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Lunes 01 de Septiembre del 2025

SOCIEDAD

Se derrumba la causa de la «ruta del dinero»: la UIF y la AFIP pidieron el sobreseimiento de Cristina Kirchner

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Luego de que la fiscalía admitiera que no encontró pruebas para vincular a la vicepresidenta con las maniobras de lavado de dinero, los dos organismos públicos acompañaron el pedido de sobreseimiento. El juez Casanello quedó en condiciones de sepultar una de las causas emblema de la coalición judicial-política-mediática.

Las querellas de la UIF y la AFIP en la causa por lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez y su empresa Austral Construcciones solicitaron el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en esa investigación, en coincidencia con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuán.

Marijuan y la insólita ruta del dinero K que no era K ni tenía dinero

Los organismos que actúan como querellantes en la causa respondieron la vista que les corrió el juez federal Sebastián Casanello a cargo del caso y también postularon que debe desvincularse a la Vicepresidenta.

Al contar ya con las opiniones de los impulsores de la acusación, Casanello quedó en condiciones de resolver. La causa se quedó sin acusación y, según establece la norma procesal, ante la falta de impulso de la acción penal el juez no puede sino dictar el sobreseimiento de los imputados.

A principios de abril de 2022, Cristina Kirchner le pidió al juez Casanello su sobreseimiento definitivo en la causa en la que estaba en una situación procesal de «falta de mérito». Se trata del expediente en el que ya fue condenado el empresario Lázaro Báez por maniobras de lavado de dinero.

El dictamen de Marijuan

En un dictamen de 46 páginas que le presentó a Casanello, Marijuán remarcó que, a pesar de haber encontrado un vínculo «directo» entre la exmandataria y Báez, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.

El propio Marijuan admitió que no pudo encontrar nada en paraísos fiscales ni surgieron evidencias en Estados Unidos, Panamá o España que puedan vincular a Cristina con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario patagónico.

«Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió» interrogarla, sostuvo el fiscal.

Entre los insólitos procedimientos dictados por Marijuan se recuerda el uso de excavadoras para buscar billetes enterrados y procedimientos en que rompieron las paredes de las casas de Río Gallego y Calafate buscando bóvedas ocultas.

El pronunciamiento del fiscal llegó semanas después de que la Cámara de Casación redujera de doce a diez años la condena de Báez por lavado de dinero, algo que, indirectamente, benefició a Cristina Kirchner porque golpeó los argumentos que se usaban contra la vicepresidenta.


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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