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Se pone en marcha el Observatorio de Precios, después de ocho años de haber sido creado por ley

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La Secretaría de Comercio convocó a una reunión para el martes próximo, a fin de avanzar en la conformación de ese organismo.

La Secretaría de Comercio avanzó con la puesta en marcha del Observatorio de Precios y para ello convocó a funcionarios de distintos Ministerios, cámaras empresarias y sindicatos a una reunión con el objetivo de delinear el funcionamiento del organismo.

El denominado Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicio fue creado por la Ley 26.992, sancionada en 2014, pero nunca llegó a conformarse. Ahora, la Secretaría de Comercio dispuso que el martes próximo, en hora a definir, comience a definirse cómo actuará ese Observatorio, según establece la Resolución 99/2022 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la ley que lo creó, el Observatorio apunta a monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en todo el país. Ese organismo puede identificar distorsiones en el mercado y en los procesos de formación de precios y emitir dictámenes sobre la evolución de los precios y la disponibilidad de bienes.

Ahora, en la reunión del martes 22, los temas a tratar serán, entre otros:

— Definición de una agenda de trabajo determinando las diversas materias o áreas del mercado que deberán ser objeto de estudio y relevamiento por parte del Observatorio.

— Definición de la integración de la «Mesa de Trabajo» que se constituirá para llevar adelante esa agenda de trabajo.

Del encuentro participarán representantes de los Ministerios de Economía, Obras Públicas, Interior, Transporte, Ciencia y Tecnología y Jefatura de Gabinete.

También fueron invitados directivos de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA), Asociación de la Banca Especializada (ABE), Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Unión Industrial Argentina (UIA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

La convocatoria también alcanza a las diversas Universidades Nacionales, a las Asociaciones Profesionales de Ciencias Económicas, a las distintas Asociaciones de Usuarios y Consumidores, al PAMI, la AFIP, al Banco Central, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, fueron invitadas todas aquellas personas humanas o jurídicas que por su competencia o función «coadyuven al cumplimiento de los objetivos del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios», según lo dispuesto.


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La Justicia falló a favor de Chubut: obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación

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  • El fallo es del Juzgado Federal de Rawson n° 1.
  • El Gobierno de Milei deberá girarle a la provincia los 13.500 millones de pesos que le había retenido.

La Justicia falló a favor de la provincia de Chubut en la disputa que mantiene su gobernador Ignacio Torres con el presidente Javier Milei. El fallo del Juzgado Federal de Rawson n° 1 obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación.

Se trata de los 13.500 millones de pesos que el Estado nacional había retenido y por los que se había abierto un fuerte conflicto entre la administración nacional y los gobernadores.

El fallo ordena el «cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos; ello, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso».

En el segundo punto resolutivo, exhorta a ambas partes a que arbitren «medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial».

La resolución del juzgado además sostiene que al guardar silencio ante las solicitudes de refinanciación y autorización de endeudamiento efectuadas por la provincia del Chubut, el Estado Nacional habría perdido de vista los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal, que impedían adoptar medidas intempestivas que afecten seriamente a las provincias, en este caso a Chubut.

Para el fallo, en este caso se encuentran en juego los principios de solidaridad, equidad, automaticidad y funcionalidad.

«Que respecto de la automaticidad en la remisión de los fondos la misma tendría a evitar el bloqueo de los recursos usados como herramienta de presión política a las provincias por parte del gobierno federal». Y afirma que el Estado Nacional «estaría bloqueando recursos coparticipables como herramienta de presión política a la provincia del Chubut, lo que implicaría una manifiesta vulneración del principio de automaticidad».

La Justicia Federal pone bajo la lupa el cambio de actitud de la Casa Rosada para con la provincia de Chubut. «habiendo el Estado Nacional asistido financieramente a un Gobierno Provincial saliente, con mayor razón debería apoyar y flexibilizar su política de saneamiento y refinanciación de deudas publicas provinciales -accionar que habría sido aplicado a la provincia en el pasado cercano, tan solo distante doce meses atrás-, máxime cuando tampoco ha variado el marco normativo», explica.

Y apunta que la decisión del Estado es «irracional» porque es «contrario a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda ahora en pugna, pues, encontrándose en una posición claramente dominante, decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa».

«A su vez omite adoptar medidas paralelas que amortigüen los efectos negativos que en la economía de la accionante provoca el dejar de percibir de manera diaria los fondos coparticipables que le corresponden. En efecto, una media de tal naturaleza repercute negativamente en las arcas provinciales, poniendo en situación de riesgo el cumplimiento de funciones esenciales», sostiene el fallo del juez Hugo Sastre, titular de Juzgado Federal N°1 de Rawson.


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