El escenario está parejo, aunque los números en principio favorecen al oficialismo. Unos veinte diputados definirán la sesión del próximo miércoles. La apuesta por la presión social.

Por María Cafferata

La oposición tomó una decisión frente al veto presidencial: el miércoles, en la sesión, será a matar o morir, sin dilaciones ni atajos y, si no se consiguen los dos tercios, que Javier Milei y el PRO paguen el costo político. «Estamos en terapia intensiva», advierte uno de los principales negociadores opositores que, como gran parte del heterogéneo cosmos opositor que busca blindar el aumento a las jubilaciones, admite que la pelea será voto a voto y que arrancan en desventaja. Casa Rosada cuenta con una base sólida de 80 diputados y necesita sólo unos seis más para desbaratar las posibilidades de la oposición de llegar a los dos tercios. La oposición, mientras tanto, necesita llegar a 172 votos o, si no es posible, ponerse a jugar con un número menor y varias ausencias cuidadosamente pensadas. El escenario está parejo y todos – oficialistas y opositores – se miran por encima del hombro sospechando traiciones. El resultado final lo definirá, sin embargo, una veintena de diputados, y en la oposición confían en que la presión social – con una gran marcha convocada para el miércoles – servirá para dar vuelta algunas voluntades.

Llamados, mensajes, cafés, cenas, zooms, charlas de pasillo: durante las próximas 72 horas, la dirigencia opositora se dedicará pura y exclusivamente a contener a los temerosos y seducir a los indecisos. Cada uno por separado, el peronismo, el radicalismo y Encuentro Federal vienen conversando con gobernadores y referentes territoriales, atentos a neutralizar las presiones que llegan de Casa Rosada. «Los van a cagar, no les van a dar nada y los van a dejar sin las cajas previsionales», repiten, en conversaciones privadas, varios de los negociadores. Algunos mandatarios responden con ánimos de guerra – como el chubutense Ignacio Torres – mientras que otros se muestran más evasivos, como el entrerriano Rogelio Frigerio o el catamarqueño Raúl Jalil.

Las diferentes espadas opositoras – Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Danya Tavela – saben que negocian con dos herramientas: las cajas provinciales y el humor social. La ley de movilidad jubilatoria que Milei vetó, además de incrementar un 8,1 por ciento las jubilaciones y de atar el haber mínimo a la Canasta Básica, suponía el pago de las cajas jubilatorias que Nación le adeuda a unas 13 provincias. Son cientos de miles de pesos que los gobernadores necesitan y que, hasta ahora, el gobierno nacional solo ha prometido pero nunca pagado.

La carta fuerte, sin embargo, es la presión social. «La calle es una olla de presión. Esto es un tema sensible, Macri se empezó a caer cuando tocó las jubilaciones», deslizan en las filas del peronismo, en donde advierten que «son pocos los que quieren poner la carita para sacarle a los jubilados». En la oposición especulan con que la movilización que las organizaciones sociales y las centrales sindicales están organizando para el miércoles servirá para evitar que algunas voluntades se tuerzan. La imagen de la represión contra los jubilados ordenada por Patricia Bullrich la semana pasada caló hondo, y no solo en el peronismo. «Hay indecisos legítimos que no les gusta que Patricia ande gaseando jubilados», ironizaba, mordaz, un dirigente del PRO.

En la oposición son concientes, sin embargo, de que el gobierno arranca con ventaja. La Libertad Avanza cuenta con 80-82 votos del PRO, el oficialismo y sus satélites (como el MID o Buenos Aires Libre), así como los tres tucumanos de Independencia. Saben, además, que Milei se juega su gobernabilidad en esta votación. «Acá nos estamos jugando la investidura presidencial. No salen los aviones, si es necesario», ironizan en las filas de LLA, en donde se muestran más confiados que la oposición, aunque también temen sus propias traiciones.

En efecto, la oposición mantiene un diálogo con el dúo de arrepentidas que viajaron al penal de Ezeiza – Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta -, quienes suele jugar en tándem con Marcela Pagano. En la sesión del rechazo del DNU de los 100 mil millones para la SIDE, hubo diputados de UxP que levantaron el teléfono para asegurarse que las tres estuvieran en el recinto en el caso de no llegar al quórum y, aunque no las necesitaron al final, ellas estaban comprometidas. La línea sigue abierta y varios se entusiasman con que Arrieta, al menos, podría acompañar.

En la votación de junio, la oposición logró conseguir los dos tercios con 160 votos a favor, dado que las ausencias jugaron a su favor (la mayoría se define en base a los presentes). El desafío, ahora, es replicar los números de esa votación y jugar con las ausencias y abstenciones de quienes resulte imposible convencer.

En números, la oposición cuenta hoy con al menos 95-98 diputados de UxP – Germán Martínez trabaja para evitar la mayor cantidad de bajas posibles -, 5 de FIT – que se habían abstenido en la votación anterior -, 6 de la Coalición Cívica, al menos 24 de la UCR, 12 de Encuentro Federal, los dos santacruceños que responden a Claudio Vidal y el neuquino Osvaldo Llancafilo. Por fuera de esta base sólida por la insistencia de la ley, la oposición tiene identificados a una veintena de indecisos más: son, en su mayoría, radicales mileístas, PRO blandos y fuerzas provinciales que, al momento de la votación, será quienes definan el partido.

Los 20 indecisos

A la cabeza de los indecisos están unos ochos radicales que, en junio, votaron a favor de la ley y que ahora están en duda. La mayoría responde a los gobernadores de Mendoza, Corrientes y Chaco, así como algunos sin tierra pintados de violeta, como Francisco Monti o Martín Arjol. Son los mismos que, en la última semana, habían intentado convencer al resto de la oposición de buscar una salida alternativa a la insistencia total de la ley del recinto.

Los radicales mileístas propusieron, primero, insistir solo en una parte de la ley – el artículo del aumento del 8,1 por ciento -, pero el peronismo se negó: era a todo o nada, cualquier otra cosa era una excusa para hacerle un favor al gobierno. Después sugirieron que, si no daban los dos tercios, el día de la sesión se podía emplazar la comisión de Presupuesto para tratar primero el tema ahí y ganar tiempo. Esta propuesta tampoco despertó un gran entusiasmo en el resto de la oposición. «No me interesa ir a perder solo por el principio de revelación, pero si lo pateamos para adelante nunca lo vamos a resolver. Hay que ir al recinto a matar o morir», señaló un dirigente de EF.

El otro eje son los diputados de Innovación Federal que responden a Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones). En junio acompañaron la ley, pero, ahora, son los más susceptibles de recibir presiones de Guillermo Francos y Santiago Caputo. Algunos diputados, como Pamela Calletti o Agustín Domingo, sostienen en privado que están de acuerdo con la ley, pero en la oposición temen que, a último momento, las presiones de Casa Rosada terminen triunfando. EF y el peronismo dialogan con ellos, pero admiten que, de perderlos, habrá que jugar a que se ausenten.

La última línea lo constituyen las «palomas» del PRO. El ojo está puesto en los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, así como la chubutense Ana Clara Romero. En la oposición no pierden la esperanza: «Nadie está en condiciones de afirmar que el miércoles tendrá los votos. La moneda está en el aire, y nadie quiere volver a su provincia y que te puteen porque cagaste a los jubilados», reflexionaba uno de los dirigentes opositores.