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Crimen de Fernando Báez Sosa: Víctimas, victimarios y oportunistas

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Mario Wainfeld

Periodista, abogado, docente universitario y escritor​. 

Fernando Báez Sosa fue y es la principal víctima de esta tragedia arbórea, hiper mediatizada. Con él, su mamá Graciela y su padre Silvino. En charlas familiares o de café se los identifica por sus nombres de pila, que quizá mañana sirva para designar a una ley. Tradiciones de la democracia argentina, de eso se trata. Positivas en muchos sentidos aunque jamás perfectas.

La solidaridad masiva con la familia de Fernando es tangible, rotunda, reconoce pocos antecedentes.  Sería necio o unidireccional atribuirlo solo al discurso predominante en los medios de difusión. Fernando era un pibe de una familia tipo, pongalé. Papá y mamá paraguayos, gente de laburo, con hijo único. Tal vez de un escalón social menos empinado que el de quienes lo mataron en un acto plagado de barbarie con cuotas de machismo y racismo. En otros casos, quizá, la vocación aspiracional de los sectores medios que “hacen” opinión pública hubiera acercado a mucho público a los acusados, gente presentable, “influyente”, calificó algún vecino de Zárate. No oligarcas ni aristócratas pero personas bien ranqueadas. No ocurrió ante este homicidio… consecuencia de sus características, divulgadas hasta el hastío en cualquier horario de desprotección al menor. La indetificación con la familia se funda en una escala de valores querible, humana. 

El fenómeno se ha repetido, Silvino y Graciela recorren un itinerario transitado. Lo estilizo. La víctima, los familiares lo son, se planta frente a un micrófono o una cámara y cuenta el origen de su desdicha. Es una persona común, no tenía antes compromisos políticos (o si los tenía, no argumenta en su nombre), algo rompió la inercia de su existencia, algo la cambió definitivamente. Es irreparable. La vida de esa víctima ya nunca será la misma y por eso se dirige a personas que se parecían a ella (las más veces) o a él antes de la privación. De privación hablamos, porque las víctimas estaban mejor, en un sentido sustantivo, antes de que ese “algo” aconteciera. “Yo era como vos” le dice la víctima al espectador de la televisión o la radio. “Lo que me pasó te puede pasar porque la gente común está en riesgo, si las cosas no cambian”.

“Yo no quiero venganza, quiero justicia”. Justicia no es sólo sanción a los culpables sino un cambio de escenario, parcial pero ineludible. Justicia es que la muerte de Fernando no haya sido en vano, que «esto no se repita». Una sentencia justa, severa, forma parte de ese camino imaginario. Desprovista de detalles o de espinas en los que entraremos más abajo, es una noble utopía republicana. Las instituciones funcionan, las leyes se aplican, los culpables tienen castigo impartido por un estado imparcial… la sociedad mejorará. Casi no hace falta agregar que este cronista enaltece esos pensamientos aunque descree de que su resultado promedio sea tan virtuoso.

Los familiares, larga prosapia, renuncian a la mal llamada “justicia por mano propia”. O, por mejor decir: a la violencia privada, a la vendetta. Acuden a la ley y a las instituciones que deberían regular proporcionalidad en los castigos y frenar la violencia entre particulares. Deberían.

Se reclaman “condenas ejemplares”, que disuadan a potenciales, futuros delincuentes. Todo a contrapelo de las experiencias dominantes en sociedades de masas, desiguales, con sistemas carcelarios brutales. En la sociedad argentina, entre tantas.

Los familiares tendrían “derecho” a sacarse. No lo tendrían a agredir pero su emoción atenuaría potenciales críticas o sanciones. Raro que suceda, no sucedió esta vez. Quienes se indignan, vociferan “que se pudran en la cárcel” o se solazan imaginando perversos delitos intracarcelarios, son formadores de opinión o dirigentes que tendrían que dar el ejemplo. No los impulsa el dolor, sino el oportunismo, dicho con moderación.

Este cronista rehúye, hoy y acá, escudriñar la función social de las penas. No cree que, en tendencia, sirvan en la mayoría de los casos para resocializar a los condenados ni para disminuir la cantidad de delitos. En el borde, supone que si se agravaran mucho las penas por delitos económicos de guante blanco y se castigara con frecuencia a sus autores (dos quimeras) tal vez estos seres racionales que se mueven con fines de lucro se automoderarían. Tal vez.

Aquí y ahora una de las funciones sociales de la pena es dar respuesta estatal a las víctimas. Reparar. Acompañar el dolor, ayudarlos a pensar que la tragedia no los dejó solos, a la intemperie. De nuevo, que tanto sufrimiento no fue en vano.

La pena de muerte es un engendro abolido por la Asamblea del Año XIII. La cadena perpetua, otro, insoportable en pleno siglo XXI. Se reinstauró hace contados años como respuesta a un delito que puso en vilo a la sociedad… pésima práctica legislar en trance de furor. Las víctimas merecen mucho, queda dicho, pero no se debe legislar (proyectar para el largo plazo) enancados en su sensibilidad. Ni el dolor les atribuye conocimiento penal. Tampoco se debe dar cabida al oportunismo derechoso o demagógico de políticos con ambiciones veloces y principios lábiles.

En un sistema penal judicial garantista como el argentino es aberrante negar a los tribunales un margen para aplicar penas. Si para los delitos tipificados por el Tribunal de Dolores existiera una escala entre “n” años (una enormidad, siempre) y la cadena perpetua, los magistrados podrían haber determinado sanciones que dejaran un resquicio de luz a los acusados, hombres de 20 años. Y una pizca de alivio a sus familiares sobre quienes se vuelcan agresiones y reproches rústicos. Los acusados son mayores de edad, gozan de libre albedrío. Viven en un país donde es moda querer bajar la edad de imputabilidad. en dichos contextos configura otra demasía (que retoma un slogan de la dictadura) responsabilizar por su conducta a los padres que sufren lo suyo.

Los debates públicos son valiosos. Interesante que los argentinos oigan, argumenten tanto, se crucen posturas distintas. Pero la furia que coloniza todo desvirtúa las polémicas. En un momento hay que volver al principio y a los principios. Fernando es la primera y principal víctima. Sus asesinos, conforme las leyes vigentes, deben ser sancionados con dureza, sin sadismo. 

El homicidio es uno de los crímenes más repudiables. La patota un mecanismo cobarde, desacreditado desde los códigos barriales. La conducta de los condenados, durante la breve masacre, en el tiempo inmediato posterior y durante tres años no produjo un gesto de contrición, un pedido de perdón, un mensaje para comunicarse con las otras víctimas irreparables.

Pero el rigor penal tendría que marcar un límite infranqueable. Bastante tienen los victimarios con los tres años de reclusión transcurridos y la injusta eternidad que les espera. Una secuencia de recursos que insumirán años.

Los familiares anhelan trascendencia en doble acepción. Repercusión pública, resonancia, escucha, valorización de su palabra, por un lado. Por otro, un resultado social, una compensación que sobreviva ahora que Fernando no está. Esos estadios articulan el duelo, le dan sentido, una base.

Ojalá Graciela, Silvino, la novia y los amigos de Fernando, encuentren entre tantos gestos de cariño, algún cobijo, alguna variante de ternura, una versión colectiva del abrazo.

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El futuro de la energía atómica: renuncias, desfinanciamiento y deudas millonarias

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La CNEA tiene parados sus proyectos principales y acumula deudas millonarias. Los despidos ya llegan a 570. Paro y protestas de la Uocra. La voz de la presidenta saliente, Adriana Serquis.

Pablo Esteban

Por Pablo Esteban

En medio del brutal ajuste en el sector nuclear, el gobierno finalmente aceptó la renuncia que Adriana Serquis había presentado el 10 de diciembre y, mediante un decreto, determinó que Germán Lavalle y Luis Rovere asumieran como presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).  La funcionaria saliente había denunciado la falta de fondos para continuar con obras claves como el Carem y el RA-10 –dos reactores nucleares que se construyen desde 2014 y 2016, y que en poco tiempo podían estar listos–, así como también alertó por la acumulación de una deuda millonaria con las compañías subcontratistas que contribuían a la fabricación de las tecnologías. Representa toda una incógnita el futuro de la institución a partir del cambio de timón y el recambio de autoridades, que se produce mientras la motosierra trabaja a pleno: los dos proyectos están paralizados y en torno al Carem los despidos ya están por llegar a los 570, según denunció la Uocra, que mantiene en Zárate una huelga por tiempo indeterminado. Esta semana, hubo marchas y cortes de ruta en esa ciudad en reclamo de la continuidad de los trabajos.  

Más allá de las dudas, Serquis aventura sus propias proyecciones a partir de las conversaciones sostenidas con los nuevos gestores. “Me dijeron que el RA-10 lo van a tratar de sacar adelante sí o sí, porque le falta poquito. La mayor duda está con el Carem, con el que quieren hacer una revisión integral con auditores externos”. Y completa: “Veo difícil que puedan destrabar el conflicto presupuestario, ellos dicen que van a intentar resolverlo. Nosotros les comunicamos la urgencia y la necesidad de fondos para cada uno de los proyectos. La institución a partir de junio no va a poder funcionar, eso está claro”.

La situación de la CNEA, el organismo rector de la energía nuclear en el país, es conflictiva por varios motivos: en los últimos meses contrajo deudas millonarias con los contratistas que trabajan en la puesta en marcha de los reactores (en el caso del Carem, por ejemplo, acumula una suma de 7 mil millones de pesos), despidos de trabajadores implicados en líneas de trabajo que están suspendidas por el momento (principalmente de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, una de las principales contratistas) y cerebros que ya se fugan ante la imposibilidad de condiciones de trabajo adecuadas. El gobierno no envía los fondos necesarios y ello sirve como detonante para empujar a la Comisión al borde del abismo.

Finalmente, el presidente Milei le aceptó la renuncia a Serquis y luego de la transición asumieron los nuevos nombres. La doctora en Física y además Investigadora Principal del Conicet lo relata de este modo: “Hace un par de semanas vengo trabajando con esta gente. Me había comprometido a hacer una transición razonable y lo hice. El secretario de Energía me pidió que me pusiera en contacto con Germán Lavalle, que también realizó reuniones con los gerentes de área de nuestra institución. Como vicepresidente lo acompaña Luis Rovere. Ambos son ingenieros nucleares y egresados del Instituto Balseiro”, comenta quien a partir de la semana que viene volverá a estar al frente del Instituto de Nanociencia y nanotecnología del Conicet.

Los que entran y los que salen

Consultada por este diario, Serquis brinda un detalle de la trayectoria de las autoridades designadas. “En los 90’s, Lavalle fue gerente de institucionales en el momento en que la CNEA perdió el control de las centrales nucleares, cuando fueron a parar a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. En el 2000 se fue de la institución con un retiro voluntario que le ofreció el gobierno de la Alianza”. Lavalle, según cuenta la expresidenta, se autoasume con un perfil “más técnico que político”. A menudo, se utiliza tal caracterización cuando se busca dotar de legitimidad el rol experto en detrimento del ideológico; como si la ciencia y la política podrían pensarse como dos campos autónomos. Rovere, por su parte, es ingeniero nuclear y es gerente del Centro de Medicina Intecnus, una institución sanitaria reconocida en Bariloche. “Las nuevas autoridades tratarán de poner nuevos gerentes de las gestiones anteriores. Por ahora, no vi en carpeta a ninguna mujer en su equipo de trabajo y no tengo idea si sacarán a las que ahora están a cargo. Estoy preocupada, la verdad”.

Lavalle y Rovere reemplazan a Adriana Serquis y a Diego Hurtado, que había presentado su renuncia el 9 de diciembre cuando Alberto Fernández aún era el presidente. Serquis se destacó en su rol por conducir iniciativas relevantes como los reactores nucleares Carem y el RA 10, desarrollos que están en etapas muy avanzadas de diseño y que podrían ser fundamentales para el ingreso de miles de millones de dólares al país si en el futuro inmediato consiguieran finalizarse. Tecnologías que, de hecho, podrían colocar a Argentina a la vanguardia de la energía nuclear.

Asimismo, Serquis tuvo un rol fundamental al democratizar las condiciones de acceso y participación de las mujeres en la gestión de la energía nuclear. También se destacó por un relato muy activo en pos de cambiar la percepción social con respecto a la materia. En cada intervención pública, trató de narrar las ventajas que tiene la energía nuclear en relación a otras energías e intentó desestigmatizar una fuente que históricamente estuvo marcada por desastres como Chernobil y Fukushima. También, sus colegas detallan su énfasis en promover el conocimiento local como vía hacia la soberanía: se forman científicos y científicas en instituciones públicas y luego le devuelven al Estado esta educación de excelencia a través del diseño de tecnologías autóctonas que, en última instancia, permiten el ingreso de divisas al país.

Casi listos, casi paralizados

El Carem es el primer reactor de potencia baja y media, diseñado y desarrollado 100 por ciento en Argentina. Su puesta en marcha podría ser clave para el abastecimiento eléctrico en zonas alejadas de centros urbanos y en parques fabriles, así como también para objetivos diversos que serán cruciales en los próximos años, como la desalinización del agua de mar y la producción de hidrógeno. Por su parte, el RA 10 servirá, entre otras cosas, para abastecer de radioisótopos a todos los centros de medicina nuclear del país; insumos fundamentales para el diagnóstico y el tratamiento de cáncer.

Las aplicaciones en salud, industria, ciencia y tecnología son infinitas para estas dos tecnologías de primer nivel internacional que, según las proyecciones y si el ritmo no se hubiese ralentizado por falta de financiamiento, deberían haber estado listos para 2025 (RA-10) y 2028 (Carem). Para tener referencia, el proyecto Carem ya lleva invertidos 650 millones de dólares y requeriría de una partida de 200 millones más para concluir; cuando un proyecto de la misma envergadura en Estados Unidos cuesta 1400 millones de dólares. En relación a las ganancias que se podrían obtener, la venta de un reactor de la magnitud del Carem podría significar un ingreso de 4 mil millones de dólares; mientras que el RA-10, de ponerse en marcha, podría significar ingresos de 90 millones de dólares al año.

Las potencialidades de ambas iniciativas son innegables. Sin embargo, por el momento, la inercia parece estar frenada hasta nuevo aviso. Para los tiempos que maneja la ciencia ya están casi listos, pero por una decisión política están prácticamente paralizados. 

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