PROVINCIALES
Santa Cruz como querellante ante la justicia federal por los fusilamientos del 1920 Y 1921

La fecha, 7 de diciembre, coincide con la sanción de la ley provincial 3668 que, en 2019, dispuso día feriado en Santa Cruz en conmemoración a los obreros fusilados en las denominadas ‘Huelgas Patagónicas’ sucedidas en territorio santacruceño.
Con posterioridad, el día 7 de junio de 2021 el gobierno de la provincia de Santa Cruz, por decisión de la Gobernadora Alicia Kirchner; se presentó ante la Justicia Federal como querellante en la causa donde se solicita declaración de delitos de lesa humanidad a los fusilamientos ocurridos en la provincia durante 1920 y 1921.
En este contexto, el gobierno de la provincia de Santa Cruz efectivizó la presentación oficial ante la fiscalía del Juzgado Federal de Caleta Olivia solicitando la investigación de los sucesos ocurridos durante las Huelgas Patagónicas.
Para la presentación recurrió a la historiografía oficial, que cuenta con los documentos necesarios para brindar testimonio y asegurar que se devele la verdad dado que se trata de víctimas largamente silenciadas.
Cabe destacar que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz se lanzó la “Campaña Centenario Patagonia Rebelde” (a la cual adhirió la Secretaría de DDHH de la Nación), conformada por diferentes instituciones, organismos de Derechos Humanos y personalidades, y también desde Chile, con el fin de mantener viva la Memoria, la Verdad y la Justicia frente a la matanza de 1.500 peones rurales acaecida en el entonces Territorio Nacional de Santa Cruz, a partir de una iniciativa elaborada por el equipo de trabajo de la senadora Ana María Ianni.
La sentencia podría incluir disposiciones sujetas a las prioridades de los familiares y de la comunidad local. En esta línea, similar a la acaecida con la Masacre de Napalpí (Chaco, 1924), se espera un reconocimiento que dictamine que existió responsabilidad del Estado nacional en el delito como crimen de lesa humanidad cometido en el marco de un proceso de genocidio.
En efecto, la sentencia puede ordenar al gobierno continuar con la búsqueda e identificación de los cuerpos de los fusilados; marcar mojones en los sitios donde ocurrieron los fusilamientos (estancia San José, Bellavista y La Mata); remover monumentos y nombres de calles asociadas a los responsables directos e indirectos y reemplazarlas por homenajes a las víctimas; realizar cursos de formación de funcionarios públicos sobre los hechos de la causa; actualizar la currícula de estudio en los tres niveles educativos para incluir reflexiones sobre el fusilamiento; articular un pedido de disculpas en representación de los Estados nacional y local; y/o crear un museo, archivo o sitio de memoria, entre muchas otras iniciativas.
Lo anterior abrirá el camino para buscar respuestas simbólicas y materiales: la reparación de los familiares, la identificación de las empresas que motivaron la masacre y el esclarecimiento de los patrones de explotación que continúan vigentes en varias regiones del país.
El CIPDH-UNESCO, promoviendo la perspectiva del Art. 8 de la Declaración de los Derechos Humanos, adhiere a la presentación realizada oportunamente por el gobierno de la provincia de Santa Cruz, y anhela que se haga efectivo el mandato de que “…toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.
En consonancia con los principios rectores de memoria, verdad, justicia exhortamos a que se arbitren las acciones correspondientes para asegurar la celeridad de la causa.
PROVINCIALES
Álvarez: “Santa Cruz inicia una nueva etapa con acuerdos históricos y políticas de transformación”

El jefe de Gabinete destacó los avances de la gestión provincial en materia energética, educativa y productiva. Valoró el acuerdo con YPF, habló de la situación de las escuelas, y subrayó el compromiso con el desarrollo económico y el diálogo con los municipios.
En una entrevista con LU14 Radio Provincia, el jefe de Gabinete de Ministros de Santa Cruz, Daniel Álvarez, trazó un panorama de los principales desafíos y avances del gobierno provincial en estos primeros meses del año. Desde el histórico acuerdo con YPF hasta el fortalecimiento de la educación pública y la promoción de inversiones, el funcionario aseguró que Santa Cruz “inicia una nueva etapa en la gestión pública”, apostando al desarrollo con una fuerte impronta social.
Un acuerdo sin precedentes con YPF
Álvarez calificó el reciente acuerdo alcanzado con la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) como “el mejor logrado por una provincia productora”. El pacto contempla el compromiso de la compañía para asumir los pasivos ambientales generados, garantizar la continuidad laboral en las áreas transferidas y aportar un resarcimiento económico, destinado a un ambicioso plan de infraestructura provincial.
“La remediación ambiental será auditada por la Universidad de Buenos Aires y deberá completarse en un plazo máximo de cinco años. Además, las empresas que lleguen están obligadas a mantener las fuentes de trabajo”, detalló Álvarez.
Producción e inversiones: una mirada al futuro
En materia de desarrollo productivo, el jefe de Gabinete subrayó la importancia del trabajo articulado para licitar las áreas liberadas por YPF, y mencionó el interés de empresas enmarcadas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). También destacó el rol del Banco Santa Cruz y el fortalecimiento del vínculo comercial con China, como parte de una estrategia para atraer capital y empleo.
“Las provincias debemos hacernos cargo de nuestras economías. No podemos quedarnos esperando ayuda nacional. Hay que ir a buscar soluciones para nuestra gente”, afirmó.
Educación e infraestructura escolar como prioridad
Consultado por la situación educativa, Álvarez fue contundente: “Los colegios estaban destruidos”. En ese sentido, resaltó que el gobierno provincial intervino el 43% de los establecimientos escolares, y puso en marcha un plan de renovación progresiva de la infraestructura.
Además, valoró el diálogo con el gremio Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y reafirmó el objetivo de mejorar la calidad educativa: “Necesitamos garantizar que los chicos tengan clases y que los docentes puedan sostener su economía. Eso solo se logra con consenso y planificación”.
Gestión federal y diálogo con los municipios
Sobre la relación con los gobiernos locales, el funcionario remarcó la necesidad de trabajar en conjunto para resolver los problemas cotidianos. Al referirse a los conflictos planteados públicamente por la intendenta de Los Antiguos, advirtió: “Hay que resolver las cosas en los ámbitos institucionales, no en las redes sociales. Eso solo genera confusión y debilita el debate político”.
Transparencia política y fin de la Ley de Lemas
Álvarez también se refirió a la derogación de la Ley de Lemas en Santa Cruz, a la que calificó como un hecho “histórico” y necesario para fortalecer la democracia. “La ley era una trampa electoral. El ciudadano votaba a una persona y terminaba ganando otra. Hoy garantizamos transparencia y elección directa”, dijo.
Finalmente, destacó la creación de la Secretaría de Culto como parte de una política de contención social integral. “Las iglesias están cumpliendo un rol clave frente a la crisis. El Estado no puede estar ausente”, señaló.
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