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Pidieron un embargo contra Argentina por unos 230 millones de dólares en Estados Unidos

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El fondo Attesor Master Value emitió una orden de embargo de activos para Argentina por unos $230 millones de dólares, debido al default 2001.

Durante este martes, Argentina recibió una orden de embargo de activos en la Reserva Federal de Nueva York, por parte del fondo Attesor Master Value, por unos $230 millones de dólares. Este pedido se suma al reclamo que realizó el fondo Titan Consortium, en el país norteamericano, por el pago de $327 millones de dólares que nuestro país le debe por el fallo en contra que tuvo en el tribunal arbitral del Banco Mundial, debido a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.

Por su parte, el analista de deuda, Sebastián Maril, declaró a diversos medios que el pedido se hizo tras lograr la aprobación de un juez federal. Es así como desde el año 2000, Argentina abonó cerca de 17.500 millones de dólares en concepto de sentencias, y se estima que todavía queda pagar cerca de 10 mil millones de dólares más.

Durante el 2016, luego de unos pocos meses del comienzo del mandato de Mauricio Macri, el gobierno pagó 9.300 millones que tenían deuda en default de 2001. De esta forma, permitió que el juez Thomas Griesa, ya fallecido, levantara las cautelares que impedían al país pagarle al resto de los bonistas que sí habían entrado en los canjes de 2005 y 2010.

Igualmente, los juicios que quedan son por bonos que tienen un valor nominal de menos de 250 millones de dólares. De esta forma, si se llega a lograr un acuerdo con la propuesta que se realizó en 2016, durante el gobierno de Macri, el pago sería de alrededor de 375 millones de dólares.
Finamente, existen ciertos acreedores de Estados Unidos que buscan cobrar de forma violenta una parte o el total de la deuda que Argentina debe como consecuencia de los errores del pasado, afectando cada vez más la reputación del país en el exterior.

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El Gobierno oficializó cuándo será el Censo Nacional 2020 postergado por la pandemia

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Se realizará el 18 de mayo. Tuvo que postergarse dos años por la pandemia. El último Censo se realizó en 2010.

El Gobierno dispuso que el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas se realizará el 18 de mayo próximo, fecha que tendrá calidad de feriado. Así se estableció por medio del Decreto 42/2022 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del jefe de Gabinete, Juan Manzur y del ministro de Economía, Martín Guzmán.

«Dispónese el día 18 de mayo de 2022 para la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda Ronda 2020, revistiendo dicha fecha calidad de feriado nacional, de conformidad y con los alcances establecidos en la Ley N° 24.254», según el texto oficial. El Censo no se pudo realizar en 2020 debido a la pandemia y las restricciones que se impusieron para enfrentarla.

Ahora, el Poder Ejecutivo instruyó a los organismos nacionales a «imprimir preferente despacho y trámite urgente a todo pedido de colaboración y movilización de recursos humanos y materiales destinados a la realización del operativo censal», que les fueran requeridos INDEC, que estará a cargo de esa tarea.

Al mismo tiempo, autorizó a Manzur a delegar en Guzmán las contrataciones necesarias a los efectos del desarrollo de las actividades pre-censales, censales y post-censales. También invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de este decreto, para la realización del Censo.

En los considerandos de la norma, la Casa Rosada señaló que la situación que atraviesa el país por la pandemia y las medidas sanitarias tomadas en el orden nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal con el objeto de paliar la propagación del virus, «han sido consideradas a efectos de determinar el cronograma de actividades censales, las que incluyen tanto a las actividades precensales y experimentales como a las censales y post-censales».

«Atento la dimensión y relevancia del operativo censal, se requirió a las diferentes dependencias de la Administración Pública Nacional a colaborar con el personal a sus órdenes, la afectación de locales, muebles, equipamientos, medios de movilidad, medios de comunicación masiva y todo otro recurso disponible que les fuere solicitado para la realización de las actividades del operativo censal», añadió.

El cumplimiento del cronograma de tareas que deben implementarse, a partir de la fijación de la fecha del operativo censal, «demanda que se imprima celeridad y agilidad administrativa por parte de todas las dependencias públicas nacionales», según el Gobierno.

Por ese motivo, resaltó que «corresponde adoptar medidas que faciliten la realización de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, a fin de que puedan ser llevados a cabo con la prontitud y eficacia que el cumplimiento de los plazos exigidos por el cronograma censal demanda».

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