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San Juan aprobó la «Ficha Limpia» para impedir que personas con condenas judiciales puedan ser candidatos

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La iniciativa había sido impulsada por el gobernador cuyano, Sergio Uñac, pero fue rechazada en la Cámara de Diputados local por los legisladores alineados con José Luis Gioja.

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó la «Ficha Limpia», con lo cual se impedirá que personas con condenas judiciales puedan presentarse como candidatos en las elecciones provinciales.

La iniciativa había sido impulsada en abril pasado por el gobernador cuyano, el peronista Sergio Uñac, pero no obtuvo el respaldo del sector del PJ local alineado con su antecesor, José Luis Gioja.

La «Ficha Limpia» comenzará a regir en las próximas elecciones provinciales: no podrán ser candidatos a cargos locales aquellas personas con condena judicial.

El objetivo es que el electorado tenga candidatos con una trayectoria limpia y por ende se sienta mejor representado en la función pública.

En el recinto sanjuanino, el proyecto obtuvo 32 votos afirmativos, tanto del oficialismo como de la oposición, y los únicos tres rechazos provinieron de los legisladores giojistas Graciela Seva, Leonardo Gioja y Juan Carlos Gioja.

«Propicio el debate parlamentario de los proyectos que están en esta casa, destinados a impedir a quienes sean condenados por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, ser candidatos a cargos electivos u ocupar funciones públicas. Y de igual manera, los invito a discutir y enriquecer propuestas sobre cuestiones de ética política como las dobles candidaturas y las candidaturas testimoniales, mecanismos que han erosionado la relación representado–representante», había señalado Uñac durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura sanjuanina.

La ley aprobada de Ficha Limpia también establece la inhabilitación a personas con auto de apertura a juicio oral por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren tipificadas en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Asimismo, se invitó a los municipios de San Juan a generar normas similares.

De esta manera, la provincia cuyana se sumó a otros distritos en los que existen leyes de Ficha Limpia, como Chubut, Mendoza, Salta y Jujuy.


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Reunión de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina

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Vicegobernadores y Vicegobernadoras de la República Argentina, abajo firmantes nos convocamos con un temario diverso y federal y la preocupación de promover una reflexión sobre uno de los desafíos que atraviesa la agenda de nuestros gobiernos provinciales y del gobierno nacional: la división de poderes y, en ese marco, el rol del Poder Judicial.

La inminencia de un fallo en el juicio que tiene como principal acusada a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner configura un hecho de gravedad institucional sobre el cual corresponde marcar nuestra absoluta desaprobación y desasosiego institucional.  
La división de poderes se encuentra jaqueada por una serie de factores que conmueven los cimientos de la democracia y lesionan las virtudes republicanas.
El “activismo judicial”, que se traduce en un alineamiento más o menos explícito de algunos jueces con determinados sectores políticos, pone en jaque a todo el sistema republicano de gobierno y a los derechos y garantías de las y los ciudadanos de nuestro territorio.
Estamos frente a un nuevo paradigma: el poder judicial puede funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas, pero al mismo tiempo amenazar esos derechos e instituciones. Esta paradoja se verifica desde un doble registro: la judicialización de la política y la politización de la justicia.
Hemos observado con muchísima preocupación, cómo algunos funcionarios judiciales han sobrepasado los límites de sus funciones constitucionales, colocando determinadas políticas públicas bajo su tutela, involucrándose no sólo en su evaluación sino también en su diseño e inclusive en su ejecución.
En estos días nos enfrentamos a la posibilidad de que un tribunal emita un trascendental fallo sin pruebas y ante el absurdo de pensar que una gestión de gobierno puede ser considerada una “asociación ilícita”.
Tamaño antecedente, que  habilitaría al armado de causas con fines ajenos al Estado de Derecho, constituye una mordaza que se aplica a las libertades democráticas, tiende al disciplinamiento de quienes gobiernan y garantiza impunidad a aquellos poderes cuyos intereses son puestos por delante del bien común. Esto conllevaría repetir los peores episodios del pasado reciente: la persecución, la proscripción, la condena sin pruebas y la estigmatización de determinados espacios políticos que signó a una de las más oscuras etapas de la historia argentina.
Verónica Magario Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires; Carlos Silva Neder Vicegobernador de la Provincia de Santiago del Estero; Antonio Marocco Vicegobernador de la Provincia de Salta; Florencia Lopez Vicegobernadora de la Provincia de La Rioja; Alejandra Rodenas Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe; Ruben Dusso Vicegobernador de la Provincia de Catamarca; Analia Rach Quiroga Vicegobernadora de la Provincia de Chaco; María Laura Stratta Vicegobernadora de la Provincia de Entre Ríos; Eber W. Solis Vicegobernador de la Provincia de Formosa; Mariano Fernández Vicegobernador de la Provincia de La Pampa; Eugenio Quiroga Vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz; Mónica Urquiza Vicegobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego; Sergio Mansilla Vicegobernador de la Provincia de Tucumán.


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