Un desmedido operativo represivo se desplegó sobre la mayoría de los organismos del Estado el mismo día que la administración libertaria dejó en la calle a unos 15 mil empleados públicos. Delegados de ATE realizaron asambleas y actos en sus lugares de trabajo, y en algunos casos fueron reprimidos. Los contratos de quienes no fueron cesanteados se renovaron por apenas tres meses más. Los gremios convocaron a un paro en unidad para este viernes. 

Por Matías Ferrari

Durante varias horas, en los pasillos y las oficinas de los organismos del Estado hubo más efectivos de las fuerzas de Seguridad que trabajadores. Los edificios de casi todos los ministerios amanecieron bloqueados desde temprano por operativos de Prefectura, Policía de la Ciudad y hasta de la Policía Aeroportuaria: ésa fue la forma en que el Gobierno decidió darles a conocer a miles de empleados públicos que habían sido despedidos. Muchos ya habían recibido, durante el fin de semana largo, el telegrama o el mail con la comunicación oficial de que sus contratos no habían sido renovados; otros terminaron de confirmar en el momento que estaban en la calle. Bajo la lluvia de la mañana, cobijados por los paraguas verdes y blancos de ATE Nacional y ATE Capital, cientos de delegados y referentes gremiales intentaron dar una respuesta. Algunos pudieron ingresar al hall de sus dependencias para hacer asambleas –en el INADI lo hicieron a pesar de la represión–, y otros realizaron radios abiertas para denunciar el plan motosierra. En suma, el primer día hábil después de semana santa dejó una nueva postal característica de la era Milei: protestas masivas en defensa de derechos recortados, desguace de políticas públicas y la aplicación del protocolo anti-piquetes como principal respuesta de las autoridades.

“El ministerio amaneció militarizado, con mucha más policía de lo habitual y un clima muy tenso. Armaron un ingreso para los trabajadores del ex ministerio de Desarrollo Social y otro para Salud. Nuestra idea fue armar un gazebo sobre la plazoleta de Moreno y Lima, y nos provocaron todo el tiempo para forzar una represión, que evitamos. Pudimos hacer un acto y vamos a seguir peleando por la reincorporación, porque en nuestro ministerio tenemos despedidos de planta permanente, otros con enfermedades oncológicas, otros con certificado de discapacidad y hasta hay un ex combatiente de Malvinas en la lista negra. No hubo criterio, fue todo al voleo. Estamos enfrentando un programa de desguace del Estado”, contó a Página/12 Ingrid Manfred, delegada de ATE Capital en el Ministerio de Capital Humano, el más afectado por el plan motosierra, con unos 1.200 despidos en total.

«Por la magnitud del recorte, está claro que no fue una simple tanda de despidos en el Estado. El Gobierno tiene el objetivo de ir por los derechos de todos los laburantes, no sólo del sector público. Y fue mensaje para todos. Por eso, a sabiendas de que nos vamos a organizar todos juntos y que la respuesta iba a ser colectiva, nos esperaron con el ministerio militarizado”, apuntó por su parte Daniela Francia, también delegada de ATE Capital en el exministerio de Trabajo, que sufrió otras 500 cesantías.

En el exministerio de Trabajo, los trabajadores pudieron evadir el bloqueo policial –había prefectos en el hall de ingreso y también repartidos en los distintos pisos, para controlar quién entraba y quién salía– y realizaron una asamblea dentro del edificio de Paseo Colón. Antes, hubo un acto masivo, del que participaron Hugo Yasky, de la CTA, y Sergio Palazzo, de La Bancaria, y Abel Furlán, secretario general de UOM, entre otros. Allí hubo llamados a la unidad y también pedidos de un paro nacional. Los estatales, por su parte, decidieron empezar por el suyo propio, que tendrá lugar este viernes, con una movilización al ministerio de Economía. 

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), a través de su Secretario General, Andrés Rodríguez, anunció en tanto que presentará este jueves una acción de amparo colectiva para frenar las cesantías. «Mediante esos actos arbitrarios, compulsivos y discriminatorios, se vulneran derechos establecidos en el Artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que consagra al trabajador público como sujeto de preferente tutela, garantizándole estabilidad propia en el empleo», dijeron desde el gremio en un comunicado. 

En el edificio del INADI la cosa pasó a mayores cuando los trabajadores quisieron ingresar y fueron reprimidos por la policía. “Nuestra idea fue hacer un abrazo simbólico y una asamblea. Al ingresar, nos topamos con que empezaron a meterse más y más efectivos por una de las puertas laterales del edificio. Hasta que fueron centenares. Prácticamente nos desalojaron”, relató Nadia Fadic, de ATE Capital. Pese al anuncio del Gobierno, el INADI sigue en actividad: para cerrarlo, el oficialismo deberá conseguir que el Congreso lo apruebe por ley. Como no pudo hacerlo hasta ahora, se desquitó con los despidos: ya fueron más de 30, contando personas con cupo travesti-trans y también personas con discapacidad. “De alguna manera seguimos en un limbo, yendo a trabajar. Es lo que fuimos a hacer. Pero la policía quiso otra cosa”, completó la delegada.

Situaciones similares se vivieron en las dependencias de la Secretaría de Agricultura, el Servicio Meteorológico Nacional (con la Policía Aeroportuaria), el ex Ministerio de Educación, el CCK (donde hay varias oficinas de la Secretaría de Cultura), el Conicet y hasta en la ex Esma, donde insólitamente hubo efectivos armados. Los operativos impidieron el normal funcionamiento de cada organismo, y en muchos casos hubo trabajadores que se enteraron que estaban en la calle cuando intentaron loguearse en el Sistema de Gestión de Expedientes (SGE). En la Secretaría de Derechos Humanos ese tipo de arbitrariedades llegaron a su paroxismo cuando una de las secretarias de Recursos Humanos de Alberto Baños, el titular de la SDH, no se pudo loguear: también estaba en la lista negra. 

Siga el baile

La mayoría de los despidos se produjeron entre aquellos trabajadores con contratos precarios con el Estado, que se renuevan anualmente y que el actual Gobierno había extendido a fines de diciembre pasado por apenas tres meses, hasta esta semana. De acuerdo al vocero presidencial, Manuel Adorni, durante semana santa se terminaron de dar de baja 15 mil de esos contratos –los gremios calcularon menos, alrededor de 11 mil–. Adorni justificólos despidos con la motosierra: el objetivo fue «achicar los gastos», dijo el funcionario, el mismo que colocó a su propio hermano en Defensa con un sueldo de 2,5 millones de pesos. El vocero también amenazó a los gremios con supuestas “consecuencias legales” para aquellos delegados que –como se preveía durante la mañana– ingresaran a los ministerios para realizar asambleas, tal como había planteado ATE.

Concluídos los actos en cada ministerio, los gremios estatales confluyeron en un plenario en el que se definió que habrá un paro de estatales para este viernes con movilización al ministerio de Economía. «Les vamos a dar pelea y les vamos a sacar la motosierra», aseguró el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y resaltó que las ocupaciones pacíficas en ministerios y organismos públicos de la jornada se dieron «a pesar de que el Gobierno decidió llenar de policías todas las dependencias públicas».

Si bien los delegados continuaban en la noche del miércoles con negociaciones abiertas con los funcionarios para lograr algunas reincorporaciones, el paro convocado por ambas agrupaciones de ATE tiene también un objetivo a mediano plazo: en junio podría haber una nueva tanda de despidos. Es que los contratos de aquellos trabajadores que no entraron en la primera poda de esta semana fueron renovados apenas por tres meses más, tal como ya había sucedido en diciembre. Se trata de un universo de más de 50 mil laburantes, que siguen con la soga al cuello. 

Ese plan de estirar los contratos por apenas tres meses fue ideado en su momento por el ex director de «Modernización del Estado», Armando Guibert, quien antes de salir eyectado del gabinete por el escándalo salarial del Presidente diagramó el nuevo cronograma de direcciones y subsecretarías reducido de la administración libertaria. Lo hizo de la mano del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse. La precariedad de las contrataciones tiene un objetivo: el Gobierno apuesta a seguir puliendo la motosierra sobre el Estado –con su respectivo proceso de cierre de programas y políticas públicas, transversal a todos los ministerios– antes de terminar de diagramar su propia «dotación óptima» de personal. Por ahora lo hace de forma, al menos, desprolija: varias de las direcciones siguen vacantes, sin funcionarios con firma para tomar decisiones, y en la poda cayeron trabajadores protegidos por las distintas leyes de empleo público, entre ellas con alguna discapacidad o contratados por cupo. 

El propio Javier Milei ya adelantó que su deseo es elevar la cifra a 70 mil despidos. «A fines de junio vuelve el baile», confiaba un delegado gremial sobre el panorama que se avecina.