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Lunes 01 de Septiembre del 2025

SOCIEDAD

Reforma de Alquileres: el dictamen del Frente de Todos deberá pasar por la comisión de Presupuesto

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El titular de la comisión, Carlos Heller, lo confirmó y anunció que convocará a un plenario de comisiones.

Tras la firma de los dictámenes en la comisión de Legislación General, se confirmó hoy que el despacho de mayoría impulsado por el oficialismo, que incluye un capítulo vinculado a incentivos fiscales para locadores, será girado y tratado por la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Así lo confirmó el titular de este último cuerpo, Carlos Heller, durante un plenario de comisiones en el que se debatió el proyecto de Compre Argentino.

El pedido surgió del diputado de puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical-Juntos por el Cambio), quien planteó que el dictamen de mayoría «modifica leyes tributarias sobre lo que no tiene competencia» la comisión de Legislación General y aseguró que los artículos referidos a los incentivos fiscales «deben ser dictaminados por la Comisión de Presupuesto».

El presidente de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, tomó la palabra y explicó que ya había enviado una nota al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para pedirle que gire el proyecto a la comisión que él preside, solicitud que fue aceptada.

En ese sentido, confirmó que convocará a un plenario junto a la comisión de Legislación General para tratar la iniciativa, aunque no precisó la fecha.

Pese a que el dictamen de mayoría pertenece al proyecto del Frente de Todos, el oficialismo no la tendrá nada fácil en el recinto, dado que no le alcanza con los votos propios para la media sanción, y a la vez, Juntos por el Cambio podría unificar su propuesta con el tercer dictamen que firmó el interbloque Federal junto a un sector del interbloque Provincias Unidas.

Al cabo de tres reuniones informativas de la comisión de Legislación General -presidida por la oficialista Cecilia Moreau- en la que participaron 132 expositores invitados de los distintos sectores involucrados (agrupaciones de inquilinos, corredores inmobiliarios y especialistas sobre el tema), el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a los plazos de los contratos y la fórmula de actualización de los
precios de los alquileres, entre otros puntos.

Si bien el oficialismo y Juntos por el Cambio compartieron el diagnóstico de que la ley 27.551 (que tuvo media sanción en 2019 durante el Gobierno de Cambiemos y aprobada definitivamente en 2020), que había sido fruto del acuerdo transversal de las fuerzas mayoritarias del Congreso, no arrojó los resultados esperados.

Sin embargo, luego de de un arduo debate interno, el Frente de Todos decidió hacerse eco de las preocupaciones de las agrupaciones de inquilinos, que pidieron mantener tanto el plazo de duración de tres años los contratos y la frecuencia anual de los ajustes de precios de los alquileres.

En cambio, Juntos por el Cambio propuso un dictamen para retrotraer el marco normativo al sistema que funcionaba antes de la sanción de la ley vigente, cuando los contratos se firmaban por dos años años y el ajuste de los valores era semestral.

Las bancadas «del medio», que firmaron su propio dictamen en Legislación General, inclinarán la balanza para un lado o para el otro cuando el tema llegue al recinto.

Si el dictamen de mayoría que logró el oficialismo no consigue los votos, se pasará a tratar el dictamen de Juntos por el Cambio.

En un principio, correría con ventaja la oposición, dado que el proyecto de Camaño también retoma los dos años de plazo de duración, aunque se diferencia al dejar librado a las partes involucradas la frecuencia de actualización del valor de los alquileres.


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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