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Un femicidio cada 33 horas: en 11 meses se registraron 231 en el país

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En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Defensoría del Pueblo de la Nación publicó las cifras preliminares de los femicidios ocurridos desde enero hasta el pasado 15 de noviembre.

En un poco más de 11 meses en el país se registraron 231 femicidios, es decir, uno cada 33 horas, según cifras del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Los datos se dieron a conocer en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Del total de casos registrados, 190 fueron femicidios directos, 22 vinculados, otros seis de personas Trans y 13 fueron suicidios feminicidas.

Este observatorio fue el primero en incluir y desarrollar el concepto de suicidios feminicidas e insiste en visibilizarlos, ya que según argumentan: «Se producen cuando se comprueba que las mujeres se quitan la vida como consecuencia de los abusos sistemáticos y la violencia de género que sufrieron».

«Aunque la cifra de femicidios continúa siendo preocupante, se pudo percibir una leve disminución de la cantidad de casos de femicidios directos, vinculados y transfemicidios en relación con el 2020 y el 2021. No así en los casos de suicidio feminicida, que continúan en ascenso: durante el mismo período del año 2020, se contabilizaron 2 casos y en 2021 se registraron 11 casos», informó el Observatorio en un comunicado.

En el relevamiento presentado, se indica que el promedio total recuenta cinco femicidios por semana; que en el 64% de los casos el hecho ocurrió en la vivienda de la víctima o el domicilio compartido con el victimario; y en un 80% se comprobó la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario.

Otro de los datos relevados determinó que el apuñalamiento, uso de armas de fuego y los golpes fueron los métodos más empleados para cometer los femicidios, y que 13 mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas.

En cuanto a la distribución geográfica: el mapeo del relevamiento indica que Tierra del Fuego encabeza la lista de provincias con más femicidios, en proporción con su población, seguida por Santa Fé, Jujuy, Santiago del Estero y La Pampa.

Se registraron 179 niñas y niños que se quedaron sin sus madres porque fueron víctimas de femicidio, algunas de estas víctimas colaterales fueron testigos presenciales de los hechos.

También se pudo determinar que el 18,1% de las víctimas realizó al menos una denuncia por violencia de género previamente al femicidio.

«Estas muertes de mujeres se podrían haber evitado si los dispositivos de protección hubieran funcionado correctamente. También, muchas de las familias de las víctimas reclaman que las mujeres fueron ignoradas en múltiples ocasiones al intentar denunciar a sus agresores», se señaló.


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La Justicia falló a favor de Chubut: obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación

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  • El fallo es del Juzgado Federal de Rawson n° 1.
  • El Gobierno de Milei deberá girarle a la provincia los 13.500 millones de pesos que le había retenido.

La Justicia falló a favor de la provincia de Chubut en la disputa que mantiene su gobernador Ignacio Torres con el presidente Javier Milei. El fallo del Juzgado Federal de Rawson n° 1 obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación.

Se trata de los 13.500 millones de pesos que el Estado nacional había retenido y por los que se había abierto un fuerte conflicto entre la administración nacional y los gobernadores.

El fallo ordena el «cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos; ello, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso».

En el segundo punto resolutivo, exhorta a ambas partes a que arbitren «medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial».

La resolución del juzgado además sostiene que al guardar silencio ante las solicitudes de refinanciación y autorización de endeudamiento efectuadas por la provincia del Chubut, el Estado Nacional habría perdido de vista los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal, que impedían adoptar medidas intempestivas que afecten seriamente a las provincias, en este caso a Chubut.

Para el fallo, en este caso se encuentran en juego los principios de solidaridad, equidad, automaticidad y funcionalidad.

«Que respecto de la automaticidad en la remisión de los fondos la misma tendría a evitar el bloqueo de los recursos usados como herramienta de presión política a las provincias por parte del gobierno federal». Y afirma que el Estado Nacional «estaría bloqueando recursos coparticipables como herramienta de presión política a la provincia del Chubut, lo que implicaría una manifiesta vulneración del principio de automaticidad».

La Justicia Federal pone bajo la lupa el cambio de actitud de la Casa Rosada para con la provincia de Chubut. «habiendo el Estado Nacional asistido financieramente a un Gobierno Provincial saliente, con mayor razón debería apoyar y flexibilizar su política de saneamiento y refinanciación de deudas publicas provinciales -accionar que habría sido aplicado a la provincia en el pasado cercano, tan solo distante doce meses atrás-, máxime cuando tampoco ha variado el marco normativo», explica.

Y apunta que la decisión del Estado es «irracional» porque es «contrario a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda ahora en pugna, pues, encontrándose en una posición claramente dominante, decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa».

«A su vez omite adoptar medidas paralelas que amortigüen los efectos negativos que en la economía de la accionante provoca el dejar de percibir de manera diaria los fondos coparticipables que le corresponden. En efecto, una media de tal naturaleza repercute negativamente en las arcas provinciales, poniendo en situación de riesgo el cumplimiento de funciones esenciales», sostiene el fallo del juez Hugo Sastre, titular de Juzgado Federal N°1 de Rawson.


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