejar de ser una consigna para convertirse en acción política concreta»

Sobre el escenario provincial, Lamas también se refirió a la configuración actual del radicalismo en Santa Cruz. Afirmó que una parte significativa del partido —entre un 70 y 80%— formó parte del frente electoral que apoyó la candidatura del actual gobernador Claudio Vidal. Este dato abre un nuevo eje de debate interno, donde se pone en discusión no solo el acompañamiento a la gestión provincial, sino también el rol y la proyección del radicalismo en ese espacio de gobierno.

En ese contexto, Lamas subrayó la necesidad de discutir con claridad si el partido está dispuesto a consolidar su acompañamiento tanto al gobernador Vidal como al vicegobernador Leguizamón, entendiendo que esas definiciones marcarán el perfil que tendrá la UCR en los años por venir.

En el cierre del diálogo, Javier Lamas destacó la importancia de replicar en la Cuenca Carbonífera la dinámica de debate político que ya se ha instalado en las mesas provinciales del radicalismo en las zonas sur, centro y norte de Santa Cruz. Explicó que estas instancias no solo sirven para analizar las problemáticas estructurales de la provincia, sino también para discutir el futuro político del partido: si continúa en alianzas, si busca nuevos acuerdos o si decide competir en soledad como Lista 3.

En esa misma línea, Lamas reiteró su intención de convocar a los referentes de la UCR de 28 de Noviembre y Río Turbio para conformar una mesa de acción política específica para la cuenca. En ella, tanto dirigentes como afiliados tendrán la oportunidad de sentarse, dialogar y definir una estrategia electoral conjunta de cara a los próximos comicios.

Según explicó, la fragmentación actual del radicalismo se manifiesta en tres posturas claramente diferenciadas: un sector que promueve una alianza con La Libertad Avanza de Javier Milei; otro que sostiene el acompañamiento a la gestión del gobernador Claudio Vidal; y un tercero que propone recuperar la autonomía partidaria y competir sin alianzas. Frente a este panorama, Lamas consideró fundamental abrir el debate interno con transparencia y participación.

La conformación de esta mesa de discusión en la cuenca representa, para el dirigente, un primer paso clave para ordenar la vida interna del partido y definir con claridad una estrategia política común. Según anticipó, en breve mantendrá una reunión con el presidente del comité de Río Turbio para avanzar en la elaboración de una agenda conjunta y convocar oficialmente a esta instancia de debate radical en la región.


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