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Censo 2022: detalles del formulario digital y qué pasa si decidís no participar

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Hay tiempo de completar el Censo digital hasta el 18 de mayo a las 8. Ese día, por lo menos una persona deberá esperar al censista en su vivienda “para entregar el código”.

A menos de una semana para el Censo 2022, se siguen recibiendo formularios del Censo Digital. Se puede completar hasta el mismo 18 de mayo a las 8, momento en el que comenzará a hacerse de manera presencial. Desde el INDEC recordaron que “aunque hayas hecho el Censo digital deberás esperar a tu censista para entregarle el código”.

El objetivo del Censo Digital: se busca ahorrar tiempo a la población y a los censistas, al tiempo que apuestan a que las innovaciones metodológicas y tecnológicas permitirán obtener «una foto más exacta».

¿Cómo será el Censo?
El Censo se podrá hacer de dos maneras: en forma anticipada, a través de un cuestionario en línea de 61 preguntas (Censo digital) o mediante la entrevista presencial en la vivienda durante el Día del Censo. Todas las personas que habitan en territorio nacional deben ser censadas.

El cuestionario del Censo digital incluye preguntas separadas por temas para cada uno de los integrantes del hogar. Entre las novedades, este año por primera vez se incluyen preguntas sobre identidad de género, autorreconocimiento étnico y discapacidades. Además, se pregunta por la edad, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el de residencia, el nivel educativo, el trabajo y el tipo de cobertura de salud.

Las personas que completen el formulario de manera virtual en el sitio oficial https://digital.censo.gob.ar/ recibirán en su casilla de correo electrónico un comprobante con un código alfanumérico de seis dígitos que deberá ser presentado el próximo 18 de mayo.

¿Qué pasa si brindo información falsa o no participo?
De acuerdo a la Ley 17.622, que regula este relevamiento estadístico nacional, se aplicará un castigo o pena económica sobre aquellas personas que “no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos”.

Brindar información “falseada” tiene como sanción el pago de una multa cuyos valores mínimos y máximos el Indec actualiza semestralmente. La última actualización de los montos, publicada el 22 de febrero de este año en el Boletín Oficial, estipula una multa mínima de $1.076,36 para los que no respondan o mientan en el censo, mientras que la penalidad máxima puede tocar los $106.799,35, según lo dispuesto por el organismo en la Resolución 25/2022.


NACIONALES

Litio: mientras se debate el modelo productivo, avanza la explotación

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Es promovida por funcionarios nacionales y provinciales que exaltan la escasa presencia estatal en la actividad y los altos beneficios tributarios.

Por: Randy Stagnaro@randystagnaro

La producción del litio en la Argentina ha generado una gran cantidad de debates en tiempo real: mientras la explotación comienza (a la fecha sólo hay dos yacimientos actividad), abundan las discusiones sobre el modelo que la Argentina debería adoptar.

Mientras la cuestión es abordada, los funcionarios del gobierno nacional promueven en el exterior, especialmente en China, el litio argentino con énfasis en las condiciones actuales de explotación, que están prácticamente desreguladas. En ese punto coinciden con los gobernadores de las provincias que producen o están cerca de hacerlo.

El pasado lunes 22 de mayo, los tres mandatarios de las provincias en las que el litio abunda dejaron sentada su posición en el debate, del que aún no hay un resultado concreto, aunque la explotación ya está en marcha e impone condiciones como hecho consumado. En un evento organizado por la Cámara de Empresas Mineras (CAEM), Gerardo Morales, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca, respectivamente, expusieron sus ideas ante los jefes de las mineras que están produciendo litio o que están en camino de hacerlo próximamente (6 proyectos en construcción y otros 30 en estadios primarios).

Los mandatarios subrayaron que el eje de la política sobre el litio pasa por la defensa y profundización del statu quo, basado en los bajos impuestos y la escasa y focalizada injerencia estatal. Los mandatarios no mencionaron el siempre reticente respaldo social provocado por el uso desmedido de agua en zonas en las que este recurso es escaso.

Los tres mandatarios aseguraron que para mantener la marcha de los proyectos hacían falta “reglas claras”. Sáenz agregó que “tenemos que darle seguridad jurídica a las empresas que se instalen y vengan a invertir”. Jalil sostuvo que “hay que seguir garantizando la seguridad jurídica, reglas claras y la previsibilidad que logramos”. Morales afirmó: “Necesitamos reglas claras en el tiempo, acomodar la macroeconomía y que el inversor sepa cómo va a ser su negocio en los próximos 20 años”.

Y para darle profundidad a ese razonamiento, Morales subrayó, en su intervención, que los intentos de los gobiernos de Chile y Bolivia por darle un lugar a la intervención estatal en la producción y control del recurso beneficiará a la Argentina: “Chile está yendo para atrás, y en buena hora, porque van a venir más inversiones a la Argentina”, dijo el jujeño. “También retrocede Bolivia”, agregó y descartó “la idea del triángulo de litio”. Morales ofreció como alternativa “avanzar por el camino de los Acuerdos de Libre Comercio”.

En el mismo sentido, los gobernadores se pronunciaron contra una “Opep del litio”. La Opep es la Organización de Países Productores de Petróleo, que agrupa a las naciones poco desarrolladas que poseen ese recurso y lo estatizaron. El concepto es rechazado de plano por los Estados Unidos, la UE y Japón porque reduce la libertad de imponer precios a sus propios monopolios productores o comercializadores, aunque ello queda opacado por debates ideológicos del tipo de la defensa de la libertad de mercado y otros semejantes. Morales, Sáenz y Jalil no consideran prudente una estatización del litio argentino y un cartel de países productores.

Hay “reglas claras”

La realidad en la Argentina está muy alejada de una “Opep del litio”. De hecho, en la actualidad, el sector goza de las “reglas claras”, la “seguridad jurídica” y la “previsibilidad” que tanto gustan a los gobernadores. Lo prueba el hecho de que los fundamentos legales de la actividad se remontan a la primera mitad de los años ’90. Esa legislación, que está cumpliendo 30 años, superó la prueba de los recambios de gobierno, tanto en el nivel nacional como en el provincial. Lo que se dice un verdadera “política de Estado”.

Al igual que con otros minerales, la explotación del litio está sujeta a tres niveles normativos. En primer lugar, la Constitución Nacional, que en su artículo 124 estableció el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales que existen en sus territorios.

En un segundo nivel, se encuentra el Código de Minería, elaborado durante el primer gobierno de Carlos Menem y aprobado por el Congreso en julio de 1995. Según el Código, el litio es un mineral de primera categoría (junto con el oro, la plata y el cobre) por lo que la propiedad de las minas es del Estado provincial, el que otorga concesiones para su explotación.

El Código nació condicionado por la Ley de Inversiones Mineras (la Ley 24.196), sancionada en mayo de 1993. Al establecer una serie de beneficios impositivos a las inversiones mineras, esta ley generó una situación de hecho consumado que el Código no podía enfrentar a menos que se estuviera dispuesto a cambiar las reglas de juego que ya estaban vigentes.

El tercer nivel de normas está en las provincias, las que además de adherir a la Ley 24.196, dictaron códigos de procedimientos para la actividad, además de normas vinculadas a las cuestiones tributarias y medioambientales locales.

De todo este andamiaje jurídico surge que las mineras gozan de fuertes subsidios estatales en la forma de exenciones impositivas y aduaneras:

-Pueden deducir el 100% de los gastos de exploración del impuesto a las ganancias.

-Ya en producción, las mineras tienen estabilidad fiscal por 30 años, período durante el cual las autoridades estatales no pueden modificar el esquema tributario que las afecta.

-Las mineras pueden deducir del impuesto a las ganancias el dinero colocado en el fondo de previsión ambiental, que se ejecuta ante contingencias ambientales.

-Las provincias no pueden superar el 3% del valor del mineral extraído (boca de mina) para las regalías. En ese sentido, el fomento de las inversiones mineras equivale a atar las manos de las provincias en lo que hace a las regalías. Esto es opuesto al régimen del petróleo y el gas, en el que las provincias tienen la potestad de imponer la alícuota.

-Las mineras son beneficiadas con la devolución anticipada del IVA en las tareas de exploración, la amortización acelerada de inversiones y reducción sustancial y total de aranceles a la importación.

Por cuerda aparte, las exportaciones de litio iniciadas después de 2004 pagan una retención del 4,5%.

Cabe consignar que el desarrollo minero alcanzado con esta legislación ha sido eminentemente primario: el oro, plata, cobre y ahora litio que se exporta sale del país con un muy bajo nivel de industrialización, con apenas los pasos primarios de su refinación.

Además, el régimen que defienden Morales, Sáenz y Jalil tiene, si cabe, más beneficios para las mineras, ya que el 3% de techo a las regalías no se cumple. Según el informe “Federalismo y desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas en torno al litio”, de Fundar, un think tank sobre políticas públicas, la normativa acerca de las regalías “permite deducir ciertos gastos sobre el valor de facturación, lo que termina por afectar negativamente la capacidad de recaudación de las provincias por este gravamen”.

Asimismo, el producido que es afectado por el 3% (teórico) es definido con las declaraciones juradas de producción de las propias mineras. Abundan las denuncias sobre la falta de control provincial en el cotejo de las declaraciones juradas y lo que realmente sale de las minas.

En la Argentina, todas estas facilidades cobran más relieve luego de la reciente fusión internacional de las dos firmas cuyas subsidiarias son las que extraen litio en el país. Es decir, los beneficios no apuntan a una pyme local sino a la que puede ser transnacional más grande del sector.

Qué pasa en Jujuy

En Jujuy, la Ley Fiscal 5791, de 2014, establece un descuento del 1% sobre la alícuota de las regalías cuando el mineral o concentrado se industrializa en la provincia. Se podría entender por industrialización a la fabricación de baterías, pero se trata apenas de la transformación del litio en bruto en carbonato de litio a partir de la aplicación de elementos químicos en distintas piletas en un proceso que encadena desde la salmuera hasta el carbonato.

La aplicación de este beneficio “en la práctica lleva la tasa efectiva a aproximadamente 1,6% sobre el valor de venta (2% boca de mina)”, detalla Fundar. Eso es lo que paga la firma Sales de Jujuy, que opera en el Salar de Olaroz y tiene una capacidad de producción de 17.500 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (CLE, es el método que permite sumar la producción de carbonato de litio y la de hidróxido de litio). El 66,5% de la propiedad de Sales de Jujuy es de la australiana Allkem (ex Orocobre, responsable de la operación); Toyota Tsusho Corporation, que detenta el 25%, es el agente de ventas exclusivo de la producción; por último, Jujuy Energía y Minería (JEMSE) “posee el 8,5% con acciones de clase B que no le otorgan un lugar en el directorio, pero le dan preferencia sobre el 5% de la producción”, según el informe “Del litio a la batería. Análisis del posicionamiento argentino”, de Daniel Schteingart y Nadab Rajzman, publicado en octubre de 2021.

Catamarca

En Catamarca se ubica el otro proyecto activo en la actualidad, Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, con una capacidad de producción de 22.500 toneladas anuales de CLE, propiedad de Minera del Altiplano, cuya casa matriz era la firma estadounidense FMC hasta que Livent la compró en 2018.

A partir de una investigación de la Aduana se llegó a la conclusión de Livent estafó, tanto al Estado nacional como al catamarqueño, por la vía de la subfacturación del valor de su producción en boca de mina, con lo que pagó menos por regalías y por retenciones. En julio de 2022 la Aduana le aplicó una multa de $ 7000 millones (U$S 55,8 millones) por maniobras de subfacturación realizadas entre 2018 y 2019. Aduana aseguró que las maniobras de Livent sumaron “más de 400 operaciones de exportación” efectuadas por la filial local de una empresa vinculada a su casa matriz del exterior. Livent aún no pagó la multa.

Salta

El ministro de Economía, Sergio Massa, dedicó un día de su reciente gira por China a la promoción del litio de Salta, donde hay proyectos en marcha pero ninguno en explotación, a diferencia de sus vecinos del norte y sur. Massa mantuvo un encuentro con Tibet Summit Resources (TSR) por los proyectos Salar Arizaro y Salar de Diablillos, en los que la empresa china dice que invertirá unos U$S 1700 millones para producir entre 50 mil y 100 mil toneladas de carbonato de litio entre ambos proyectos, los cuales generarán hasta 10 mil puestos de trabajo directos e indirectos. No se informó sobre los términos de la negociación, tampoco la fecha en que podrían llegar esos fondos.

Massa también se reunió con ejecutivos de Ganfeng Lithium, el principal accionista de Exar, pero para hablar del proyecto Mariana, ubicado en el Salar de Llullaiaco, Salta. Y con Tsingshan Holding Group dialogó sobre el proyecto Salar Centenario-Ratones, que cuenta con una inversión estimada de U$S 770 millones, también en Salta.

Fusión y expansión

El 10 de mayo, Livent y Allkem anunciaron su fusión. La firma resultante espera beneficiarse especialmente en la Argentina. En el comunicado oficial se dijo que “la cartera de activos geográficamente adyacentes, de alta calidad y bajo costo en Argentina y Canadá crea oportunidades para reducir el riesgo y acelerar el desarrollo de una sólida cartera de atractivos proyectos de crecimiento, que se espera que brinden una capacidad de producción de aproximadamente 250.000 toneladas anuales de litio para 2027”.

La fusión es comentada con entusiasmo por los medios especializados. Por caso, Panorama Minero, el más importante de Argentina, dice: “Dada la proximidad de ciertos activos en Argentina y Canadá, se espera que se realicen importantes sinergias de costos y ahorros de gastos de capital, además de otras sinergias comerciales anticipadas, a partir de la oportunidad de codesarrollar y reducir el riesgo de futuros proyectos de expansión”. Es decir, la fusión significará despidos y recortes presupuestarios, incluidas menores inversiones, lo cual puede ser muy bueno para los accionistas pero poco deseable para los trabajadores mineros y las economías provinciales.

La fusión, además, llega en momentos en que los responsables de la operación de Fénix y del Salar del hombre Muerto tienen en desarrollo importantes planes de expansión. Tanto Sales de Jujuy como Livent-Minera del Altiplano apuntaban a duplicar su producción para 2024/2025. Hay que ver si la nueva empresa (aún sin nombre) mantendrá esos planes o, en aras de los “ahorros en gastos de capital”, los reduce.

Nuevos proyectos

El proyecto más próximo a comenzar a producir litio es el llamado Cauchari Olaroz, muy cerca del de Sales de Jujuy. Este nuevo emprendimiento lo desarrolla la empresa argentina Minera Exar SA, conformada por la firma privada china Ganfeng Lithium (46,7%), la estadounidense Lithium Argentina (44,8%) y JEMSE (8,5%). Exar prevé iniciar la producción comercial de carbonato de litio grado batería –con 99,5% de pureza– en junio o julio, con una capacidad proyectada de 40.000 toneladas CLE.

Ganfeng es una firma privada china cuyas acciones cotizan en las bolsas de Shanghái y Hong Kong y es una de los dos más grandes del país asiático en el sector de explotación e industrialización del litio. Lithium Argentina tiene a la fecha menos de un mes de existencia. Es un desprendimiento de Lithium Americas, que a su vez tiene por accionistas principales a la automotriz de EE UU General Motors (con el 9,41% de las acciones), a Ganfeng (mismo porcentaje) y a, entre otros, a Franco Mignacco (4,06%), a la sazón presidente de Exar y de Los Boros, firma que, a su vez, posee el 1,93% de Lithium Americas. Mignacco detenta, además, la presidencia de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, adonde fueron a exponer sus ideas Morales, Sáenz y Jalil.

Contexto

De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Nación, en 2022 la Argentina produjo 33.000 toneladas de litio, aportó el 5% de la producción mundial (685.000 toneladas) y se ubicó como el cuarto productor mundial detrás de Australia (324 mil toneladas), Chile (207 mil toneladas) y China (101 mil toneladas).

La producción argentina de litio tuvo un salto en 2016, cuando registró un aumento anual del 61% (de 19,1 mil toneladas en 2015 a 30,8 mil toneladas en 2016). Entonces, el país producía el doble que China y se ubicaba como el tercer productor mundial. Desde ese momento, la producción prácticamente se estancó.

En 2022 (último año con datos completos), Argentina exportó litio por U$S 695 millones, una suma récord que representa un incremento del 234% con respecto a 2021. Pero la suba estuvo motorizada por un salto en el precio internacional del mineral, mientras que en volumen las exportaciones cayeron un 7,8% con respecto a 2021. El precio internacional del litio cayó un 50% en los últimos seis meses, no obstante lo cual las exportaciones crecieron en cantidades un 22,9% en el primer trimestre de 2023 respecto del mismo período del año pasado.


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