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Ola de rechazos para el acto que prepara Victoria Villarruel en la Legislatura porteña

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Legisladores porteños reclamaron la suspensión y advirtieron que pone en peligro consensos básicos. «El único terrorismo fue el que llevó adelante el Estado genocida», afirman desde el movimiento de derechos humanos que llama a movilizarse hasta la calle Perú.

La actividad que la diputada pro-dictadura Victoria Villarruel prepara para el lunes en la Legislatura porteña generó una ola de rechazos. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de ese cuerpo, Victoria Montenegro, advirtió que es una forma de poner en peligro los acuerdos básicos que lograron las distintas fuerzas democráticas. Organismos de derechos humanos convocaron a un acto de repudio en las inmediaciones del edificio de la calle Perú. 

Como reveló Página/12, la convocatoria empezó a circular en Twitter y anuncia un «homenaje a las víctimas del terrorismo». El flyer dice que quien invita es la diputada Victoria Villarruel, pese a que ella no tiene nada que ver con la Legislatura porteña, ya que ocupa una banca en el Congreso nacional. Más pequeño aparece el nombre de la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Lucía Montenegro, una de las leales de Milei en el frente porteño. La actividad está prevista para el lunes a las 17 en el Salón Dorado.

La invitación lleva el sello del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), la entidad que preside Villarruel. El Celtyv fue conformado en 2006 como una reacción a la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. El principal objetivo de este grupo es llevar a juicio a los militantes de los años ‘70. El Celtyv se creó como una rama de la Asociación Unidad Argentina (Aunar), fundada en 1993 por militares que actuaron en la represión ilegal.

Los rechazos en la Legislatura

Victoria Montenegro es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, hija de víctimas del terrorismo de Estado y restituyó su identidad gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando advirtió que se estaba preparando el acto, la legisladora del Frente de Todos (FdT) le mandó una nota al vicepresidente primero de la Legislatura, Emmanuel Ferrario (Pro), para advertirle acercade la seriedad del tema.

“Quiero expresarle mi más profunda preocupación por este acontecimiento, ya que pone en peligro acuerdos básicos alcanzados por la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria y contradice los posicionamientos históricos que cada año esta Legislatura renueva, en referencia a la última dictadura cívico-militar acontecida en nuestro país entre 1976 y 1983”, dice la nota que envió Victoria Montenegro. En su escrito le pide a Ferrario que tome las medidas necesarias.

La legisladora Alejandrina Barry del PTS-FIT-U, que también es hija de desaparecidos, reclama que se suspenda el acto de Villarruel. “No es un homenaje, es una reivindicación de la dictadura. Resulta una verdadera provocación que en la Legislatura se realice una actividad para reivindicar y promover la impunidad de los crímenes más atroces del terrorismo de Estado”, afirma.

Gabriel Solano, del PO-FIT-U, envió otra nota para que el evento sea dejado sin efecto. “Estamos en presencia de un acto político reaccionario en defensa de los genocidas de la dictadura y el terrorismo de Estado”, manifestó.

El legislador del FdT Claudio Morresi también observa con preocupación la presencia de Villarruel en la Legislatura. Él integra Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Su hermano Norberto fue secuestrado a los 17 años y asesinado por los grupos de tareas. “Es otra acción más de este grupo tan identificado con la dictadura, desde que están sentados en La legislatura, cada 24 de marzo no acompañan el documento consensuado con los otros bloques políticos donde se repudia el golpe de Estado. Y cuando vos no repudiás los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese tiempo es porque decidís avalarlos”, sostiene.

Una manifestación de repudio

Organismos de derechos humanos convocaron a un acto a las 16.30 en la puerta de la Legislatura, en Perú al 160. «Decimos que no hubo dos demonios y el único terrorismo fue el que llevó adelante el Estado genocida», dice el comunicado firmado por Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Fundación Memoria Histórica y Social Agentina, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la APDH La Matanza, la Comisión Zona Norte, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y la Asociación Buena Memoria.

«Exigimos que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que esa provocación se materialice, que no sólo niega y falsea la verdad histórica sino que ofende la memoria colectiva, y demandamos que las autoridades y el pleno de ese cuerpo legislativo, como de todo el arco político, las organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, que efectivamente aspiran a consolidar el estado de Derecho y la Democracia, que tanto nos costara recuperar, se expresen en idéntico sentido», añaden.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia hará una conferencia de prensa a las 12 en la entrada de la Legislatura y también movilizará a la tarde. La candidata a legisladora porteña Cele Fierro (MST- FIT-U), por su lado, promovió desde sus redes sociales un escrache al acto de LLA. 

La Asociación Madres de Plaza de Mayo calificó el evento como una ofensa a la memoria histórica en un sitio clave para la democracia, como lo es la Legislatua porteña. «Hace muchos años que las Madres reivindicamos no solo la memoria de los desaparecidos, sino también sus luchas y sus objetivos políticos», sostuvieron y llamaron a repudiar la avanzada negacionista el jueves en Plaza de Mayo.

H.I.J.O.S Capital, por su parte, definió la actividad como un «acto de promoción de olvido y la reivindicación del terrorismo de Estado«. En esa línea, llamó a enviar correos electrónicos a Ferrario para reclamar la suspensión del evento. «Una institución de la democracia no puede tolerar discursos ni actos negacionistas ni de odio. Este tipo de acciones exceden el límite de los consensos democráticos de nuestro país, reconocidos en el mundo».

Más descontento

La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina — filial Ciudad-– se declaró en estado de alerta y movilización. «A 40 años de la vuelta de la democracia resulta alarmante la proliferación de discursos negacionistas provenientes de ciertos sectores políticos con aspiraciones presidenciales», sostuvieron desde la Intersindical de Derechos Humanos, que integran la CGT y las dos CTA.

El Instituto Espacio Memoria (IEM) también expresó su rechazo. «Repudiamos la apología del delito y hacemos pública nuestra honda preocupación frente al avance de este tipo de actos que reactualizan lo peor de la metodología de etapa más oscura de la historia«, dice el texto firmado por Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Ana María Careaga, Stella Calloni, Irma Medina y Lita Stantic.

Historias Desobedientes llamó a movilizarse. «Victoria Villarruel es una hija obediente del genocidio, que obedece los mandatos filiatorios de lealtad familiar que perpetúan el silencio y justifican los crímenes. Tan grave como eso, es que desde su posición dirigencial promueva políticas de odio que pueden resultar en hechos dramáticos en el futuro inmediato», sostuvieron sus integrantes.

Desde Unidad Popular, Claudio Lozano reclamó que la Legislatura impida el evento por considerarlo negacionista y reivindicador del golpe de Estado de 1976. La Federación de Entidades Culturales Judias de la Argentina (ICUF) también pidió que se cancele el acto por ser una desvergüenza y un intento de reinstalar la teoría de los dos demonios.

Una militante pro-impunidad hecha y derecha

Desde sus redes sociales, la diputada nacional Myriam Bregman apuntó contra Villarruel por el encuentro que organiza para el lunes «El único sentido que tiene esto es provocar. Villaruel visitaba genocidas, ¿ahora quiere visitar la Legislatura para contarlo?», se preguntó la candidata presidencial del FIT-U.

Villarruel suele esconder su militancia previa en organizaciones que directamente reivindicaron el accionar de la última dictadura. No habla de Aunar ni de Memoria Completa, grupo en el que militó –según publicó el mayor retirado Pedro Rafael Mercado, marido de Cecilia Pando– a principios de este siglo.

Villarruel también integró Jóvenes por la Verdad y, desde allí, organizaba visitas a Jorge Rafael Videla mientras estaba detenido en la casa, de acuerdo con lo que recordó Mercado. Jóvenes por la Verdad también juntaba cartas para mandarle al marino Ricardo Cavallo –represor de la ESMA– mientras estaba preso en España. A Villarruel también la une una relación con otro de los que actuaron en el campo de concentración de la Marina, Alberto Eduardo González.

Esta semana se conoció que Villarruel figuraba en las anotaciones que hizo Miguel Osvaldo Etchecolatz mientras preparaba su defensa para el primer juicio que debió afrontar tras la reapertura de los procesos. La abogada Guadalupe Godoy también exhibió que aparecía en los registros de visitas a Norberto Cozzani, la mano derecha de Etchecolatz durante los años del terrorismo de Estado y después también.

La avanzada negacionista

A principios de año, otras organizaciones pro-impunidad usaron la fórmula “víctimas del terrorismo” en una presentación que hicieron ante la Legislatura porteña para pedir que se saque el nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subte de la Línea E. Justicia y Concordia –que reúne a abogados de quienes afrontan procesos por delitos de lesa humanidad–, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita) y el Centro de Estudios Cruz del Sur pidieron que el nombre de Walsh se reemplace por “Víctimas del Terrorismo”.

Estas tres organizaciones suelen tener críticas hacia Villarruel –fundamentalmente porque con los años licuó su discurso de defensa de los militares y policías y se enfocó en la acusación de los militantes–. Si llegaran a participar del evento, mostraría que la dama de hierro de La Libertad Avanza (LLA) está ampliando sus bases dentro de la familia militar después de que la lista que encabezan con Javier Milei consiguiera casi 30 por ciento de los votos.


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Pasar el verano: el panorama de los precios

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Los anuncios de eliminación de controles de precios ya aceleraron la dinámica inflacionaria, que se mueve por expectativas.

Por Mara Pedrazzoli

La liberación de precios que plantea el próximo gobierno de Javier Milei «va a ser en contra del consumidor”, aseguran las asociaciones de defensa de los usuarios. La lista es extensa, desde el tipo de cambio, cuyo aumento impactará sobre todos los demás precios, hasta los acuerdos en la canasta de consumo masivo, medicamentos, medicina prepaga, servicios domiciliarios y boletos de transporte. Todos esos gastos, que están en la primera línea del consumo de los hogares, serán cada vez más caros. De hecho, el presidente electo vaticinó una inflación en aumento en los próximos meses. Página/12 consultó la visión al respecto de las entidades de defensa del consumidor.

Como pequeña muestra de lo que podría venir, la primera semana luego del balotaje presidencial las grandes cadenas de supermercados recibieron aumentos de hasta un 50 por ciento en las listas de proveedores, mientras que en la segunda semana las subas superaron el 100 por ciento. Las grandes proveedoras alimenticias suspendieron la entrega de mercadería porque los acuerdos de precios serán discontinuados y hay faltantes en las góndolas. En noviembre, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires subió al 11,9 por ciento y llega al 160,6 por ciento interanual.

«En las últimas semanas se está viendo cómo en algunos hipermercados de zonas medias la gente estaba haciendo compras exorbitantes, e inclusive en mayoristas, para acaparar porque saben que los precios se van a ir a las nubes, esto es demostrativo de lo que va a pasar después del 10, la liberación va a ser en contra del consumidor», aseguró el titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano.

«En estas últimas dos semanas, lo normal ha sido una remarcación furiosa, se puede ver el ámbito especulativo porque hay dispersión de precios«, agregó. Además señaló que «han empezado a faltar en las góndolas algunos productos, notamos en los barrios la falta de algunos productos muy específicos, y en las góndolas de los hipermercados algunas grandes marcas que tienen acuerdos con el gobierno también han desaparecido: hay retención de los productos para después del 10 de diciembre».

Falta de competencia

“Tenemos un sistema de precios libres, con algunos precios acordados, otros regulados y tenemos los servicios públicos. Los precios libres están en alza. Los precios acordados (o Precios Justos) van a desaparecer porque no habrá más controles sobre esos precios, que hoy están casi 40 por ciento más baratos que en comercios sin regular. Cada empresario pondrá el precio que le conviene, eso en teoría lleva a la baja de los precios por la competencia, pero en la práctica conduce a un alza, donde el que no puede comprar, no compra”, aseguró Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, en diálogo con este diario.

“En cuanto a los precios regulados, el aumento en las prepagas va en contra del marco regulatorio vigente, que deberá modificarse. Cada prepaga pondrá entonces el precio que quiera y de la competencia surgirá un valor, el cual irá en alza porque existen seis grandes jugadores que actúan en común de forma cartelizada, y un mercado de usuarios cautivos. Además, a ningún usuario del sistema de salud le gusta cambiar de compañía prepaga cada dos meses en función de los precios”, sostuvo Boada. También desde Adduc observaron que «están anunciando que van a liberar las cuotas», lo cual «está en contra de dos normativas: una es ley de medicina prepaga y la segunda es la Constitución Nacional.

Por su parte, Pedro Bussetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) señaló respecto de los precios regulados que “el anuncio de quita de subsidios económicos para reducir el déficit fiscal implicará aumentos en las tarifas de servicios domiciliarios (luz, gas y agua). A esto se suma la eliminación del beneficio de los medicamentos gratuitos para jubilados del PAMI y aumentos en los boletos de colectivo y de tren. Todo esto tendrá un efecto notable sobre los precios».

“Los alimentos, medicamentos y artículos de limpieza venían subiendo en noviembre y siguen aumentando en diciembre porque el gobierno evidentemente ya no tiene ningún control sobre ellos”, indicó Bussetti. “Tuvimos una carrera de precios hasta 2020, con acuerdos de precios que funcionaban y una inflación cerrando en un 36 por ciento anual, y otra dinámica hasta el presente, donde los acuerdos funcionaron más deficientemente y la inflación cerrará en torno al 160 por ciento”, agregó.

En el último relevamiento de Precios Justos que hizo Deuco en La Matanza, se encontró un cumplimiento de apenas el 25 por ciento: “de 38 marcas de aceite, 53 de harina y 18 de yerba que tiene el programa, no había ninguna”. “El cierre de la Secretaría de Comercio en su área de control de precios está indicando que a partir del 10 de diciembre los sectores altamente concentrados, en monopolios y oligopolios que manejan la economía, impulsarán una fuerte suba de precios”, indica la entidad.


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