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Otorgan beneficios a una petrolera para impulsar la producción de hidrocarburos en Neuquén

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Se trata del Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, que apunta a estimular la producción de petróleo en esa provincia.

La Secretaría de Energía incluyó a otra petrolera en el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, con el fin de otorgarle beneficios para operar en el área Loma Campana de la provincia del Neuquén e impulsar la producción de petróleo en esa zona.

Se trata de la Compañía de Hidrocarburo No Convencional (CHNC SRL) controlada por YPF, que fue incluida en los beneficios establecidos en el Decreto Nº 929/2013, para el proyecto del área Loma La Lata Norte/Loma Campana «Área Loma Campana».

Así fue dispuesto a través de la Resolución 655/2022, publicada en el Boletín Oficial, otra medida que apunta a estimular la producción de hidrocarburos, uno de los temas que el ministro de Economía, Sergio Massa, considera centrales en su gestión.

Este Régimen de Promoción constituye, según Energía, «una herramienta para la promoción de las actividades hidrocarburíferas de indudable naturaleza federal».

Las empresas que ingresen a ese Régimen gozarán, a partir del quinto año contado desde la puesta en ejecución de proyectos de ejecución de hidrocarburos, del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en esos proyectos, con una alícuota del 0% de derechos de exportación, en caso de resultar éstos aplicables.

Además, los beneficiarios tendrán derecho prioritario a obtener divisas de libre disponibilidad a través del Mercado Único y Libre de Cambios por hasta 100% del precio obtenido por la comercialización interna del porcentaje de hidrocarburos susceptibles de exportación, según el decreto de 2013.

Esa norma había sido derogada parcialmente durante el Gobierno de Mauricio Macri, pero ahora el Gobierno decidió reinstalar beneficios para dar impulso a la producción hidrocarburífera. El Poder Ejecutivo busca estimular esa actividad y, según estimaciones oficiales, la producción de petróleo se podría incrementar en un 70% durante los próximos años, y en un 30% la de gas.


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Reunión de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina

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Vicegobernadores y Vicegobernadoras de la República Argentina, abajo firmantes nos convocamos con un temario diverso y federal y la preocupación de promover una reflexión sobre uno de los desafíos que atraviesa la agenda de nuestros gobiernos provinciales y del gobierno nacional: la división de poderes y, en ese marco, el rol del Poder Judicial.

La inminencia de un fallo en el juicio que tiene como principal acusada a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner configura un hecho de gravedad institucional sobre el cual corresponde marcar nuestra absoluta desaprobación y desasosiego institucional.  
La división de poderes se encuentra jaqueada por una serie de factores que conmueven los cimientos de la democracia y lesionan las virtudes republicanas.
El “activismo judicial”, que se traduce en un alineamiento más o menos explícito de algunos jueces con determinados sectores políticos, pone en jaque a todo el sistema republicano de gobierno y a los derechos y garantías de las y los ciudadanos de nuestro territorio.
Estamos frente a un nuevo paradigma: el poder judicial puede funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas, pero al mismo tiempo amenazar esos derechos e instituciones. Esta paradoja se verifica desde un doble registro: la judicialización de la política y la politización de la justicia.
Hemos observado con muchísima preocupación, cómo algunos funcionarios judiciales han sobrepasado los límites de sus funciones constitucionales, colocando determinadas políticas públicas bajo su tutela, involucrándose no sólo en su evaluación sino también en su diseño e inclusive en su ejecución.
En estos días nos enfrentamos a la posibilidad de que un tribunal emita un trascendental fallo sin pruebas y ante el absurdo de pensar que una gestión de gobierno puede ser considerada una “asociación ilícita”.
Tamaño antecedente, que  habilitaría al armado de causas con fines ajenos al Estado de Derecho, constituye una mordaza que se aplica a las libertades democráticas, tiende al disciplinamiento de quienes gobiernan y garantiza impunidad a aquellos poderes cuyos intereses son puestos por delante del bien común. Esto conllevaría repetir los peores episodios del pasado reciente: la persecución, la proscripción, la condena sin pruebas y la estigmatización de determinados espacios políticos que signó a una de las más oscuras etapas de la historia argentina.
Verónica Magario Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires; Carlos Silva Neder Vicegobernador de la Provincia de Santiago del Estero; Antonio Marocco Vicegobernador de la Provincia de Salta; Florencia Lopez Vicegobernadora de la Provincia de La Rioja; Alejandra Rodenas Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe; Ruben Dusso Vicegobernador de la Provincia de Catamarca; Analia Rach Quiroga Vicegobernadora de la Provincia de Chaco; María Laura Stratta Vicegobernadora de la Provincia de Entre Ríos; Eber W. Solis Vicegobernador de la Provincia de Formosa; Mariano Fernández Vicegobernador de la Provincia de La Pampa; Eugenio Quiroga Vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz; Mónica Urquiza Vicegobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego; Sergio Mansilla Vicegobernador de la Provincia de Tucumán.


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