Mario Wainfeld

Periodista, abogado, docente universitario y escritor​. 

Fernando Báez Sosa fue y es la principal víctima de esta tragedia arbórea, hiper mediatizada. Con él, su mamá Graciela y su padre Silvino. En charlas familiares o de café se los identifica por sus nombres de pila, que quizá mañana sirva para designar a una ley. Tradiciones de la democracia argentina, de eso se trata. Positivas en muchos sentidos aunque jamás perfectas.

La solidaridad masiva con la familia de Fernando es tangible, rotunda, reconoce pocos antecedentes.  Sería necio o unidireccional atribuirlo solo al discurso predominante en los medios de difusión. Fernando era un pibe de una familia tipo, pongalé. Papá y mamá paraguayos, gente de laburo, con hijo único. Tal vez de un escalón social menos empinado que el de quienes lo mataron en un acto plagado de barbarie con cuotas de machismo y racismo. En otros casos, quizá, la vocación aspiracional de los sectores medios que “hacen” opinión pública hubiera acercado a mucho público a los acusados, gente presentable, “influyente”, calificó algún vecino de Zárate. No oligarcas ni aristócratas pero personas bien ranqueadas. No ocurrió ante este homicidio… consecuencia de sus características, divulgadas hasta el hastío en cualquier horario de desprotección al menor. La indetificación con la familia se funda en una escala de valores querible, humana. 

El fenómeno se ha repetido, Silvino y Graciela recorren un itinerario transitado. Lo estilizo. La víctima, los familiares lo son, se planta frente a un micrófono o una cámara y cuenta el origen de su desdicha. Es una persona común, no tenía antes compromisos políticos (o si los tenía, no argumenta en su nombre), algo rompió la inercia de su existencia, algo la cambió definitivamente. Es irreparable. La vida de esa víctima ya nunca será la misma y por eso se dirige a personas que se parecían a ella (las más veces) o a él antes de la privación. De privación hablamos, porque las víctimas estaban mejor, en un sentido sustantivo, antes de que ese “algo” aconteciera. “Yo era como vos” le dice la víctima al espectador de la televisión o la radio. “Lo que me pasó te puede pasar porque la gente común está en riesgo, si las cosas no cambian”.

“Yo no quiero venganza, quiero justicia”. Justicia no es sólo sanción a los culpables sino un cambio de escenario, parcial pero ineludible. Justicia es que la muerte de Fernando no haya sido en vano, que «esto no se repita». Una sentencia justa, severa, forma parte de ese camino imaginario. Desprovista de detalles o de espinas en los que entraremos más abajo, es una noble utopía republicana. Las instituciones funcionan, las leyes se aplican, los culpables tienen castigo impartido por un estado imparcial… la sociedad mejorará. Casi no hace falta agregar que este cronista enaltece esos pensamientos aunque descree de que su resultado promedio sea tan virtuoso.

Los familiares, larga prosapia, renuncian a la mal llamada “justicia por mano propia”. O, por mejor decir: a la violencia privada, a la vendetta. Acuden a la ley y a las instituciones que deberían regular proporcionalidad en los castigos y frenar la violencia entre particulares. Deberían.

Se reclaman “condenas ejemplares”, que disuadan a potenciales, futuros delincuentes. Todo a contrapelo de las experiencias dominantes en sociedades de masas, desiguales, con sistemas carcelarios brutales. En la sociedad argentina, entre tantas.

Los familiares tendrían “derecho” a sacarse. No lo tendrían a agredir pero su emoción atenuaría potenciales críticas o sanciones. Raro que suceda, no sucedió esta vez. Quienes se indignan, vociferan “que se pudran en la cárcel” o se solazan imaginando perversos delitos intracarcelarios, son formadores de opinión o dirigentes que tendrían que dar el ejemplo. No los impulsa el dolor, sino el oportunismo, dicho con moderación.

Este cronista rehúye, hoy y acá, escudriñar la función social de las penas. No cree que, en tendencia, sirvan en la mayoría de los casos para resocializar a los condenados ni para disminuir la cantidad de delitos. En el borde, supone que si se agravaran mucho las penas por delitos económicos de guante blanco y se castigara con frecuencia a sus autores (dos quimeras) tal vez estos seres racionales que se mueven con fines de lucro se automoderarían. Tal vez.

Aquí y ahora una de las funciones sociales de la pena es dar respuesta estatal a las víctimas. Reparar. Acompañar el dolor, ayudarlos a pensar que la tragedia no los dejó solos, a la intemperie. De nuevo, que tanto sufrimiento no fue en vano.

La pena de muerte es un engendro abolido por la Asamblea del Año XIII. La cadena perpetua, otro, insoportable en pleno siglo XXI. Se reinstauró hace contados años como respuesta a un delito que puso en vilo a la sociedad… pésima práctica legislar en trance de furor. Las víctimas merecen mucho, queda dicho, pero no se debe legislar (proyectar para el largo plazo) enancados en su sensibilidad. Ni el dolor les atribuye conocimiento penal. Tampoco se debe dar cabida al oportunismo derechoso o demagógico de políticos con ambiciones veloces y principios lábiles.

En un sistema penal judicial garantista como el argentino es aberrante negar a los tribunales un margen para aplicar penas. Si para los delitos tipificados por el Tribunal de Dolores existiera una escala entre “n” años (una enormidad, siempre) y la cadena perpetua, los magistrados podrían haber determinado sanciones que dejaran un resquicio de luz a los acusados, hombres de 20 años. Y una pizca de alivio a sus familiares sobre quienes se vuelcan agresiones y reproches rústicos. Los acusados son mayores de edad, gozan de libre albedrío. Viven en un país donde es moda querer bajar la edad de imputabilidad. en dichos contextos configura otra demasía (que retoma un slogan de la dictadura) responsabilizar por su conducta a los padres que sufren lo suyo.

Los debates públicos son valiosos. Interesante que los argentinos oigan, argumenten tanto, se crucen posturas distintas. Pero la furia que coloniza todo desvirtúa las polémicas. En un momento hay que volver al principio y a los principios. Fernando es la primera y principal víctima. Sus asesinos, conforme las leyes vigentes, deben ser sancionados con dureza, sin sadismo. 

El homicidio es uno de los crímenes más repudiables. La patota un mecanismo cobarde, desacreditado desde los códigos barriales. La conducta de los condenados, durante la breve masacre, en el tiempo inmediato posterior y durante tres años no produjo un gesto de contrición, un pedido de perdón, un mensaje para comunicarse con las otras víctimas irreparables.

Pero el rigor penal tendría que marcar un límite infranqueable. Bastante tienen los victimarios con los tres años de reclusión transcurridos y la injusta eternidad que les espera. Una secuencia de recursos que insumirán años.

Los familiares anhelan trascendencia en doble acepción. Repercusión pública, resonancia, escucha, valorización de su palabra, por un lado. Por otro, un resultado social, una compensación que sobreviva ahora que Fernando no está. Esos estadios articulan el duelo, le dan sentido, una base.

Ojalá Graciela, Silvino, la novia y los amigos de Fernando, encuentren entre tantos gestos de cariño, algún cobijo, alguna variante de ternura, una versión colectiva del abrazo.

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