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Un encuentro tardío, pero sin respuestas positivas

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Con Posse y Francos se habló de paritarias, despidos y obras sociales. El gobierno reconoció errores y prometió cambios. La central obrera define hoy su plan de lucha.
Felipe Yapur

Por Felipe Yapur

La CGT entró por primera vez a la ahora libertaria Casa Rosada. El encuentro fue con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos, entre otros. Ambos sectores coincidieron en señalar que la reunión –que duró tres horas– fue «constructiva, reflexiva y sin violencia». Sin embargo, la aceptación por parte del gobierno de no tocar la ultraactividad de los convenios colectivos y mantener la cuota solidaria que los gremios reciben de los trabajadores no afiliados –que estaban incluidas en el nuevo proyecto de ley ómnibus–, no resultó suficiente como para que la central obrera detenga el plan de lucha, con paro y movilización, que hoy definirá durante la reunión de su consejo directivo. Igual acordaron continuar con una «mesa de diálogo» y acelerar la homologación de los acuerdos paritarios.

Según confesaron algunos de los sindicalistas que participaron del cónclave, los ministros de Milei no se mostraron soberbios, «sino más bien parecían funcionarios que sienten que el gobierno no va todo lo bien que ellos dicen». En ese sentido, indicaron que tanto Francos como Posse «se mostraron preocupados en evitar que se profundice la conflictividad gremial». De todas maneras, señalaron que las propuestas del gobierno de quitar artículos repudiados por la central obrera en la «reforma laboral» que incluye el nuevo proyecto de ley ómnibus, no son suficientes. Que todavía hay mucho por hablar.

La delegación sindical fue encabezada por los triunviros Héctor Daer y Carlos Acuña. Se sumó también Hugo Moyano en reemplazo de su hijo Pablo, notoriamente enfrentado al gobierno por la falta de homologación del acuerdo paritario acordado con las cámaras patronales, una responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Trabajo. También estuvieron Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Marina Jaureguiberry (SADOP); Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio); Susana Benítez (SATSAID); Jorge Sola (Seguros); y Oscar Rojas (Maestranza).

La versión del gobierno

Francos hizo nuevamente la veces de vocero de la reunión ante la mudez permanente del jefe de Gabinete Posse. El ministro del Interior dijo que el encuentro es otra muestra del «diálogo que se mantiene con todos los sectores y trabajando para la construcción de consensos que nos permitan llevar adelante las reformas que necesita la Argentina».

Poco después, en una entrevista televisiva Francos justificó las medidas de acción directa de la central obrera por «el momento de crisis que vivimos, ellos tienen reclamos por hacer». Luego, y en referencia al paro del 24 de enero, dijo que se trató de «una confrontación inicial, no buscada, a partir del capítulo laboral que incluye el DNU 70».

En cuanto al reclamo que hay por la falta de homologaciones de los acuerdos paritarios alcanzados, el ministro lo relativizó. «Vamos a tratar de encontrar un forma para llegar a un acuerdo con ese tema», dijo Francos. 

Sin embargo, los sindicalistas dieron una versión diferente al señalar que destacaron que la decisión de frenar las actualizaciones salariales no solo es «horroroza» sino que es una contradicción del gobierno que promueve la libertad de mercado, pero «impiden los acuerdos entre gremios y empresarios». 

Según los sindicalistas, fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, allí presente, el que reconoció los atrasos en la homologación y justificó la demora «en el cambio de conducción de la Secretaría» y la llegada de nuevos funcionarios. En ese sentido, dijeron los gremialistas, que el gobierno se comprometió a normalizar pronto el proceso de homologación. 

Las quejas

Si el «retraso» en la homologación de las paritarias fue uno de los primeros reclamos, el segundo fueron los despidos en el Estado. En este tramo del encuentro tomó la palabra el titular de UPCN, quien rechazó la decisión adoptada por el gobierno de Milei y les recordó que hay un amparo presentado ante la justicia para frenar las miles de cesantías implementadas. 

Los funcionarios, entre los cuales también estaba el asesor presidencial Santiago Caputo, se limitaron a escuchar y mirar sin pronunciar palabra. Una actitud que anticipa que la conflictividad no se detendrá.

También hubo quejas sobre las obras sociales. Ahí fue el turno de Lingeri que planteó la necesidad de darle una salida a la crisis que viven estas organizaciones que regentean los gremios. Otra vez caras serias, atentas, pero en silencio.

Entre lo que faltó debatir, intercambiar ideas o simplemente citar, fue la nómina de empresas públicas que el gobierno insiste con privatizar. De eso no hablaron.

Plan de lucha

Una vez que finalizó el encuentro, la delegación sindical se retiró en silencio. No hubo conferencia de prensa y mucho menos comunicado. De hecho, la CGT no le llevó a los funcionarios el documento de 13 páginas que dieron a conocer en la mañana de ayer y que lleva como título: Agenda para un nuevo contrato social. Hacia un país con producción, desarrollo y trabajo. Tal vez no se la presentaron porque estaban frente a los representantes de un gobierno que solo promueve la libertad de mercado.

Hoy, el consejo directivo de la CGT se reunirá. Estarán presentes lo que participaron del encuentro en la Rosada y el resto de los integrantes del consejo cegetistas. Allí deberán definir el plan de lucha que hasta la aparición del contacto entre Francos y Daer, se encaminaba a un paro y movilización. 

Lo conversado con el gobierno no resultó ni siquiera suficiente como para detener estas dos acciones. Pero hay también razones de orden político interno de la central sindical. La conflictividad que genera el gobierno, con despidos, desprotección de los sectores más vulnerables, la pérdida constante de poder adquisitivo, hace imposible siquiera pensar en una tregua o posponer las acciones directas.

Es por eso que prevalece la idea de continuar con la movilización del 1º de mayo y anunciar ahí una huelga nacional porque si no lo hacen, se arriesgan a que la multitud coree, como en marzo de 2017, «poné la fecha…».

Francos dijo que con la CGT no se habló de ese tema. Dijo que tienen derecho a hacer medidas de fuerza, pero advirtió que «hasta que pongan la fecha nosotros trataremos de convencerlos de que no es necesario, que vale más la conversar porque el paro no ayuda a nadie».


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Ida y vuelta de los aumentos en mayo

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El Gobierno postergó subas de luz, gas e impuesto a los combustibles para amortiguar otros aumentos. Colectivos y subtes, en espera.


Por Mara Pedrazzoli

Entre varias idas y vueltas respecto a los aumentos de precios liberados (y regulados) por el Gobierno, los incrementos programados para mayo impactarán directamente sobre consumos esenciales como combustibles, transporte, el servicio de internet y comunicación, colegios privados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y alquileres. Se suman a los amplicados entre enero y abril, de modo que inclusive en el caso de las subas postergadas –como en luz, gas y algunas prepagas-, la comparación contra las tarifas en igual mes del año anterior todavía superan a la inflación general. Según el Indec, el aumento en los precios “regulados” acumulado en el primer trimestre del año fue del 81 por ciento interanual, mientras el nivel general de inflación ascendió a 51 por ciento.

Para empezar, en la mañana del miércoles 1 de mayo las petrolerassubieron el valor de los combustibles entre 4 y 5 por ciento. Un ajuste que obedeció al incremento en los costos por la suba del dólar -topeada por el Gobierno en 2 por ciento mensual- y a la recomposición para alcanzar niveles cercanos a la “paridad de exportación”, hoy unos 20 dólares arriba de los precios internos. En principio, los combustibles iban a subir casi 10 por ciento en mayo, dado el traslado por la corrección de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), que fue suspendida hasta junio por el Gobierno por una decisión de último momento. Las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal evidenciaban que este ajuste del ICL hubiera sido más alto pues correspondía aplicar los precios del cuarto trimestre del año pasado, que habían rebotado debido a la devaluación de diciembre.

Así, el aumento aplicado inicialmente por YPF estuvo por debajo de las remarcaciones promedio de marzo y abril del 6 por ciento mensual. En mayo, la nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de 837 a unos 870 pesos, mientras la nafta premium avanzó de 1.033 a 1.074 pesos. Mientras el gasoil común dejó de costar 883 para pasar a venderse a un valor cercano a 918 pesos, y el gasoil premium avanzó de 1.123 a 1.167 pesos, considerando los valores más económicos del mercado. Tomando como ejemplo CABA, en los últimos doce meses el precio del litro de nafta súper pasó de 163,10 a 744 pesos, con lo que registró un incremento total del 356 por ciento en el período.

En el caso de los servicios públicos de luz y de gas, a partir de este miércoles debía regir la indexación mensual atada a la inflación que estipulaba la nueva fórmula sancionada por el Gobierno. Sin embargo, hasta el martes a la noche los entes reguladores, Enre y Enargas, no habían recibido la información correspondiente a los nuevos cuadros tarifarios. Ante la sorpresa de las empresas del sector, el Gobierno decidió pisar los ajustes que involucraban subas de entre 10 y 12 por ciento para las distribuidoras de energía eléctrica y gas y para las transportistas de gas. Dichos aumentos representaban un incremento cercano al 5 por ciento en las facturas finales de los servicios que el oficialismo prefirió evitar. Igualmente, desde enero acumulan un alza del 150 y 450 por ciento, respectivamente.

En un nuevo traspiés heterodoxo del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mantener las tarifas pisadas al menos un mes para ayudar a la desaceleración inflacionaria. La regulación de los servicios esenciales comenzó a ser entendida por el oficialismo desde una lógica menos simplista y dogmática de lo que intrepreta sobre la inflación, como un fenómeno exclusivamente monetario.En la mañana del miércoles 1 de mayo, el ministro escribió en su cuenta en la red X: “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, para explicar las postergaciones de los aumentos, con lo cual también reconoció que dejar de emitir para cubrir el déficit no condujo a la estabilidad de precios como había asegurado. Ahora necesita detener la suba de tarifas.

El congelamiento del ICL, de los aumentos en la luz y el gas, sumados a la exigencia de rebaja en las cuotas de siete medicinas prepagas deben leerse como un llamado de atención dentro de la propia lógica del Gobierno. Las idas y vueltas en materia de liberalización de precios minan el discurso libertario y su apoyo social ante la inmanente erosión en el poder adquisitivo de los salarios. 

El Gobierno ya había suspendido la aplicación de una fórmula indexatoria en su debut con la tarifa de los colectivos y trenes en el Amba durante abril. Ahora en mayo es una incógnita qué pasará con los colectivos ante la amenaza de un paro de choferes este jueves. Los colectivos ya sufrieron un alza del 29 por ciento en febrero.

En tanto, el próximo 6 de mayo sí subirá un 54 por ciento el boleto de tren en el Amba. El esquema tarifario para los servicios que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa quedará de la siguiente manera: con tarjeta SUBE registrada en la primera sección valdrá 200 pesos, en la segunda 260 pesos y en la tercera 320 pesos, mientras con tarjeta sin registrara costará el doble, y algo menos de la mitad con la tarifa social.

En el caso del boleto de subte, se espera un aumento del 359 por ciento, pues pasará de 125 a 574 pesos aunque se desconoce a partir de qué fecha concreta del mes por cuestiones administrativas. El Gobierno porteño demoró la publicación de la medida en el Boletín Oficial y aún no confirmó cuándo lo hará, con lo cual también se desconoce si luego se aplicará el segundo incremento previsto para el 15 de mayo, que lleva el pasaje a 667 pesos. El siguiente incremento estaba anunciado para el 1 de junio, hasta los 757 pesos.

Asimismo, los colegios privados bonaerenses aplicarán un incremento del 6,7 por ciento en sus cuotas, con variaciones dependiendo del nivel educativo y la subvención estatal. Los jardines con 100 por ciento de aporte costarán hasta 17.500 pesos, mientras la secundaria con subsidio del 40 por ciento hasta 102.500 pesos.

También las tarifas de internet, cable y telefonía sufrirán un ajuste que oscilará entre el 10 y el 20 por ciento dependiendo del proveedor y el tipo de servicio contratado. Y por último, los alquileres que quedaron dentro de la Ley de Contratos de Locación tendrán un incremento del 221 por ciento mientras aquellos firmados después de la derogación tendrán un ajuste “según el mercado” y las condiciones particulares de cada caso.


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