NACIONALES
Vessvessian: “Mi responsabilidad es la de proteger los intereses y los valores que me comprometí a defender”

Esta semana comenzó a tratarse en comisiones de la Cámara Baja, el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Es así que a lo largo de extensas jornadas de trabajo, legisladores y legisladoras de nuestro país expusieron sus argumentos en torno a la iniciativa que impulsa del presidente Alberto Fernández y que cuenta con el aval de gobernadores, distintos sectores e instituciones. La diputada Nacional, Paola Vessvessian en diálogo con AMA-SantaCruz, se refirió a la importancia de garantizar el federalismo y la división de poderes.
-La gobernadora Alicia Kirchner expresó su apoyo al pedido de juicio político que impulsa el presidente Alberto Fernández, a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, luego del fallo que otorga la restitución de un importante porcentaje de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es su punto de vista respecto?
-Creo que la posición de la Gobernadora es absolutamente coherente con su historia de firme defensa de los intereses de la provincia, el federalismo y del correcto funcionamiento de los tres poderes del Estado.
La cautelar de la Corte sobre los fondos que deben transferirse a la Ciudad de Buenos Aires marcó el punto cúlmine de un accionar inaceptable, ya que el máximo tribunal se arrogó, en reiteradas oportunidades, atribuciones propias de los otros poderes del Estado Republicano y Federal.
Así fue en cuanto al Consejo de la Magistratura, usurpando facultades del Congreso Nacional, y las de este y del Poder Ejecutivo con relación a la distribución de la coparticipación.
Además, es evidente el accionar de una verdadera mafia judicial, que quebranta absolutamente el valor constitucional de la igualdad ante la ley, generando sentencias que violan el derecho de defensa y por sobre todas las cosas mostrando arbitrariedad y parcialidad, de promiscuas relaciones con la oposición y el poder económico que, lejos de ser combatido por los miembros del cuerpo parece ser prohijado y hasta compartido.
Sólo a modo de ejemplo, recordemos los altos funcionarios judiciales que jugaban al paddle con Macri, o los que juegan al fútbol en su quinta; los que disfrutan de las dádivas del grupo Clarín impunemente, o las comunicaciones entre un ministro de la CABA con el principal asistente del presidente de la Corte para acordar los pasos que llevaron a la derogación de la Ley que estuvo vigente por 16 años del Consejo de la Magistratura que terminó, dicho sea de paso, devolviendo vigencia a una ley que había sido derogada por el Congreso, cambiando la composición de dicho Consejo y autoimponiéndose, como Presidente de ese cuerpo, al actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia el Dr. Rosatti, pasando por encima de las facultades que tiene el poder legislativo de designar sus representantes y asumiendo impunemente facultades legislativas en ese fallo judicial.
Reitero mi decidido apoyo a esta iniciativa, porque la recuperación de un Poder Judicial verdaderamente imparcial e independiente es una necesidad impostergable de nuestra democracia.
– ¿Por qué se considera que este fallo de la Corte, perjudica a las provincias?
-La resolución de la Corte es provisoria, ya que no se expidió, a pesar del tiempo transcurrido, sobre el fondo de la cuestión.
Recordemos que esto se origina cuando el ex presidente Macri resuelve, por simple decreto, multiplicar los fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires, bajo la excusa de la transferencia del servicio de seguridad. Y que, cuando el actual gobierno reduce a niveles razonables ese ítem, se produce el reclamo de la CABA.
La Liga de Gobernadores, ámbito de reflexión y propuestas que reúne a la gran mayoría de los mandatarios provinciales incluyendo a la Dra. Alicia Kirchner, advirtió reiteradamente sobre el asunto, explicando que hacer lugar al reclamo de la Capital Federal sería absolutamente injusto y que si se aumentaba el porcentaje de coparticipación para ella, necesariamente se alterarían los coeficientes de distribución de la coparticipación federal. Es decir que cada peso que se le incremente a la CABA sería sustraído de los que corresponden a las provincias. Esto es lo que manda a hacer la Corte aunque, insisto, sin resolver la cuestión de fondo. Y no sólo eso, sino que, insólitamente, tampoco explica los criterios con los que determina el porcentaje.
– ¿De qué manera podría impactar esta medida en el desarrollo económico y social de Santa Cruz?
-Como decía antes: los nuevos fondos que reciba la CABA por coparticipación serán los que no recibamos las provincias, afectando todas las áreas objeto de inversión: infraestructura, salud, educación, desarrollo social, etc.
El gobierno provincial ha hecho un aporte muy interesante al llevar al terreno de lo concreto el impacto de esta decisión, que ronda los 270.000 millones de pesos.
Ese monto equivale, por ejemplo, a 27 obras de acueducto y planta de agua potable de Río Gallegos; o a casi 15.000 viviendas, o a 750 hospitales modulares de más de 1.000 m2 y 2.100 Centros de Atención Primaria de 330 m2.
Una parte importante de eso es lo que nos quita la Corte en esta decisión.
-¿Coincide con la gobernadora Alicia Kirchner de que fallo de la Corte va en contra del federalismo?
-Absolutamente. Viola taxativamente la ley de coparticipación federal, como así también los acuerdos que tienen que existir entre las provincias y el gobierno nacional para modificar esos porcentajes y las asignaciones de esos recursos recaudados en todo el país. Es decir, la Corte se atribuye en este fallo facultades legislativas y ejecutivas, cosa que por la división de poderes y su competencia no puede hacer.
-Desde el Gobierno de Santa Cruz se promueven mesas de trabajo con distintos sectores para informar acerca de la solicitud del Ejecutivo Nacional. ¿Este tipo de acciones generan participación y apertura en temas que hacen a la agenda gubernamental?
-Creo que explicar en detalle las implicancias de este fallo es particularmente importante, especialmente porque los medios de comunicación de mayor alcance en el país, de estrechos lazos con algunos de los denunciados, están ejerciendo una acción desinformativa muy agresiva en aras de desprestigiar la iniciativa.
No siempre es fácil para cada ciudadano/a interiorizarse, leer sentencias, proyectos, etc. Y, por lo mismo, también es fácil que nos induzcan a confusión.
Pareciera que el funcionamiento de la justicia fuera una temática lejana, pero no es así: las decisiones de este poder inciden en la vida cotidiana, las libertades y patrimonios de cada persona, familia o empresa.
Y estos encuentros que el Ejecutivo provincial viene llevando a cabo con diferentes entidades y personalidades representativas de las comunidades santacruceñas y el quehacer social y productivo no sólo aportan en cuanto a la transmisión de información, sino que son espacios de intercambio que, necesariamente, enriquecen a todos sus participantes.
-Esta semana comenzó en Diputados, el tratamiento del proyecto para remover a los magistrados. ¿En que consiste el proceso? ¿Hay un plazo determinado para que el mismo sea abordado en el recinto?
La Comisión de Juicio Político comenzó, este jueves 26 de enero, a tratar el proyecto enviado por el Ejecutivo, que será considerado junto a todos los pedidos de juicio político a miembros de la Corte que ingresaron a la Cámara, ya sea a partir de iniciativas de colegas como de diversos actores de la sociedad civil. Se dio el primer paso, se acordó una agenda de trabajo, donde se van a analizar todas las 14 denuncias de mal desempeño, para luego declarar la admisibilidad de las causales del Juicio a los miembros de La Corte. Luego viene el proceso en que la Comisión llevará adelante la investigación sumaria y producción de las pruebas, realizando pedidos de informes, tomando declaraciones a testigos y acusados, etc., para luego emitir un dictamen aconsejando a la Cámara su tratamiento o no.
Si el dictamen es favorable, la Cámara debe decidir, con una mayoría de dos tercios, la continuidad del juicio, convirtiéndose en Cámara Acusadora ante el Senado de la Nación que deberá emitir el o los veredictos.
-¿Cuál es su tarea y responsabilidad como legisladora de Santa Cruz en este tipo de acciones?
-Como siempre mi principal responsabilidad es la de proteger en la Cámara los intereses y los valores que me comprometí a defender frente a mis comprovincianos: los de cada ciudadana o ciudadano de Santa Cruz. Los del trabajo y la producción frente a la bicicleta financiera, los de la soberanía frente a los de la entrega, los de la solidaridad frente al individualismo, los de la democracia frente a la intolerancia y los privilegios.
Ya que no podré ser parte de las tomas de decisiones hasta el momento en el que el juicio ingrese al plenario de la Cámara (por no ser miembro de la Comisión de Juicio Político), en aquel espíritu es que colaboraré en cuanto pueda en la defensa de los intereses de la provincia.
Fuente: AMA-SantaCruz
NACIONALES
Qué le espera al país con Javier Milei como presidente

La historia muestra que cada vez que gobernó la ortodoxia económica hubo catástrofe social, concentración de la riqueza, endeudamiento extremo, dilapidación de activos públicos, destrucción de la industria, timba financiera, entrega de soberanía y atraso económico. Milei no será la excepción.

«Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatinos y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace más de diez años. Dejaremos que cada uno de los habitantes del país viva como pueda y como quiera. Las medidas en curso permiten que podamos lanzar hoy una nueva fórmula: ‘Hay que pasar el invierno’«. El nefasto experimento de Alvaro Alsogaray, ministro de Hacienda de Arturo Frondizi entre 1959 y 1961, que llegó al cargo por presión militar, empezará a repetirse a partir de mañana con Javier Milei como presidente.
Le espera al país lo que ya vivió tantas veces a lo largo de décadas de gobiernos liberales: catástrofe social, concentración de la riqueza, endeudamiento extremo, dilapidación de activos públicos, destrucción de la industria, timba financiera, atraso económico. Cada una de esas experiencias hundió a la Argentina en un pantano del que cada vez resultó más difícil salir. La entrega de soberanía también fue una constante con esos gobiernos.
Como Alsogaray a mediados del siglo pasado, el endeudador serial Luis «Toto» Caputo sostiene ahora que su gestión como ministro de Economía será muy complicada por «la pesada herencia» que recibe del gobierno que se va. Deja de lado que en su paso anterior por la gestión pública, como ministro de Finanzas, Economía y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, llegó al extremo de comprometer a diez generaciones a pagar la deuda que contrajo a cien años.
Esa plata no se usó para la construcción de rutas, centrales eléctricas o nuevas industrias, sino para la especulación financiera. Los dólares se evaporaron en esa fiesta que disfrutaron pocos y pagarán todos los argentinos. También como suele pasar, el gobierno peronista tuvo que reestructurar esos pasivos con el capital financiero internacional y, junto con ello, la deuda monumental que Macri, Caputo y compañía dejaron con el FMI. La desfachatez de Caputo para hablar de pesada herencia es marca registrada de los gobiernos liberales.
La lista
La dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, después del golpe de Estado a Juan Domingo Perón en septiembre de 1955, tuvo como uno de sus ministros de Economía emblemáticos al liberal Adalbert Krieger Vasena. Ese gobierno fue responsable de la adquisición de un préstamo con varios bancos europeos que supuestamente se pagaría con el crecimiento económico que generarían las políticas liberales. El resultado fue que el préstamo no se pudo devolver, la Argentina cayó en default y los gobiernos de Europa crearon el Club de París para presionar por los pagos. También a esa administración hay que computarle la incorporación de Argentina al Fondo Monetario Internacional y el alineamiento incondicional con Estados Unidos.
El gobierno que siguió, de Arturo Frondizi, tuvo como ministros de Economía al mencionado Alsogaray y luego al liberal Roberto Alemann, quien en 1981 volvería al Palacio de Hacienda como ministro del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. En 1961 estuvo al frente de una renegociación ruinosa de la deuda con el Club de París y desplegó un plan de ajuste que sumergió a las mayorías populares: hubo despidos y congelamiento de salarios de empleados estatales, aumentos exorbitantes de tarifas de servicios públicos, quita de aranceles a la importación, rebaja de indemnizaciones por despido y acortamiento de licencias por maternidad.
En 1962, días antes del derrocamiento de Frondizi y la asunción de José María Guido, Jorge Wehbe llegó por primera vez al Ministerio de Economía. Permaneció en ese cargo apenas un mes y mantuvo la línea del ajuste permanente. Wehbe reapareció como ministro de Economía con Alejandro Agustín Lanusse en 1972, con la misma impronta, y tuvo una tercera participación sobre el final de la última dictadura, en la gestión de Reynaldo Bignone en 1982 y 1983.
En 1962 y 1963, con Guido, se sucedieron como ministros de Economía Alsogaray y José Alfredo Martínez de Hoz. Joe, como lo llamaban, fue exponente principal de la oligarquía terrateniente y la patria financiera, odiador acérrimo de la industria nacional, fanático de la apertura importadora, la desregulación económica y la libertad de mercado. Cada vez que intervino en la gestión pública, el país cayó en graves crisis, terminó endeudado hasta el cuello y su círculo social se enriqueció en la misma proporción.
Después de los tres años de gobierno de Arturo Illia, otro golpe de Estado encabezado por Juan Carlos Onganía nombraría como ministros de Economía otra vez a Krieger Vasena (1967-1969) y a otra figura rutilante de la derecha económica, José María Dagnino Pastore (1969-1970). En esos años se decretó la suspensión de los convenios colectivos de trabajo, se aprobó la ley de hidrocarburos que permitió la participación de empresas privadas en el negocio petrolero, se sancionó la ley de alquileres que facilitó los desalojos, se suspendieron los aumentos de salarios por dos años y se dio impulso a la patria contratista para la realización de obras públicas que antes asumía el Estado. Unas cuantas de esas políticas se repetirán ahora con Milei.
Dictadura
Tras casi dos décadas de exilio forzoso, Perón volvió a ser presidente entre octubre de 1973 y el 1 de julio de 1974, cuando falleció. Fueron apenas ocho meses, pero los resultados de la gestión económica resultaron exitosos. El plan del ministro José Ber Gelbard, quien había sido fundador de la Confederación General Económica (CGE), consistió en una revitalización notable del mercado interno, los salarios, las pymes y las actividades productivas. Hubo una fuerte intervención del Estado en la economía y la imposición de reglas estrictas a capitales nacionales y extranjeros. En 1974 la inflación bajó al 30,2 por ciento, desde el 79,6 de 1972; la desocupación se redujo a solo 2,5 por ciento, desde el 6,1 por ciento del gobierno de Lanusse, y el PIB trepó 6,4 por ciento, desde el 3,5 de dos años antes.
El plan de Gelbard se completó con la firma de un pacto social entre la CGT y la CGE para coordinar precios y salarios, anclar expectativas y habilitar una etapa de expansión económica. Sin embargo, esa estrategia se vino a pique con el fallecimiento de Perón y el pandemónium político que le siguió.
Gelbard renunció en octubre de 1974 y tras un interregno de ocho meses de Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo escaló al Ministerio de Economía. Su número dos y auténtico creador del plan de desestabilización más grande de la historia argentina, Ricardo Zinn, convenció al gobierno de María Estela Martínez de Perón de producir una enorme devaluación, con suba astronómica de tarifas y precios, y los salarios por detrás. Fue allí que se generó una bisagra histórica en el país, porque de ese caos empezó a surgir la economía bimonetaria que aún persiste, con la cobertura permanente en el dólar.
Zinn tenía fuertes vínculos con grupos empresarios, particularmente el Consejo Empresario Argentino, que integraba Martínez de Hoz y que tuvo activa participación desestabilizadora en las semanas previas al golpe del 24 de marzo.
Después del derrocamiento de Isabelita, la dictadura genocida cívico-militar desplegó con Martínez de Hoz un plan con los siguientes ejes estructurales: liberación de los precios, del mercado cambiario, de las importaciones, de los alquileres, quita de retenciones a las exportaciones, eliminación de subsidios y planes sociales y endeudamiento millonario con el FMI y la banca extranjera.
Ese plan, con sus más y sus menos, fue continuado por sus sucesores, otros conspicuos representantes de la ortodoxia económica: Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann, José María Dagnino Pastore y Jorge Wehbe, con los resultados conocidos de destrucción del aparato productivo, incremento de la pobreza y atraso por generaciones.
Menem, De la Rúa, Macri
Después del golpe de mercado que terminó con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1989, en el que hubo economía de guerra y más inviernos que primaveras, el menemismo produjo otro quiebre histórico similar al que ahora quiere recrear Milei, con privatizaciones, negociación de la deuda en default a favor de los acreedores, destrucción del Estado y sus capacidades de intervención, reformas estructurales regresivas en materia laboral, previsional e impositiva, endeudamiento a mansalva y afianzamiento de la economía bimonetaria con la convertibilidad. Las consecuencias fueron lamentables para las mayorías populares y rutilantes para los sectores concentrados, con seis años de crisis, desocupación y fractura social, y apenas cuatro en los que Domingo Cavallo pudo disfrutar de una expansión del PIB que solo favoreció a un sector minoritario de la sociedad.
Fernando de la Rúa mantuvo el esquema de la convertibilidad y se hundió con el propio Cavallo en diciembre de 2001. La reaparición de los liberales en la Casa Rosada se dio con Macri, con resultados fáciles de recordar: trajo nuevamente al FMI, tomó deuda en dólares por casi 100 mil millones y el país permaneció casi todo el tiempo en crisis. A eso le sumó la post verdad, que consiste en decir cualquier cosa negando los hechos objetivos. Pero la única verdad es la realidad de que con los liberales, la Argentina no hizo más que retroceder. Milei no será la excepción.
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