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Tensión en Vaca Muerta por posibles incidentes antes y durante la elección de los petroleros

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Referentes de la lista opositora a la conducción del poderoso Sindicato de Petróleo y Gas advirtieron que barra bravas de Godoy Cruz se vieron por Añelo; además pidieron por los padrones y por la intervención de un Nobel de la Paz.

A 99 kilómetros de la ciudad capital de Neuquén, el viajero se encuentra con el “médano de la amenaza” o, con lo que los lugareños conocen, como el “paraje del muerto”.

Son dos posibles traducciones del nombre mapuche Añelo, ciudad que es reivindicada como la capital de Vaca Muerta y que desde que se descubrió el yacimiento gasífero y petrolífero, en 1931, posee el potencial de convertirse, en algún futuro próximo, en la Texas o Dubai del Cono Sur.

Durante los próximos siete días, Añelo vivirá en máxima tensión y nerviosismo porque el 20 de octubre se realizará la elección de renovación de autoridades del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, en el que estarán habilitados para votar 21.475 afiliados que podrán elegir entre tres listas, la oficialista Azul y Blanca, encabezada por Marcelo Rucci; la lista Naranja que postula a Máximo Mora y la lista Verde que preside Walter Zozaya.

La particularidad de esta elección, que mantiene en tensión al mundo de la política y de los negocios por los intereses y la influencia que posee el gremio en cuestiones petroleras, es la ausencia, por primera vez en 38 años, de Guillermo Pereyra, el histórico dirigente que se marcha a “cuarteles de invierno”, más precisamente a dirigir la mutual gremial, sin haber podido evitar una confrontación electoral por la conducción del sindicato que demuestra la debilidad con la que termina su gestión al frente de la entidad gremial más poderosa de la Patagonia.

Por ese motivo, la relevancia por conducir el sindicato más influyente del área energética, posibilitó que esta elección sea observada con especial atención por el mundo de la política.

La votación del 20 de octubre se convertirá en la cita electoral previa de las municipales de la ciudad de Neuquén del 24 de octubre y de las legislativas del 14 de noviembre donde el Movimiento Popular Neuquino (MPN) intentará retener una banca de diputado nacional que, en la actualidad, ocupa Alma Sapag.

De la misma manera que el Partido Justicialista tiene las 62 Organizaciones Gremiales como una herramienta político-sindical, el MPN, cuenta como propio al gremio petrolero. Y, esto es así porque Guillermo Pereyra, que intentará dejar la conducción a Marcelo Rucci y a sus dos hijos Flavio y Martín Pereyra, es una figura influyente en el MPN. El principal contendiente en esta elección gremial es Walter Zozaya de la lista Verde, que desde hace meses ha levantado la voz, de manera crítica, acerca de la dirección del sindicato, desde las quejas y reclamos de las bases de la organización sindical. Algunos miembros de la oficialista lista Azul y Blanca opinan que Zozaya está vinculado al ex intendente de Cutral Co y dirigente del Frente de Todos, Ramón Rioseco.

20 de octubre

Por otra parte, el sector empresario, observa con muchísima preocupación el resultado que dejará la elección del 20 de octubre porque un gremio desunido, con varios líderes emergentes ante la desafección de Guillermo Pereyra sólo puede traer mayor conflictividad laboral y reclamos sindicales más potentes que los que se pactaban con la conducción actual.

Este cúmulo de intereses está generando el clima propicio para que se caliente la elección con denuncias de amenazas, reclamos por ausencia de padrones o reglas poco claras durante el escrutinio que permitirían realizar fraudes alevosos. Además, de señalar la presencia en los alrededores de los centros de votación de personas identificadas como barra bravas del club Godoy Cruz de Mendoza.

Desde finales de la crisis del 2001, la barra de Godoy Cruz, llamada “la banda del expreso” se convirtió en una de las más importantes del país, si se contabilizan el dinero y los contactos que generó durante su accionar delictivo. Su integrante más reconocido, Daniel “Rengo” Aguilera cumple una pena de doce años de prisión por liderar una banda de narcotraficantes en Mendoza. Los del “Tomba” mendocino pueden codearse, sin problemas, con los violentos de Rosario o de Buenos Aires.

Una denuncia presentada por un adherente a la lista Verde señaló que los barras “…en Rincón de los Sauces van a realizar aprietes el día de las elecciones y llegarían a robarse las urnas”. Para los seguidores de Zozaya, el oficialismo va a perder claramente la elección por eso buscarán asegurar la concurrencia a los centros de votación y “queremos garantizarles a los compañeros la seguridad a quien concurra a votar porque va a estar presente la Gendarmería Nacional custodiando el acto eleccionario”.

En declaraciones a NA Walter Zozaya afirmó “queremos pedirle a la gente que vote en libertad, que tenga claro que el miedo se acabará a las 18 horas del 20 de Octubre, cuando ganemos la elección. También les pido que denuncien cada irregularidad que noten o vean ese día o en las jornadas previas”.

No fue fácil la incorporación de la lista Verde a la elección. Pereyra intentó una lista de unidad que, desde luego, no consiguió para asegurar la continuidad en el poder de la lista Azul e intentó impugnar, infructuosamente, los avales presentados por la lista de Zozaya, de Dante Gabriel Almendra, Luis Carez y Neslon Latini.

“Por este antecedente, de intentar que no compitiéramos, pedimos al ministro de Trabajo Claudio Moroni la presencia de veedores de la cartera que conduce. Es una elección trascendente que puede dejar atrás cuatro décadas de mandato único de Guillermo Pereyra en el pasado”.

Sin embargo, las irregularidades en la preparación del acto electoral se suceden. El desierto perforado por 400 pozos de fracking de la Cuenca de Vaca Muerta será el escenario de los centros de votación y esta irregularidad, que dificulta el traslado de los trabajadores que quieran sufragar, fue protestada ante las autoridades de Trabajo.

Letrados de la lista Verde explicaron “habitualmente se vota con un máximo 40 mesas y en lugar de fácil acceso pero, ahora que hay verdadera competencia, el oficialismo decidió montar 262 urnas en el medio de la nada, dentro de bases operadoras, de difícil acceso y control de fiscalización. Protestamos ante el Ministerio de Trabajo y, sus funcionarios, ordenaron que se cumpla la ley y que, cada trabajador, pueda votar en el establecimiento donde cumple sus funciones laborales según su DNI y recibo de haberes”.

La Providencia ministerial, intervención administrativa de elevación asentada en un expediente, del 14 de octubre pasado, firmada por Mónica Floria Rissotto, Directora Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo de la Nación, ordenó a Guillermo Pereyra “poner de inmediato, a disposición de la Lista Verde y entregar, ya sea en formato papel o en soporte magnético, el padrón de afiliados por establecimiento que, en los términos del artículo 15 del decreto 467/88 debe tener confeccionado”.

El padrón obtenido cuatro días antes del comienzo de los comicios es uno de los puntos que la oposición ha logrado solucionar. Existen otras exigencias de la conducción gremial que han sido objetadas por los sindicalistas opositores.

Por ejemplo, en un instructivo redactado por las autoridades del sindicato para las autoridades de mesa y su comportamiento y accionar durante el día de la elección, se anota que, una vez que el Presidente firma el certificado de escrutinio junto a los fiscales de las demás listas, “El/la Presidente/a guardará un juego del CERTIFICADO DE ESCRUTINIO (obligatoriamente firmado por todos los integrantes de la mesa) dentro de la Urna. Seguidamente se procederá a sellar la Urna con una faja tapando la boca o ranura, que firmarán el/la Presidente/a y los/as Fiscales presentes. Luego el/la Presidente/a llevará la Urna y el padrón PERSONALMENTE a la Sede de la Junta Electoral, Santa Cruz 267 –Primer Piso-, donde será recibida por un miembro de esta que hará entrega de una constancia”.

Es la última parte la que intentarán corregir desde la lista Verde. El presidente de la mesa no irá solo a la sede de la Junta Electoral que es la sede del Gremio de Guillermo Pereyra. Los sindicalistas quieren cuidar que la urna no se “pierda” por el camino o por las oficinas del sindicato.

Frente a tantas irregularidades previas que han sido denunciadas y ante un clima de nerviosismo que va creciendo, Walter Zozaya, contactó al premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para que peticione a las autoridades provinciales y nacionales por la seguridad de las elecciones en el sindicato.

Zozaya explicó “convocamos a observadores civiles que nos ayuden a observar las elecciones. Hay que dejar claro que al posible fraude lo paramos entre todos, cada trabajador petrolero en cada una de las 3 provincias, deben ser nuestros fiscales de manera autónoma, y cuidar su voto”, explicó el candidato.


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De penas y olvidos

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El pasado día viernes, durante mi intervención en el juicio oral de “Vialidad”, cuando mencioné los antecedentes jurisprudenciales del caso De la Rúa, sobre su responsabilidad en los trágicos sucesos que tuvieron lugar en nuestro país en los días 19 y 20 de diciembre del 2001 y que culminaron con el asesinato de varios ciudadanos argentinos, olvidé señalar algo muy importante.

No sólo De la Rúa resultó sobreseído por el juez Bonadío en la acusación por homicidio culposo -fallo confirmado por los camaristas Irurzun y Farah-, sino que además, los otros dos firmantes del decreto 1678 del 19 de diciembre de 2001, en el que se declaró el Estado de Sitio: el jefe de gabinete Chrystian Colombo y el ministro del Interior Ramón Mestre, ni siquiera resultaron acusados, pese a que el artículo 102 de la Constitución Nacional, establece la responsabilidad solidaria de los ministros sobre los decretos que firman. 

Tampoco se tuvieron en cuenta las responsabilidades que establece el artículo 100 de la Constitución Nacional para el Jefe de Gabinete, ambos funcionarios nunca fueron requeridos ni reprochados penalmente por los jueces de Comodoro Py.

Pero entonces ¿nadie fue condenado por la violencia que provocó tantos muertos en la plaza de Mayo y en el resto del país y que hizo colapsar la institucionalidad en la República Argentina?

El 23 de mayo de 2016 -15 años después- el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 dio a conocer la sentencia del juicio oral por la causa caratulada “Mathov, Enrique José y otros s/abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, en la que se investigan los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2001.

El tribunal, integrado por los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Adrián Martín Grünberg y Rodrigo Giménez Uriburu (el jugador del Liverpool, equipo que integra con el fiscal Luciani), impuso para Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad (organismo dependiente en ese entonces del Ministerio del Interior), 4 años y 9 meses de prisión y para Rubén Santos, ex jefe la Policía Federal, 4 años de cárcel.

En el proceso se investigaron los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y la tentativa de homicidio de Martín Galli y Paula Simonetti. También se investigan lesiones, en distinto grado, cometidas en perjuicio de 117 víctimas.

La sentencia fue apelada y el 2 de junio de 2020 – 19 años después- la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, confirmaron la sentencia y ordenaron devolver las actuaciones al tribunal de origen para que resuelva nuevamente sobre las penas impuestas.

El mismo Tribunal Oral Nº 6, ahora con la integración de dos nuevos jueces -Néstor Costabel y Sabrina Namer- ya que Rodrigo Giménez Uriburu, siguió formando parte del mismo, el 19 de mayo de 2021, redujo la sentencia contra los responsables de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001.

Luego de una reevaluación del monto de las penas ordenada por la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal redujo la condena de Enrique Mathov a cuatro años y tres meses de prisión. También redujo la pena del ex jefe de la Policía Federal Argentina Rubén Santos a tres años y seis meses.

Mathov, a quién le dictaron la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos sólo por el término de 8 años y 6 meses, fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo en perjuicio de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, y lesiones culposas en perjuicio de más de 20 víctimas.

Es de destacar que la Cámara de Casación solo debatió el monto de las penas. El objetivo de Casación era lograr penas excarcelables para los acusados.

El TOF 6 redujo las penas en función de la revisión propiciada por la Cámara de Casación Federal, que en su pronunciamiento había cuestionado que en la misma sentencia de juicio se había realizado una doble valoración del carácter de funcionarios públicos de los condenados, por lo cual se habría transgredido el principio llamado ne bis in ídem, es decir la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Curiosamente, la misma Sala 1 de Casación, integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, es la que tiene Dos causas de Asociación Ilícita, (Memorándum y Hotesur-Los Sauces), que junto a la de Vialidad, que también calificaron como asociación ilícita, forman parte de las Cinco causas que en forma separada y con el mismo tipo penal se llevan adelante en mi contra o sea… Cinco veces juzgada por el mismo hecho, ¿qué nombre tendrá en latín?

Lo dicho el viernes en nuestro alegato: las garantías procesales de no ser juzgado Dos veces por el mismo hecho, y todas las demás, no aplican si sos peronista. Para el peronismo, Derecho Penal de autor. Para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales de televisión (nadie absolutamente nadie podía ignorar lo que pasaba) para ellos Derecho Penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso.

P/D: En mayo 2022 -o sea 21 años después- la misma Sala I de Casación hizo lugar al recurso extraordinario de Mathov y Santos por lo que las penas por los homicidios en la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001 se encuentran sin ejecución por no estar firmes.  


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