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Represión frente a la casa de CFK: Las balas de plomo de la policía porteña y el hallazgo de los militantes

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En el operativo represivo que llevó adelante la Policía de la Ciudad el sábado pasado frente al domicilio de la vicepresidenta, a un agente se le cayeron dos cargadores con 32 balas de una pistola 9 mm., iguales a los adquiridos por el gobierno porteño en 2021. El testimonio de los manifestantes que los encontraron: «Pensamos que eran de goma, pero al llegar a casa a la noche descubrimos que en realidad eran de plomo», contaron a Página/12.

Irina Hauser

Por Irina Hauser

La legisladora del FdT Ofelia Fernández exhibió imágenes de las balas y anunció que este jueves presentará la denuncia judicial.
La legisladora del FdT Ofelia Fernández exhibió imágenes de las balas y anunció que este jueves presentará la denuncia judicial.

En medio de la movilización del sábado pasado en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, cuando fueron corridas las vallas y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires comenzaba a empujar con sus escudos a las y los manifestantes, a uno de los agentes que estaba en la primera línea se le cayó un estuche con dos cargadores con 32 balas de plomo. El uniformado forcejeaba contra un grupo, entre quienes había integrantes del Frente Patria Grande, que levantaron los cartuchos, pensando que eran balas de goma. Al abrirlos, horas más tarde, vieron que eran de una pistola 9 milímetros. Decidieron llevarlos a la legisladora del Frente de Todos Ofelia Fernández quien, a raíz del despliegue y la ofensiva policial, que incluyó espionaje, había presentado uno de los primeros amparos. Las municiones fueron entregadas a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). La diputada porteña anunció que este jueves se hará una denuncia y recordó que “el personal policial no está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal, lo que demuestra la profunda ilegalidad de la que estuvo teñido todo el operativo”.

La presentación en la ANMAC se hizo para que los cargadores y las balas queden bajo “resguardo provisorio” del organismo. La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás materiales controlados (UFIARM) recibirá la denuncia este jueves. “Ambos organismos están obligados por la ley 25.938 a elaborar un informe que se aproxime a determinar el origen en este caso de los cargadores y las balas. Además, si un policía pierde o detecta la falta de municiones o armamento está obligado a denunciarlo”, señaló a Página/12 Nicolás Rechanik, el abogado que representa a Ofelia Fernández. El acta de la ANMAC detalla que “se da ingreso al siguiente material”: “Un cargador calibre 9 mm Parabellum con la inscripción P.B CAL. 9 PARA – MADE IN ITALY”. Detalla otro cargador con la misma descripción y “32 municiones calibre 9mm Parabellum”.

Es probable que los cartuchos correspondan a los utilizados por una tanda de armas que fueron importadas de Italia hace algunos años para todas las fuerzas de seguridad. No hay que descartar que haya agentes que lleven las pistolas con plomo por su cuenta, en forma oculta. El artículo 99 de la ley 5688 que establece el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires dice expresamente: “No está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal el personal policial que por su función en el operativo esté destinado a entrar en contacto físico directo con los manifestantes”. También dice que los uniformados deben «otorgar preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados” en concentraciones o movilizaciones. También dice, en el siguiente artículo, que deben portar “una identificación clara”.

En primera persona

Alan González y Florencia Porro se presentaron en la ANMAC este miércoles por la tarde. Alan relató a Página/12: “Estábamos sobre Juncal cuando arranca la represión eso de las 18 horas. A uno de los policías de la Ciudad entre los empujones se le cae la cartuchera y luego de que avanzan las primeras líneas de manifestantes sobre el cordón policial logro con Florencia agarrarla del suelo. Más tarde, con una represión intermitente que se encendía a cada rato por intención de la metropolitana, logramos ver que eran dos cargadores. En principio pensamos que eran de goma, pero al llegar a casa a la noche descubrimos que en realidad eran de plomo. Por temor después de vivir semejante día de violencia y dudas sobre el procedimiento, luego de que el juez (Andrés) Gallardo hizo lugar al amparo que Ofelia presentó, nos acercamos a ella para contarle lo que pasó y dejarle lo que habíamos encontrado. Ahora estamos cursando los procedimientos legales correspondientes”.

El hallazgo permite entender en forma cabal los planteos de la resolución de Gallardo, que en cierta medida buscaba frenar una escalada violenta. Por un lado, el juez señaló que las funciones de custodia de la vicepresidenta corresponden a las fuerzas federales y la policía porteña debe ocuparse de cuidar la seguridad del barrio frente a posibles delitos. De esto se desprendía que debía retirarse la presencia masiva de personal policial porteño. Pero, además, alertó sobre los peligros de una espiral violenta dada la falta de coordinación entre los gobiernos nacional y de la Ciudad. “La democracia no debe sucumbir frente a las tentaciones de la violencia represiva alentada por aquellos sectores que promueven la prevalencia de la facticidad sobre la legalidad”, sostuvo el magistrado.

La respuesta del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue anunciar que no acataría la medida cautelar y felicitó a la Policía de la Ciudad por el operativo. El juzgado había recibido amparos de legisladores/as que pedían que fuera removido el vallado (colocado para restringir el acceso a la vivienda de CFK a primera hora del sábado y que no puede leerse sino como provocación), que se permitiera la libre expresión y circulación y que advertían sobre la ofensiva policial sobre los manifestantes con carros hidrantes, gases, empujones y también con espionaje, ya que fueron identificados policías tomando fotos para individualizar participantes. Las expresiones en las modulaciones policiales específicas sobre el diputado Máximo Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, informando que no tienen fueros y había que tratarlos como “un ciudadano más”, hablan por sí mismas.

Una de las voces de respaldo al jefe de gobierno, en medio de la interna de Juntos por el Cambio, fue la de Elisa Carrió. “Yo no quiero un muerto de la policía de la Ciudad de Buenos Aires porque esa gente está desarmada ahí, pero yo no sé si los otros están armados”, dijo la dirigente. “Es una policía desarmada frente a militantes que están armados”, aventuró. El tipo de cartucho y balas hallados todo indica que la desmentirían. 

La denuncia

En un video que difundió al anochecer, la legisladora Ofelia Fernández contó el hallazgo de los jóvenes de Patria Grande y mostró las fotos del estuche, los cargadores y las balas. Fue entonces que recordó la prohibición de la ley que regula la actividad de la fuerza porteña en manifestaciones públicas de llevar armas de fuego y municiones de poder letal, como otro elemento que muestra que “la ilegalidad del operativo”. “Así como reprimieron y decidían quién entraba y quién no a la casa de Cristina ahora también resulta que la policía cargaba balas de plomo y encima se les caen al piso. Es decir, lejos de garantizar la seguridad de nadie, estaban garantizando que sea un episodio de peligro para la mayoría”, advirtió. Luego mostró un mapa del lugar exacto donde se cayeron y fueron encontrados los cartuchos.

También exhibió el contrato de adquisición de ese tipo de municiones por parte del gobierno porteño en 2021. “Me parece que tienen que dar algunas explicaciones –cuestionó–. Porque pasan los días, Horacio, y seguridad, paz social, tres carajos. Pusieron a la policía a cumplir tareas netamente políticas y de manera muy irresponsable”. 


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La Justicia falló a favor de Chubut: obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación

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  • El fallo es del Juzgado Federal de Rawson n° 1.
  • El Gobierno de Milei deberá girarle a la provincia los 13.500 millones de pesos que le había retenido.

La Justicia falló a favor de la provincia de Chubut en la disputa que mantiene su gobernador Ignacio Torres con el presidente Javier Milei. El fallo del Juzgado Federal de Rawson n° 1 obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación.

Se trata de los 13.500 millones de pesos que el Estado nacional había retenido y por los que se había abierto un fuerte conflicto entre la administración nacional y los gobernadores.

El fallo ordena el «cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos; ello, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso».

En el segundo punto resolutivo, exhorta a ambas partes a que arbitren «medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial».

La resolución del juzgado además sostiene que al guardar silencio ante las solicitudes de refinanciación y autorización de endeudamiento efectuadas por la provincia del Chubut, el Estado Nacional habría perdido de vista los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal, que impedían adoptar medidas intempestivas que afecten seriamente a las provincias, en este caso a Chubut.

Para el fallo, en este caso se encuentran en juego los principios de solidaridad, equidad, automaticidad y funcionalidad.

«Que respecto de la automaticidad en la remisión de los fondos la misma tendría a evitar el bloqueo de los recursos usados como herramienta de presión política a las provincias por parte del gobierno federal». Y afirma que el Estado Nacional «estaría bloqueando recursos coparticipables como herramienta de presión política a la provincia del Chubut, lo que implicaría una manifiesta vulneración del principio de automaticidad».

La Justicia Federal pone bajo la lupa el cambio de actitud de la Casa Rosada para con la provincia de Chubut. «habiendo el Estado Nacional asistido financieramente a un Gobierno Provincial saliente, con mayor razón debería apoyar y flexibilizar su política de saneamiento y refinanciación de deudas publicas provinciales -accionar que habría sido aplicado a la provincia en el pasado cercano, tan solo distante doce meses atrás-, máxime cuando tampoco ha variado el marco normativo», explica.

Y apunta que la decisión del Estado es «irracional» porque es «contrario a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda ahora en pugna, pues, encontrándose en una posición claramente dominante, decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa».

«A su vez omite adoptar medidas paralelas que amortigüen los efectos negativos que en la economía de la accionante provoca el dejar de percibir de manera diaria los fondos coparticipables que le corresponden. En efecto, una media de tal naturaleza repercute negativamente en las arcas provinciales, poniendo en situación de riesgo el cumplimiento de funciones esenciales», sostiene el fallo del juez Hugo Sastre, titular de Juzgado Federal N°1 de Rawson.


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