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NACIONALES

Seis de cada diez escuelas primarias de todo el país tendrán una hora más de clase por día

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Lo confirmó el ministro de Educación, Jaime Perczyk , durante una reunión del Consejo.

El ministro de Eduación, Jaime Perczyk, destacó hoy que seis de cada diez escuelas primarias públicas de todo el país «tendrán una hora más de clase por día», lo que garantiza un mínimo de 25 horas semanales.

«Tenemos que seguir trabajando para consolidar esta política pública. Las horas permiten enseñar más y aprender más. Como Estado queremos generar esas condiciones», puntualizó el ministro, durante una reunión del Consejo.

Además, Perczyk remarcó la necesidad de «llegar al cien por ciento de las escuelas» con ese piso de horas.

«Hay un enorme esfuerzo de todos los del país para que haya más horas de clase y aprendan más Lengua y Matemática porque es un derecho que si no lo garantiza el Estado, no lo asegura nadie», resaltó Perczyk, y agregó que «es una política que debe tener continuidad en el tiempo».

En ese encuentro, la cartera educativa presentó un informe que revela que entre lo que va del año y principios de 2023 un total de 9.676 de las 15.987 escuelas primarias públicas de jornada simple tendrán un mínimo de 25 horas semanales.

Por lo tanto, a partir de los convenios firmados con el Ministerio de Educación de la Nación, ya son 18 las provincias que implementan la medida y otras tres están en proceso de firma en los próximos días.

Por otra parte se aprobó una resolución para promover y difundir la campaña de vacunación del sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis en todas las escuelas de las provincias.

También se presentó la plataforma virtual de planeamiento educativo y el proyecto de resolución del Plan Nacional de Evaluación Educativa, y se expusieron los avances del Sistema de Gestión Escolar (SINIDE) y se presentó el proyecto de resolución de la Comisión Federal de Registro y Evaluación permanente de las ofertas de Educación a Distancia.


NACIONALES

Reunión de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina

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Vicegobernadores y Vicegobernadoras de la República Argentina, abajo firmantes nos convocamos con un temario diverso y federal y la preocupación de promover una reflexión sobre uno de los desafíos que atraviesa la agenda de nuestros gobiernos provinciales y del gobierno nacional: la división de poderes y, en ese marco, el rol del Poder Judicial.

La inminencia de un fallo en el juicio que tiene como principal acusada a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner configura un hecho de gravedad institucional sobre el cual corresponde marcar nuestra absoluta desaprobación y desasosiego institucional.  
La división de poderes se encuentra jaqueada por una serie de factores que conmueven los cimientos de la democracia y lesionan las virtudes republicanas.
El “activismo judicial”, que se traduce en un alineamiento más o menos explícito de algunos jueces con determinados sectores políticos, pone en jaque a todo el sistema republicano de gobierno y a los derechos y garantías de las y los ciudadanos de nuestro territorio.
Estamos frente a un nuevo paradigma: el poder judicial puede funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas, pero al mismo tiempo amenazar esos derechos e instituciones. Esta paradoja se verifica desde un doble registro: la judicialización de la política y la politización de la justicia.
Hemos observado con muchísima preocupación, cómo algunos funcionarios judiciales han sobrepasado los límites de sus funciones constitucionales, colocando determinadas políticas públicas bajo su tutela, involucrándose no sólo en su evaluación sino también en su diseño e inclusive en su ejecución.
En estos días nos enfrentamos a la posibilidad de que un tribunal emita un trascendental fallo sin pruebas y ante el absurdo de pensar que una gestión de gobierno puede ser considerada una “asociación ilícita”.
Tamaño antecedente, que  habilitaría al armado de causas con fines ajenos al Estado de Derecho, constituye una mordaza que se aplica a las libertades democráticas, tiende al disciplinamiento de quienes gobiernan y garantiza impunidad a aquellos poderes cuyos intereses son puestos por delante del bien común. Esto conllevaría repetir los peores episodios del pasado reciente: la persecución, la proscripción, la condena sin pruebas y la estigmatización de determinados espacios políticos que signó a una de las más oscuras etapas de la historia argentina.
Verónica Magario Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires; Carlos Silva Neder Vicegobernador de la Provincia de Santiago del Estero; Antonio Marocco Vicegobernador de la Provincia de Salta; Florencia Lopez Vicegobernadora de la Provincia de La Rioja; Alejandra Rodenas Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe; Ruben Dusso Vicegobernador de la Provincia de Catamarca; Analia Rach Quiroga Vicegobernadora de la Provincia de Chaco; María Laura Stratta Vicegobernadora de la Provincia de Entre Ríos; Eber W. Solis Vicegobernador de la Provincia de Formosa; Mariano Fernández Vicegobernador de la Provincia de La Pampa; Eugenio Quiroga Vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz; Mónica Urquiza Vicegobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego; Sergio Mansilla Vicegobernador de la Provincia de Tucumán.


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