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RIO TURBIO

YCRT, entre las empresas públicas con mayores déficits económicos

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El informe de la Oficina Nacional de Presupuesto posiciona a Yacimientos Carboníferos Río Turbio en el cuarto lugar entre las compañías estatales con números en rojo. La carbonífera acumuló un déficit operativo de $8.728 millones en los primeros nueve meses del año, pese a recibir $53.837 millones en transferencias del Tesoro Nacional.

Un reciente informe elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), difundido por Infobae, detalla la situación económica de las empresas públicas argentinas al cierre del tercer trimestre de 2024. Según el análisis, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) se encuentra en el cuarto puesto entre las compañías estatales con mayores déficits operativos.

De enero a septiembre, YCRT registró un déficit de $8.728 millones, a pesar de haber recibido transferencias corrientes del Tesoro Nacional por $53.837 millones. Sin estos recursos, el rojo operativo habría ascendido a $62.565 millones, lo que refleja la dependencia de la empresa de los aportes del Estado para sostener su funcionamiento.

El informe destaca que, en total, las transferencias del Tesoro Nacional a las empresas públicas no financieras alcanzaron los $2,8 billones en los primeros nueve meses del año, un 155% más que en el mismo período de 2023. Sin embargo, esta cifra quedó por debajo de la inflación anual del 209% registrada en el mismo período.

Entre las empresas con mayores déficits, Aerolíneas Argentinas lidera el ranking con $262.251 millones en rojo, seguida por la Casa de Moneda con $28.830 millones y Tandanor con $25.919 millones. YCRT, por su parte, ocupa el cuarto lugar, consolidando su posición como una de las empresas públicas con mayores desafíos económicos.

El informe también subraya que de las 32 empresas analizadas, 17 tuvieron resultados económicos deficitarios, sumando un total de $350.456 millones en números negativos. Este panorama pone de manifiesto las dificultades de gestión y sostenibilidad que enfrentan muchas de estas compañías.

En el caso de YCRT, su inclusión en la Ley Bases para una eventual privatización ha generado debates sobre el futuro de la empresa y su impacto en la región. La carbonífera, ubicada en la provincia de Santa Cruz, desempeña un rol estratégico en el sector energético, pero sus resultados financieros evidencian la necesidad de ajustes estructurales.

La discusión sobre el destino de las empresas públicas continúa siendo un tema clave en la agenda nacional, mientras se evalúan medidas para reducir el déficit fiscal y optimizar el uso de los recursos del Estado.


RIO TURBIO

ATE demandó al Gobierno por la privatización de YCRT y exige la inconstitucionalidad del DNU

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“Es manifiesta la inconstitucionalidad de aquellos artículos que refieren al Convenio Colectivo de Trabajo. Hay una violación flagrante del derecho a la negociación colectiva y a la estabilidad del empleo público”, indicó Rodolfo Aguiar. La demanda recayó por sorteo en el Juzgado N° 73 de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Nacional del Trabajo.

Luego de que el Gobierno convirtiera a la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en Sociedad Anónima a través del Decreto 115/25, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) demandó al Gobierno por afectar el vigente Convenio Colectivo de Trabajo del ente y promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos del DNU que afectan este derecho.

“Es manifiesta la inconstitucionalidad de aquellos artículos del decreto que refieren al Convenio Colectivo de Trabajo. Hay una violación flagrante del derecho a la negociación colectiva y a la estabilidad del empleo público”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“El principio de progresividad de los convenios colectivos se encuentra amparado por la Constitución Nacional, por convenios de la Organización Internacional del Trabajo y también por la propia Convención Americana de Derechos Humanos”, explicó el dirigente.

En este marco, Aguiar apuntó: “El Presidente no tiene facultades para dar de baja el instrumento que regula las relaciones laborales dentro de la empresa, ni siquiera a partir de las facultades extraordinarias delegadas por el Congreso. Incluso tenemos que recordar que la empresa funcionó durante más de 30 años y que en la década del 90 el Gobierno de entonces también decidió privatizarla, y a lo largo de la historia funcionó bajo distintas figuras. Sin embargo, jamás se alteró la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo”.

“El pronunciamiento de la Justicia debe darse con celeridad ya que de mantenerse vigentes estos artículos, se generaría un estado de indefensión de todos los trabajadores y acarrearía graves perjuicios para todos. Deben declarar la inconstitucionalidad de los artículos 8 y 9, y también la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo y de todas las actas posteriores que se firmaron”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

Los artículos del Decreto 115/25 cuestionados señalan que “se mantendrá con el personal una vinculación laboral de Derecho Privado” (art. 8) y dispone “un plazo de 180 días corridos para iniciar las negociaciones de un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para el referido personal” (art. 9).

Ante esta situación, la demanda presentada por ATE, que recayó por sorteo en el Juzgado N° 73 de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Nacional del Trabajo, detalla que el DNU resulta “violatorio del derecho a la negociación colectiva” y “se solicita que se declare la vigencia por ultraactividad del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 3/75 “E” hasta tanto entre en vigencia uno nuevo (art. 5 de la ley 14.250), suscripto por sus partes signatarias de manera libre y voluntaria”.

Acción Declarativa de Inconstitucionalidad dto. 115 YCRTDescarga


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