“La medida, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, busca terminar con regímenes desproporcionados en sectores del Poder Judicial y de la administración pública, en sintonía con el reclamo social por justicia y transparencia en el uso de los recursos provinciales”, sostuvo hoy el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, al ser consultado sobre el anunció que efectuó ayer el mandatario provincial sobre la revisión integral de las futuras jubilaciones que percibirán los miembros del Tribunal Superior de Justicia que hoy están en actividad.

En el marco de la reciente reforma de la Ley Nacional de Tránsito, Álvarez encabezó esta mañana una conferencia de prensa en el Salón Gregores de Casa de Gobierno, destinada a brindar certezas a la comunidad santacruceña sobre los alcances de la nueva normativa. La actividad contó con la participación de la titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz, del subsecretario de Transporte, José Maldonado, y el consultor del gobierno provincial, Rodrigo Suárez.

En el transcurso de la misma, el titular de la cartera política provincial fue consultado sobre las acciones que se tomarán a futuro con las jubilaciones de privilegio de los miembros del Tribunal Superior de Justicia y, en ese contexto, aseguró “nuestro Gobernador tomó la decisión política de avanzar en la corrección de inequidades dentro del sistema de jubilaciones”

“No se trata de afectar derechos adquiridos sino de mirar hacia adelante y construir un esquema justo para todos” afirmó, al tiempo de que puntualizó que existen casos de funcionarios que cobran más de 8 o 9 millones de pesos mensuales, accediendo al 87 por ciento de ese monto al jubilarse. Ese tipo de situaciones es lo que hace insostenible una economía en una provincia donde docentes, médicos y personal de seguridad perciben salarios muy por debajo de lo que merecen”.

“No podemos permitir más islas salariales” sostuvo, en tanto, destacó la importancia de transparentar el funcionamiento del poder judicial y otros sectores del Estado, “entendiendo que la sociedad tiene derecho a saber quiénes toman decisiones, qué responsabilidades tienen y cuánto cobran”.

Finalmente, Álvarez subrayó que “todos somos responsables ante el pueblo, y quienes ejercemos funciones públicas debemos estar expuestos al control social”.