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Por amplia mayoría, Diputados aprobó el proyecto de ley de Alcohol Cero

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La iniciativa recibió 193 votos afirmativos, 19 negativos y cuatro abstenciones.

Con el apoyo entusiasta de los palcos del recinto colmados de representantes de organizaciones vinculadas a la seguridad vial, la Cámara de Diputados aprobó hoy por amplia mayoría el proyecto de ley de Alcohol Cero al volante.

La iniciativa que prohíbe la conducción de vehículos a personas que tengan una graduación de alcohol en sangre superior a cero -una obligación que de acuerdo a la normativa vigente recae solamente sobre conductores profesionales- fue aprobada con 193 votos afirmadas, 19 negativos y cuatro abstenciones.

Luego de que al comienzo de la sesión especial -iniciada minutos antes del mediodía- el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert empañara el homenaje a Hebe de Bonafini, con furibundas críticas a la recientemente fallecida ex titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se votó por unanimidad el proyecto de ley de Lengua de Señas utilizado para la comprensión lingüística de personas sordas.

A continuación se inició el debate en torno al proyecto de Alcohol Cero, que contaba con el apoyo transversal de todas las bancadas, además del Gobierno y asociaciones civiles como Madres del Dolor.

La norma vigente autoriza hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores de automóviles y 0,2 gramos en el caso de motociclistas.

El objetivo de la iniciativa, resistida por la industria vitivinícola y sectores gastronómicos por el posible impacto negativo en sus ventas, es reducir las muertes en accidentes de tránsito, la primera causa en adolescentes.

El presidente de la comisión de Transportes, Jorge «Colo» Rizzoti (UCR), destacó que la iniciativa «intenta lograr un cambio cultural, pretende luchar contra la violencia vial y configurar una práctica de conciencia y responsabilidad».

Por su parte, la diputada del PRO María Luján Rey resaltó que «esta ley viene a igualar la responsabilidad a los conductores priorizando la seguridad».

«El bien que queremos resguardar no es más ni menos que el bien de la vida», sumó la macrista, madre de Lucas Menghini, víctima fatal de la llamada Masacre de Once.

Por el oficialismo, Daniel Arroyo, indicó: «Entiendo que la cuestión de los siniestros viales va mucho más allá del problema del consumo de alcohol, que tiene otras dimensiones, pero acá estamos haciendo algo claro, diciendo alcohol cero al volante».

El ex ministro de Transporte y diputado del interbloque Federal Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense) dijo que quienes promueven la ley de alcohol cero tienen «un solo interés» que es «defender la vida».

El diputado del Frente de Todos Eduardo Toniolli salió al cruce de las críticas y aclaró que no se trata de «una ley seca», sino que simplemente es una normativa que «promueve la disociación entre la conducción de vehículos y la ingesta de alcohol».

También desestimó el argumento de que una medida de esta envergadura provocaría una abundancia incontrolable de falsos positivos. «No se condice con algo que esté pasando en los distintos distritos donde se está aplicando», fundamentó.

«No es 0,2 ni 0,1 (gramos por litro de sangre). Esto es Alcohol Cero porque queremos eliminar la especulación. El que bebe no tiene que manejar y el que maneja no tiene que ver», afirmó el santafesino, en medio de aplausos del recinto.

Según expresó, «la principal causa de muertes de jóvenes en Argentina son los siniestros viales». Además señaló que «el alcohol está presente en uno y de cada cuatro siniestros viales que se dan en la Argentina»

El integrante del Movimiento Evita precisó que de acuerdo a evidencia científica, «con una graduación de entre 0,1 y 0,5 es tres veces mas alto el riesgo de sufrir un siniestro vial que estando sobrio».

A su vez, Toniolli puntualizó que en los distritos donde se aplican normativas de Alcohol Cero «se logró bajar los siniestros viales y bajar las muertes».

En contraposición a sus preopinantes, Espert dio a entender que votará en contra al considerar que se trata de «una ley muy acotada» y no supone «un cambio sustantivo».

«Se necesita más educación vial», agregó el economista liberal sobre la norma que apunta a bajar a cero el máximo de ingesta de alcohol para conductores particulares.

En el cierre, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, señaló que «hoy estamos defendiendo la vida y eso significa entender que volante más alcohol, es muerte, es perder un ser querido».

«Es muy difícil encontrar cuál es el equilibrio, cuál es la medida, porque uno saber que por mínimo que sea el consumo empieza a convertir el auto en un arma», subrayó.

Por el Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez (uno de los autores del proyecto) señaló que la ley de Alcohol Cero «es una política responsable basada en evidencia y que tiene una finalidad directa que es mejorar la seguridad vial en la República Argentina».


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Magistratura: Efecto búmeran que vuelve sobre la propia Corte Suprema

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Con el antecedente del fallo de la Corte Suprema contra Doñate, el juez Cormick anuló la designación de la diputada radical Roxana Reyes como representante de la segunda minoría en la Magistratura al considerar que la UCR y el PRO son un mismo bloque. El debate, los escenarios y la pregunta que dejó picando Juliana di Tullio: «¿E ora che facciamo, Rosatti?»

Irina Hauser

Por Irina Hauser

Un inesperado fallo del juez Martín Cormick anuló la designación de la diputada radical Roxana Reyes como integrante del Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría. La resolución se refiere tanto al mandato que ya cumplió, que terminó hace diez días, como al nuevo, para el cual todavía no prestó juramento. El argumento es que si se les concede un representante al bloque del PRO y otro al de la UCR –que participaron juntos en las dos últimas elecciones–  «se estaría vedando de participar a la real segunda minoría» de la Cámara baja, situación que, dice el juez, sería similar a la que se planteó en el Senado y que llevó a que la Corte Suprema anulara la designación de Martín Doñate por la división del bloque oficialista. La decisión pone en un brete al alto tribunal, que la semana pasada anunció en una acordada que tomaría juramento a los diputados y diputadas designados para formar parte del organismo (aunque no puso fecha), no así a los representantes del Senado ante la nueva judicialización de parte del senador del PRO Luis Juez. 

La senadora del Frente de Todos, Juliana di Tullio, ilustró este escenario en un tuit donde cita un tramo del fallo. «Los dos párrafos del juez Cormick aplicando el último fallo de la CSJN (Corte Suprema) en el Consejo de la Magistratura, ordena que la representante de la segunda minoría NO le corresponde a la UCR. ¿E ora che facciamo, Rosatti?«, ironizó en su publicación.

El primer párrafo del fallo que cita dice: «De otorgarle un integrante al bloque constituido por el PRO y otro integrante al bloque de la UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la Cámara, cometiéndose una situación, de hecho, similar a la analizada por la Corte en el citado fallo (el referido a Doñate). Ello, porque los miembros de los bloques PRO y UCR han constituido, de hecho, parte de la misma lista de candidatos a ser votada, tanto en 2021 como previamente en 2019. Por lo tanto, se estaría asignando una doble representación cuando la ley es clara en cuanto que busca representar a tres espacios políticos diferentes». También le ordena a la presidencia de la Cámara (de Diputados) dictar una nueva resolución acorde a lo aquí decidido, no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical». O sea, deberían enviar un nuevo nombramiento. 

Panorama complejo

Todo este embrollo ha logrado hasta ahora como resultado, que el Consejo, que elige y sanciona a los jueces y juezas, siga paralizado. El punto de partida fue el fallo de la Corte de diciembre del año pasado, que declaró la inconstitucionalidad de la integración del organismo y ordenó reponer la ley de 1997, que contempla 20 miembros y pone como presidente al mismo titular supremo, ahora Horacio Rosatti. Hasta el 18 de noviembre último hubo una composición de transición. La designación original de Doñate, por la segunda minoría, fue denunciada por Juez, que quería ese lugar. Los supremos la anularon el 8 de noviembre último porque consideraron que el bloque del Frente de Todos se había dividido mediante un «ardid» para lograr esa banca. La nueva designación de Doñate está judicializada otra vez. Por ahora, la jueza Alejandra Biotti se declaró incompetente y dijo que debería intervenir el juez que ya lo hizo en la demanda anterior, Pablo Cayssials, quien había fallado a favor de Doñate. El nombramiento de Reyes fue denunciado el año pasado por el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Su designación corrió por cuenta del entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa. 

Esto último es lo que resolvió finalmente Cormick en un fallo que, igual que el de la Corte, parte de la base de que la justicia pude opinar sobre este asunto y no sería una intromisión en otro poder. A su entender, la designación de Reyes viola la propia ley del Consejo, en este caso la que estaba derogada y repuso la Corte. «El espíritu de la ley –dice el fallo– es otorgar un lugar a tres espacios políticos diferentes. Dos integrantes del partido que cuenta con mayor cantidad de votos y un integrante de cada uno de los siguientes», en alusión a la primera y segunda minoría tanto del Senado como de Diputados. Citó como ejemplo las conformaciones del organismo previas a su composición de 13 miembros –que estuvo vigente desde 2006– y señaló que siempre estuvo claro que eran tres bloques diferenciados los que tenían representación. Coincidió con la Corte en que «si se permitiera, antes o después, que un conjunto de legisladores dividieran bloques, aunque fueran candidatos de la misma lista, se estaría produciendo lo que la Corte advierte como ‘la instrumentación de un artificio o artimaña'» que a su entender es más reprochable cuando se «procura lesionar la exigencia de representación política….». 

Ahora se abren varios caminos posibles y no está claro aún qué sucederá primero:   

* Según el fallo, la presidencia de la Cámara de Diputados debería designar a un/a nuevo/a representante por la segunda minoría. Quienes se sienten aludidos como tales son los integrantes del Interbloque Federal, pero aún no definieron si reclamarán el lugar. La otra cuestión clave es qué hará la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, que es quien podría apelar. Tampoco estaba claro al cierre de esta nota. 

En tribunales no descartan que se presente la propia Roxana Reyes, quien hasta ahora no lo había hecho. El juzgado podría aceptarla como parte. 

El otro punto es qué hará la Corte Suprema, que la semana pasada anunció que les tomaría juramento a los diputados cuyos nombres envió la presidencia de la Cámara: Vanesa Siley y Rodolfo Tailadhe, del Frente de Todos, por la mayoría; Alvaro González  por el PRO y, precisamente, Roxana Reyes por el radicalismo. El fallo de Cormick es bastante específico al señalar que no se refiere sólo a la designación de Reyes del año pasado. En la parte resolutiva sostiene: que hace lugar a la acción de amparo del diputado Martínez «declarando nula la resolución 689/22 de la presidencia de la Cámara de Diputados y las que en lo sucesivo integren la segunda minoría con Partidos Políticos o alianzas a las que ya le han sido asignados integrantes en mayoría o primera minoría». ¿Esperarán los supremos a una nueva designación? ¿O a que el pleito llegue a sus despachos? ¿O a Reyes le tomarán juramento? 

Así las cosas, hasta el momento, el Consejo está rengo, sin los representantes legislativos. Sólo juraron los estamentos de jueces, abogados,  académicos y el delegado del Poder Ejecutivo. 

Rechazo de la UCR 

La diputada Reyes retuiteó el comunicado del bloque de diputados de la UCR que salió a cuestionar al juez Cormick y sostuvo que su fallo es «arbitrario, político, nulo y extemporáneo» y que fue dictado para generar «confusión». Para el radicalismo «no afecta la validez y cumplimiento» de la resolución de Diputados que designó a los nuevos consejeros. Sostiene que el magistrado se mete en la «interpretación sobre las pautas para las designaciones de los representantes de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura que contradice abiertamente la ley 24.937 y de manera improcedente intima a la Cámara de Diputados a designar a los representantes del Consejo de una forma que no es la prevista por la ley (…) la norma claramente expresa que las propuestas corresponden a los bloques…». Intentan, a la vez, diferenciarse con la discusión en el Senado por el nombramiento de Doñate: «No se trata de una situación equiparable a la escisión del bloque FDT en el Senado pues en este caso los bloques de la UCR y el PRO son preexistentes al fallo de la Corte y de ninguna manera fueron montados para aprovechar una designación adicional». Lo que sucede es que Cormick amplía la interpretación. Para los radicales la discusión ya era abstracta. El jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, se sumó a los cuestionamientos del radicalismo con argumentos similares. 

Ahora hay final abierto y hay que ver cómo se posiciona la Corte en este caso, si usa los mismos argumentos que aplicó a Doñate, tratándose de una representante de la UCR.   


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