SOCIEDAD
YPF alcanzó un acuerdo para evitar un juicio por 14 mil millones de dólares
La compañía petrolera argentina llegó a un entendimiento con el Fideicomiso de Liquidación de la estadounidense Maxus. Esa empresa había sido adquirida por YPF en 1995, cuando aún no estaba en manos de la española Repsol. «Es una gran victoria para nuestro país», destacó Sergio Massa.
La petrolera estatal YPF alcanzó un acuerdo con la empresa estadounidense Maxus, a través del cual quedó liberada y absuelta de pagar un reclamo por 14 mil millones de dólares. La liquidación final, firmada en el Tribunal de Quiebras de Delaware, hará que la empresa argentina abone sólo el 2 por ciento de la cifra original de la demanda.
El acuerdo fue celebrado por las autoridades de la compañía estatal y por el gobierno nacional, porque implica que quedaron desestimadas todas las acciones iniciadas contra YPF en la Justicia estadounidense.
De todas maneras, el texto está sujeto a aprobación judicial y otras condiciones que deberán cumplirse a lo largo de los próximos meses, según detalló el comunicado de YPF.
El acuerdo «es una gran victoria para nuestro país», resaltó el ministro de Economía, Sergio Massa. «Gran logro de YPF, un éxito de Pablo González, una gran victoria para nuestro País», subrayó y valoró la labor del presidente de la petrolera argentina, Pablo González.
De 14 mil millones a 287,5
La causa había sido abierta por el Fideicomiso de Liquidación de Maxus, una empresa de petróleo y gas que había sido adquirida por YPF en 1995, pocos años antes de ser privatizada a manos de la española Repsol.
Lo que se determinó fue que el fideicomiso de liquidación creado por la empresa estadounidense, desistiría de las reclamaciones actuales y futuras que puedan tener contra ambas compañías.
A cambio, YPF y Repsol se comprometieron a pagar 287,5 millones de dólares cada uno, es decir un total de 575 millones de dólares; el 2 por ciento de la cifra original demandada.
“De cumplirse las condiciones, los acuerdos darán por terminado el litigio que se extendió durante años, llegando a un cierre justo y razonable para todas las partes”, resaltó la petrolera estatal a través de un comunicado.
El acuerdo “permitirá a YPF seguir centrando sus esfuerzos en la generación de valor y empleo, profundizar el crecimiento de su producción y enfocar sus esfuerzos en las inversiones necesarias para robustecer y diversificar la matriz energética argentina”, añadió el texto.
La causa Maxus, una herencia de los ’90
Al momento de ser adquirida por YPF, Maxus contaba con activos en Estados Unidos, Bolivia, Indonesia, Ecuador y Venezuela. Años antes, en 1986, Maxus había vendido su negocio de químicos a Occidental Chemical Corporation y aceptado indemnizarla por los pasivos ambientales derivados de sus operaciones.
En 2005, el Estado de Nueva Jersey demandó a Occidental y a Maxus por la contaminación del río Passaic con residuos químicos. Entonces, Occidental hizo valer su indemnidad y Maxus, adquirido por YPF, honró sus obligaciones hasta que en 2016 se presentó en concurso de acreedores y luego decretó su quiebra.
En junio de 2018 el Fideicomiso de Liquidación de Maxus demandó a YPF y Repsol y ciertas subsidiarias, por un monto de hasta 14 mil millones de dólares ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware.
El Fideicomiso alegó que Maxus tuvo la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a sus acreedores.
«Una gran noticia para nuestra empresa y para todo el país»
En un comunicado, YPF informó que, tras años de litigio y negociaciones, YPF y Repsol llegaron a un acuerdo de conciliación. Ambas empresas firmaron también un acuerdo transaccional con Occidental Chemical Corporation y algunas de sus afiliadas, bajo el que Occidental acordó renunciar a reclamos futuros que pueda tener contra ambas compañías en relación con las entidades Maxus, el río Passaic y otras áreas sujetas a remediación ambiental.
En esta línea, tanto YPF como Repsol también firmaron entendimientos con varias entidades gubernamentales, incluidos el Departamento de Justicia actuando en representación de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense.
La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, celebró el acuerdo y felicitó al equipo que lidera su ex vicegobernador, el santacruceño Pablo González, quien el lunes pasado había compartido con ella un acto en Río Gallegos y habló sobre el litigio que en las últimas horas quedó resuelto.
«Una gran noticia para nuestra empresa y para todo el país. Felicitaciones a todo el equipo de YPF», indicó la mandataria santacruceña en un mensaje publicado en su perfil de Twiter.
Por su parte, la secretaria de Energía, Flavia Royon, también felicitó a Pablo González y a su equipo «por la excelente negociación llevada a cabo logrando este acuerdo».
La funcionaria explicó que «con este cierre YPF se libera no sólo de este litigio que ha obstaculizado sus negociaciones internacionales, sino que podrá reforzar el rumbo de crecimiento y generación de valor que está llevando adelante siendo un actor fundamental en el desarrollo energético nacional».
Referentes del partido SER denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio
En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.
La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Ayer, los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas.
Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.
Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.
En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.
Puntos claves:
- Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
- Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
- Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
- Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
- Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.
“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.
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