SOCIEDAD
Un tsunami de aumentos que lo desorganiza todo

Desde hoy, el gas y el agua triplican su valor, mientras un nuevo aumento de naftas impacta en toda la cadena productiva. Se suman subas en luz, transporte, comunicaciones, prepagas y colegios.

La ola de aumentos en los servicios que comienza a regir hoy profundiza la crisis de ingresos y obliga a millones de hogares a ajustar exageradamente su presupuesto para afrontar las nuevas tarifas. Los incrementos impactan en las facturas de gas, agua, luz, transporte, comunicaciones, combustibles, prepagas, colegios, y resultan exorbitantes para el nivel de los salarios de sectores medios y populares. Hoy mismo comienzan nuevas actualizaciones en la tarifa de gas, agua y luz; también aplicará un nuevo valor del colectivo y tren para los usuarios del AMBA que no hayan registrado la SUBE. El nuevo aumento de las naftas, además, impacta sobre toda la cadena de la economía.
Esta apuesta del gobierno por desregular los precios de la economía aplicando mecánicamente recetas del libremercado promete más angustia para trabajadores formales, informales, jubilados y monotributistas. Al mismo tiempo agrega incertidumbre en la pequeña y mediana empresa por el aumento de los costos y el derrumbe de las ventas en el mercado interno.
El gas, por tripilicado
Uno de los golpes duros para el bolsillo aparece con las nuevas tarifas de gas. El Gobierno ya informó los nuevos valores del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (el costo de la extracción, a cargo de las petroleras). Aunque todavía falta definir el nuevo costo de distribución y transporte, se calcula que los precios de las boletas llegarán a triplicarse según el nivel de consumo e ingresos de cada hogar. Los ejemplos ya anunciados por la Secretaría de Energía muestran que, por ejemplo, una familia que actualmente abona 3000 pesos mensuales pasaría a pagar 9300 pesos, es decir un tarifazo de 210 por ciento por utilizar la misma cantidad de gas que antes.
Estos valores son una mera referencia porque varían para cada usuario y pueden escalar teniendo en cuenta el uso de la calefacción en invierno. El punto central es que la boleta habrá que multiplicarla por tres.
La lógica de autorizar estos aumentos es la misma sobre la que gravita todo el relato del gobierno: Un concepto exclusivamente fiscalista que plantea que el Estado no debe planificar ni participar de la economía, debe jibarizar sus gastos y conseguir el superávit de las cuentas públicas.
Este planteo lleva a tomar medidas como eliminar los subsidios a servicios como el gas y dejar que los hogares, los comercios y las industrias reciban boletas desproporcionadas por consumir recursos básicos para su día a día. Una idea que no contempla que el mercado interno se derrumba, que aumenta el desempleo y principalmente que los privados pueden aprovechar su condición de monopolios naturales para fijar tarifas excesivas.
Agua pesada
Las boletas de agua registrarán subas muy pronunciadas si se aprueba el 209 por ciento de aumento para el área metropolitana que solicitó Aysa en la reciente audiencia pública convocada por la Secretaría de Obras Públicas. Esto significaría que un usuario residencial de la zona alta de la Ciudad de Buenos Aires pasaría de pagar 9.962 a 30.784 pesos en la factura mensual. Para la zona baja, iría de los 1.735 pesos actuales a 5.360.
En tanto, para más de 300.000 usuarios no residenciales -como comercios e industrias- las tarifas promedio de agua y cloacas pasarían de 23.102 en marzo a 71.386 en abril, siempre considerando números sin impuestos. Este último punto es clave: algunos comercios pagan hasta 40 por ciento más de ese valor por carga impositiva.
Pero las subas no se agotarían en abril. La propuesta agrega un mecanismo de actualización mensual siguiendo variables como el índice de inflación. En otras palabras: desde hoy la boleta se triplicaría y a partir de ahí, seguiría ajustando por precios.
Oscuro abril
La luz es el tercero de los servicios públicos que corona un golpe desmesurado al bolsillo. Los aumentos en el precio mayorista, el transporte y la distribución de la electricidad llegaron en febrero y se pagaron con las boletas de marzo. Pero las tarifas de abril recibirán el impacto de la nueva fórmula de indexación mensual que combina las variaciones en la inflación minorista, en la mayorista y en el índice de salarios.
El combo de subas del gas, el agua y la electricidad tiene un impacto letal para el mercado interno por varios motivos. Uno de los más importantes es que comprime el ingreso disponible de la población para consumir e impacta directo en las ventas de las empresas que producen para el mercado interno.
El círculo vicioso de las tarifas sigue girando porque también aumenta los costos de los comercios y las industrias, en un momento de bajo consumo, para amplificar el efecto recesivo. El resultado es catastrófico para la economía real y un mercado laboral que ya muestra las señales de tensión.
Esta situación se amplifica todavía más porque hoy empezarán a correr aumentos para sectores como el del transporte. Los usuarios que no cuenten con una tarjeta SUBE registrada pasarán de pagar 270 a 430 pesos el boleto mínimo de colectivo. En los ferrocarriles metropolitanos el incremento será aún mayor, al pasar de 130 a 260 pesos, o sea un salto en el boleto del 100 por ciento.
En los próximos meses se aplicarán además incrementos para todo el padrón de usuarios. En el AMBA iban a empezar a verse este mes (un 36%), pero el gobierno definió estirarlos para más adelante. Los colectivos y trenes tienen un impacto directo para el humor social porque son costos que millones de personas registran a diario al trasladarse al trabajo y otras actividades.
La quita de subsidios y aumento de los pasajes es una forma indirecta de afectar el salario. Es un punto simple para pensar que el ajuste sobre el gasto público (que implica entre otras cosas reducir los subsidios al transporte) no recae sobre la casta ni la política sino sobre la población.
Naftazo y después
El combustible es otro de los aumentos que se suma a la ola de remarcaciones de abril, muestra que la inercia sigue presente y que bajar la inflación en base a recetas exclusivamente monetarias no lleva a buen puerto.
Las naftas y el gasoil tendrán nuevas subas del 5 por ciento mensual, que impactan en los surtidores y al mismo tiempo alteran la estructura de costos de toda la economía por el peso de los combustibles en la logística. En cuatro meses, acumulan una suba del 106 por ciento. Una paradoja de este punto es que parte de la suba se explica por la aplicación de un aumento de impuestos al sector (a contramano del relato oficial).
La ola de incremento en los precios es de largo alcance y existe una lista larga de otros servicios también subirán en abril. Por ejemplo, las prepagas continúan en una espiral desconcertante. Desde que comenzó 2024 acumulan saltos superiores al 100 por ciento y para este mes habrá nuevos ajustes de hasta casi 20 por ciento. Sobran los casos de usuarios que advierten que la cuota mensual se duplica mes a mes desde febrero.
Otros servicios que también impactarán en los presupuestos familiares son los de educación privada, renovación de contratos de alquiler y peajes en rutas nacionales. A esto se suma la inminente liberalización de las tarifas de telecomunicaciones como internet, TV por cable y telefonía, que estaban reguladas como servicios públicos esenciales, y la desregulación total de los alquileres.
Las consecuencias para los próximos meses de este tsunami de aumentos en servicios indispensables para el día a día de familias, comercios e industrias son desgarradoras. Se postergarán consumos, actividades e innumerables proyectos personales para poder pagar tarifas y cuotas de servicios astronómicas. Un nivel de sacrificio y austeridad injustificables si no se considera el apuro por elevar las ganancias de una minoría de incalculable poder económico.
RIO TURBIO
YCRT: gremios con plazo de 180 días para discutir el convenio laboral ante Nación

El interventor de la minera, Pablo Gordillo Arriagada, explicó en exclusiva a La Opinión Austral que la sociedad anónima entrará en vigencia a los 60 días del Decreto Nº 15. Los trabajadores pueden ser accionarios y formar parte del directorio. ¿Qué pasará con la usina 240?
La Opinión Austral entrevistó en exclusiva al actual interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, para conocer el presente de la única mina a carbón del país luego que el presidente de Argentina, Javier Milei, la convirtiera en la futura Carboeléctrica Río Turbio SA con la publicación del Decreto Nº 115/2025.
Explicó que desde el 24 de febrero pasado, fecha en que se publicó en el Boletín Oficial el decreto, hay un margen de 60 días para que la sociedad anónima entre en vigencia. Asimismo, se otorgaron 180 días para que el Gobierno nacional debata el régimen laboral con ATE, Luz y Fuerza, La Fraternidad y APS.
Asimismo, ratificó que el rumbo productivo es la venta de carbón y generación de energía. Marcó que el Gobierno nacional no invertirá dinero para la finalización de la construcción de la usina de 240 MW. Se estima que la inversión rondará los USD 30 millones.
Otro aspecto de importancia es que el futuro directorio de la sociedad anónima estará integrado por cinco personas, de las cuales habría dos designaciones del Estado nacional en las áreas de Energía y Minería. Los trabajadores podrán nombrar a dos representantes en el directorio.
Después del decreto
LOA: ¿Cuál es el presente de la minera luego del decreto presidencial?
PGA: La sociedad anónima como tal aún no funciona. Hay que armar las asambleas, integración de directores y hacer todo el trabajo contable que queda por delante. Por un lado, avanzamos con el inventario de la empresa. Nunca tuvo uno aprobado, los informes de la SIGEM todo fueron objetados, por lo que se concluye que algo se hacía mal o no se presentaba.
Hay un equipo de dos contadores y seis personas que trabaja en el relevamiento de los bienes, esencialmente los inmuebles. Además se inició un trabajo con Tesorería del Estado para transferir los inmuebles. En ese esquema, entre inventarios y balances, hay 60 días de plazo.
El otro dato es que se trabaja para armar tres balances, la compañía no concluyó con el de 2023 y se debe sumar el de 2024 y los meses que transitamos de 2025, según informó la Agencia de Transformaciones Públicas.
Asimismo, ya comenzó la convocatoria a los gremios para trabajar los convenios. Se hizo un primer encuentro para explicarles cómo será la negociación y qué convenios colectivos de trabajo van a seguir o qué colectivos nuevos se van a aplicar.
LOA: ¿Es un debate en el que participa la intervención de YCRT?
PGA: Esto será llevado adelante por el Gobierno nacional con los gremios, nosotros no intervenimos.
En todas las empresas del Estado se convocó a los sindicatos para debatir qué convenios colectivos seguirán. Es un tema no menor que llevará su proceso. Según el decreto, hay una ventana de tiempo de 180 días de trabajo para llegar a un acuerdo en el régimen laboral.
Además, se habilitó el ingreso al Estatuto de los trabajadores y gremios como accionistas. Se analiza cómo se integrarán las acciones clase C.
También es oportuno aclarar que a la empresa se le estableció un capital inicial,pero no es el verdadero valor. Muchos piensan que la compañía vale 30 millones de pesos, pero es sólo la garantía inicial. Se trabaja para capitalizar YCRT y para eso es necesario concluir con los inventarios, y entre los bienes muebles e inmuebles hay que definir el valor fiscal de la empresa.
LOA: Una vez que se conoció el decreto, desde la intervención se indicó que los salarios están garantizados. ¿Es así?
PGA: Sí, están garantizados. Para la liquidación de este mes viajo a Buenos Aires, sucede que con la figura de la carboeléctrica nos modificaron todos los códigos para hacer una transferencia. Esto generó que los sueldos estén garantizados desde el Estado nacional, pero sin poder ser acreditados. La firma del pago está y ahora hay un retraso con los nuevos códigos.
LOA: ¿Cómo es que los trabajadores pueden transformarse en accionistas?
PGA:Trabajadores y gremios pueden formar parte de las acciones y del directorio. Hay que avanzar en alguna de las asambleas y definir cómo se va a integrar el régimen de participación privada, esto fue solicitado por los sindicatos desde un primer momento.
En su momento se habló de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM), tranquilamente se puede ir hacia ese esquema. La sociedad anónima puede se un primer paso para que luego se integre cierta cantidad de acciones para los mineros.
De esta manera, los asalariados y gremios quedarán involucrados en el control de la empresa, más allá que el Estado sostiene el 51% de las acciones.
El desafío es cómo se da ese trabajo a futuro y cómo los trabajadores asumirán la responsabilidad de designar a una o dos personas para integrar el directorio, que estará compuesto de cinco integrantes. El cargo tiene mucha responsabilidad, se responde con el patrimonio de cada persona.
Vienen tiempos de gran responsabilidad y previsión. La empresa puede salir adelante si vende carbón y produce energía.
Las críticas vienen por el lado de que desaparece el esquema de empleo público y se va hacia el contrato de trabajo, pero no hay que perder de vista que el Estado lo hizo con todas las empresas y está firmado en un DNU y una ley.
Ahora, esto no implica que se negocien los convenios colectivos y que no se sigan manteniendo los derechos vigentes de los trabajadores.
LOA: ¿Cómo va el debate con los sindicatos de YCRT?
PGA: Hubo varios encuentros y se comenzó a vincularlos con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Desde la intervención e YCRT no tenemos participación en ese debate, pero podemos hacer un vínculo y trabajar para que se mantengan los derechos actuales. Al igual que la estabilidad laboral, vinimos con un plan de reactivación y el objetivo es no dejar a nadie afuera. Hay que producir para sacar adelante a la empresa.
LOA: ¿Cómo recibieron los gremios el escenario que se avecina?
PGA: ATE fue el que peor recibió. Fue muy crítico conmigo, pero es una decisión del presidente Javier Milei. Trato de acercar las partes para que el camino a transitar sea de la mejor manera. Hay antecedentes que en otras esferas del Estado no se tocó el convenio colectivo de trabajo.
Desde ATE aseguran que el presidente no tiene la facultad de decretar una sociedad anónima, sin embargo, el Gobierno ya avanzó en este sentido con más de 10 empresas.
En este escenario intervino la Provincia para señalar a las autoridades del Estado nacional que YCRT es un caso diferente y complejo, se lo planteó que no hay dónde reubicar al personas, entonces sí o sí hay que reactivar el proyecto.
LOA: ¿Nación planteó la necesidad de achicar los puestos de trabajo?
PGA: No. El planteo es una reducción del déficit mes a mes. Se presentaron dos proyectos de reactivación de la usina 240 y no los aceptaron. Dijeron que son casi 30 millones de dólares quetiene que conseguir la empresa con inversión de un privado, aseguraron que el Estado no lo va a financiar. Entonces se aceleran los tiempos para motivar al inversor privado.
LOA: ¿A cuánto haciende el déficit?
PGA: En este mes en curso vamos a pagar 6.800 millones de pesos. El cálculo anual es de cien mil millones de pesos.
Hemos reducido mucho el déficit, fuimos cancelando deudas tributarias y fiscales. Vamos a mantener el CUIT y hay obligaciones que deben estar al día.
Mineral
LOA: ¿Cómo resultó la venta del carbón por subasta?
PGA: Las 30 mil toneladas están colocadas, resta un estudio que hizo la empresa que compró el mineral. Tiene que armar la ventana de carga, implica que el mineral tenga la humedad para ser transportado. Mientras tanto, la empresa está designando el buque que podrá cargar el carbón.
Creemos que la venta se concretará en el transcurso de este mes.
LOA: ¿Y la producción, cómo sigue?
PGA: Tenemos más toneladas extraídas. Queremos armar lotes de ventas para avanzar en otras transacciones.
Pero hay que hacer otro trabajo posterior a la venta, sucede que la compañía hace más de 10 meses que no aplica gastos operativos,entonces hay inconvenientes con elementos de protección personal, repuestos e insumos. Esto nos impide tener un plan productivo vigente.
Carbón y producción hay, se tiene que trabajar en los otros aspectos. Creo que cuando tengamos acomodado lo financiero y contable, deberemos atraer a los inversores para que pongan en marcha la usina en seguida.
El cálculo preliminar es que si vendemos carbón cada 60 días y generamos energía con un solo módulo -entre 80 y 90 MW-, el déficit se reduce a cero y se cubren todos los salarios.
De esta manera, los pueblos de la Cuenca Carbonífera siguen de pie con la esperanza intacta de vivir del valor agregado del carbón.
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