En el temario que anunció Alberto Fernández para tratar en el Congreso, no se incluyó la negociación con el FMI. En cambio, una de las prioridades es la reforma del Consejo de la Magistratura.

Alberto Fernández oficializó la convocatoria para las sesiones extraordinarias al Congreso tras publicar el decreto. De esta manera, el anuncio se realizó días atrás y confirmaron que sería para el martes 1º de febrero hasta el 28 del mes. Así, se conocieron algunos de los temas que habrían de incluirse, aunque recientemente se publicó el temario definitivo sobre lo que debatirán los diputados y senadores.

En este sentido, uno de los principales objetivos de la oposición era conocer más sobre las negociaciones que el Gobierno mantiene con el Fondo Monetario Internacional. Por lo que, tras cancelarse la reunión del oficialismo donde presentarían los avances, el presidente decidió llamar a sesiones extraordinarias

Sin embargo, Alberto Fernández no incluyó en el temario las negociaciones por el acuerdo, y en cambio se destacó el proyecto de ley para la reforma del Consejo de la Magistratura. Entre otros, también se debatirá la creación de universidades, el proyecto de Ley de Respuesta Integral al VIH, el Consenso Fiscal 2022 y el Producción de Cannabis y Cáñamo.

Además, otra serie de proyectos que también se presentarán durante las sesiones extraordinarias del mes de febrero se relacionan con iniciativas económicas, productivas, ambientales y educativas. Mientras tanto, se retrasa el debate sobre el ‘plan económico plurianual’ que anunció Alberto Fernández luego de las elecciones legislativas.

Es así que el presidente afirmaba que durante la primera semana de diciembre presentaría el mismo en el Congreso, que incluiría también la línea de negociaciones que se mantienen con el FMI sobre la deuda. Por lo que, al no agregarlo en el temario, este podría demorarse hasta el comienzo de sesiones en el Congreso en el mes de marzo.

Por otro lado, el proyecto de ley sobre la reforma del Consejo de la Magistratura sería una prioridad porque el fallo de la Corte Suprema, que en diciembre del 2021 declaró inconstitucional la ley vigente desde 2006, estableció un plazo hasta abril para la conformación del nuevo organismo. Este mismo tendría la función de seleccionar y remover jueces, y el oficialismo y la oposición cuentan con iniciativas diferentes.