SOCIEDAD
Semana Santa: sindicatos amenazan con un paro que podría afectar a todos los aeropuertos del país

La medida de fuerza de ATE-ANAC fue anunciada a través de un comunicado oficial. Los trabajadores reclaman el incumplimiento de los plazos acordados en la última mesa paritaria.
Los representantes del sindicato ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) convocaron a un posible paro nacional para el próximo 5 de abril, el miércoles previo al fin de semana largo de Semana Santa.
La medida de fuerza afectará al control terrestre, la sanidad aeronáutica y a bomberos e impactará en la actividad de los 54 aeropuertos del país. Los trabajadores reclaman el incumplimiento de los plazos acordados en la última mesa técnica paritaria.
El gremio, a cargo del secretario general Alejandro Garzón, envió este lunes una notificación sobre la medida de fuerza votada, que podría generar demoras y cancelaciones de vuelos durante uno de los momentos de mayor actividad turística del año.
A través de un comunicado en las redes sociales, las autoridades sindicales expresaron: “En nombre y representación de la Coordinación Nacional ATE-ANAC informamos que no se han cumplido los plazos acordados en la última mesa técnica paritaria, en donde se había acordado convocar una nueva reunión para la semana que hoy concluye”.
“La oficina de Empleo Público no cumplió con los plazos acordados en relación a la modificación de la asignación por desempeño, yendo a un criterio de 1,5% por año y a la suba de la unidad retributiva 20% por encima de la paritaria general”, reclamaron.
Entre los motivos que originaron la medida de fuerza, también señalaron los incumplimientos por parte del Director General de la Dirección Legal, Técnica y Administrativa del organismo “en materia de acuerdos políticos y la falta de respuesta a los permanentes llamados a la Administradora Nacional”.
“No fueron resueltos temas que habían sido acordados luego de la última Conciliación Obligatoria y que en muchos casos el Director General de Legal, Técnico y Administrativo (Paola Tamburelli) se había comprometido en persona. El faltante de personal o la reparación de los vehículos ‘Follow Me’ brillan por su ausencia”, plantearon.
En ese marco, los trabajadores nucleados en ATE-ANAC ratificaron la decisión de ir a un paro nacional. Además, en el tuit del anuncio, los gremialistas afirmaron que la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina, a cargo de Paola Tamburelli, deberá “en tiempo y forma emitir notam -aviso a aviadores- informando a la comunidad la restricción en los vuelos para el 5 de abril”.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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