SOCIEDAD
Panaderías se suman a Precios Justos en un intento por frenar la inflación

La Secretaría de Comercio y los empresarios panaderos firmaron un convenio que fija el precio del pan en $680 para septiembre y $715 para octubre.
El secretario de Comercio, Matías Tombolini, se reunió con representantes de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA) y la Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CIPC) para firmar un acuerdo que establece un valor máximo para el kilo de pan francés de hasta $680 hasta el 30 de septiembre y de $715 para octubre en panaderías de todo el país.
Este convenio está suscripto por más de 5 mil panaderías distribuidas en todo el territorio nacional, que deberán señalizar sus locales con cartelería de Precios Justos para identificar que participan del programa. La medida, además, cuenta con el respaldo de los molinos que forman parte del Fideicomiso del Trigo (FETA) y que abastecen a las panaderías. Como es habitual, la Secretaría de Comercio fiscalizará el cumplimiento del acuerdo.
“Necesitamos dar señales claras a la sociedad y por eso es fundamental fortalecer las herramientas que tenemos y cumplir con los acuerdos. Además de dar previsibilidad a la mesa de los argentinos, este compromiso también es muy importante porque es el mejor modo de darle existencia a la herramienta del fideicomiso del trigo”, destacó Tombolini durante la firma del acuerdo.
Este convenio garantiza el abastecimiento del kilo de pan francés a precios acordados en todo el territorio nacional al tiempo que refuerza el funcionamiento del Fideicomiso del Trigo (FETA) que compensa el costo de la bolsa de harina 000 que venden los molinos a las panaderías.
En ese sentido, el precio de la tonelada de harina de trigo subsidiada del FETA continúa un 40% por debajo del precio de mercado de dicho producto. Además, la variación interanual del precio de la harina compensada por el FETA fue de 81,2%, mientras que el incremento general de los precios fue de 113,4% interanual en julio.
En este marco, el presidente de FAIPA, Miguel Di Beta, destacó el acompañamiento de los molinos y señaló que “el objetivo es trabajar en conjunto porque es lo que necesitamos todos los argentinos”.
Por su parte, el presidente de CIPC, José Álvarez, remarcó: “El acuerdo lo venimos trabajando desde hace ya más de un mes y esto es el resultado del esfuerzo de los molinos y del Estado a través del fideicomiso. Estamos incentivando a todos los industriales panaderos para que compren esta harina subsidiada y a los molinos para que abastezcan a más panaderías en todo el país”.
También participaron de la firma el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Gustavo Faskowicz; el vicepresidente de FAIPA, José Hernández; el director de Asuntos Corporativos de Molino Cañuelas, Rafael Rodríguez Roda; el representante de Molinos Florencia y director Ejecutivo de Molinos Cañuelas, Daniel Ercoli; y el representante de Lagomarsino S.A, Juan Luis Busto. De forma virtual participaron el representante de Molinos Marimbo, Juan Luis Martín y el representante de San Salvador, Hugo Marcos Ovejero
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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