Juntos por el Cambio reclamó más tiempo para estudiarlo. El próximo jueves a las 10 se pasará a la firma del despacho y el Frente de Todos piensa incluirlo en la próxima sesión, a comienzos de octubre.

En un clima de enorme expectativa, con cientos de manifestantes de organizaciones ambientalistas, de movimientos sociales y de partidos de izquierda en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados avanzó hoy con el debate del proyecto de ley de humedales, aunque el Frente de Todos aceptó esperar una semana más para analizar eventuales aportes de propuestas opositoras antes de firmar el dictamen.

El oficialismo había llegado a la nutrida reunión plenaria del anexo de la Cámara baja con la convicción de culminar el encuentro con la firma del despacho de la mayoría, que tenía garantizado de antemano, pero ante el reclamo enfático de Juntos por el Cambio para estudiar con mayor detenimiento el proyecto, terminó cediendo y se acordó pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 29 de septiembre a las 10.

Ese día sí se firmará el o los dictámenes, sin más dilaciones, y no habrá especialistas invitados como pretendía Juntos por el Cambio.

Una vez que el proyecto tenga despacho, estará listo para debatirse en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, que se llevará a cabo en la primera o la segunda semana de octubre.

En dicha sesión también entraría el proyecto de alcohol cero al volante (aún sin dictamen), y la creación de nuevas universidades nacionales, entre otras iniciativas.

El plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, fue conducida por el presidente del primer cuerpo, Leonardo Grosso (Frente de Todos), quien fue el encargado de anunciar la decisión de pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves que viene «con la voluntad de poder construir un dictamen del mayor nivel de acuerdo posible».

«Coincidiendo todos en la necesidad de que este Congreso dictamine y tenga a bien poder lograr la media sanción que nos corresponde, hemos acordado que los bloques van a ir arrimando durante el transcurso de estos días propuestas concretas de modificaciones o sugerencias a los proyectos que estamos discutiendo», informó.

Antes de eso, el presidente de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile (UCR), a quien el oficialismo sindicaba como el responsable de dilatar el tratamiento, se había quejado por el apuro con que se pretendía dar por cerrado el debate, sin antes estudiar debidamente el alcance del proyecto.

«Quiero dejar algo en claro y sin polemizar con nadie. Presido la comisión de Agricultura hace cinco meses y nunca llegó este proyecto», arrancó, consideró «una irresponsabilidad legislativa tratar a tontas y a locas, a libro cerrado».

Además, rechazó la acusación que había planteado previamente la diputada del Frente de Izquierda-Unidad Romina del Plá asociando a sectores de Juntos por el Cambio con «el lobby» de los intereses del agronegocio y la minería.

«No respondemos a ningún lobby, ni a los agronegocios, ni a los mineros, ni al lobby ambiental. Respondemos al mandato de nuestros representados. Y yo no acuso a nadie de estar respondiendo a algún lobby», contestó el formoseño, que posteriormente rescató la «buena voluntad» del oficialismo para debatir el tema «aún cuando hay diferencias».

Oficialismo y oposición postergaron el dictamen
En la introducción del debate, Grosso hizo un repaso sobre los intentos fallidos que hizo el Congreso nacional para sancionar una ley de humedales hasta llegar a este momento bisagra en que parece haber mejores condiciones para terminar el año con una norma aprobada en ambas cámaras.

Recordó en ese sentido que este viernes 23 de septiembre «se cumplen 9 años de que este Congreso de la Nación le dio la primera media sanción en el Senado» a una ley de humedales, y luego señaló que en 2016 un proyecto del entonces senador nacional Fernando «Pino» Solanas también tuvo el aval de la Cámara alta para naufragar más tarde en Diputados.

Finalmente, subrayó que este mismo proyecto había sido debatido en 2020 en el marco de la comisión que él preside, alcanzando dictamen favorable, pero la iniciativa terminó «juntando polvo en un cajón» ya que no fue tratada en los otros cuerpos en los que tenía giro.

También evocó que «semanas después de asumir (como presidente), el mismo (Mauricio) Macri había establecido la necesidad de una ley de humedales».

«Entre 2015 y 2018 se presentaron ocho proyectos. En el 2020, con los fuegos del Delta del Paraná, se presentaron 15 expedientes», destacó Grosso.

El referente del Movimiento Evita advirtió que «en los últimos años se aceleró por tres el ritmo en el que (los humedales) venían siendo destruidos», lo que «amerita la intervención y regulación del Estado».

Le siguió en el uso de la palabra la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman quien ponderó «la enorme lucha que se viene dando para llegar a esta reunión», de la cual aseguró que se pudo conseguir gracias a «la movilización popular».

La legisladora trotskista apuntó contra el «lobby del agro-power», luego de leer manifestaciones de federaciones agropecuarias en contra de la ley de humedales.

«Parece que ni con el dólar soja preferencial se tranquilizan. Siempre quieren un poquito más, incluido el ambiente», recriminó.

Sobre el proyecto en sí, Bregman reclamó que la autoridad de aplicación de la norma quede en manos del Estado nacional, algo que no está contemplado en el proyecto consensuado, que deja la potestad de la regulación en las provincias. También pidió que esa autoridad aplicación articule medidas con «organismos especializados en ambiente» y «no que quede en manos de organismos estatales que tengan la presión del agronegocio».

A su turno, la radical Ximena García pidió «equilibrar a los diferentes sectores y voces», para lo cual recomendó «salirnos y despejarnos de las posiciones fundamentalistas» y así avanzar en la idea del «desarrollo sostenible» para «equilibrar la producción y el ambiente».

Coautor de un proyecto junto a García de reciente presentación en el Congreso, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro instó a que los ordenamientos territoriales de los humedales sean «aprobados por leyes provinciales”.

«La ley que buscamos no debe obstaculizar las actividades productivas», lanzó, en línea con el temor expresado de un sector importante de Juntos por el Cambio respecto al impacto económico que podría tener una norma con una mirada preponderantemente conservacionista.

En esa sintonía, el diputado radical por Corrientes Jorge Vara advirtió que hay proyectos que plantean la regulación del uso de los humedales con «fuertes restricciones que pueden afectar desarrollos productivos, inversiones, fuentes de trabajo y generación de recursos para las provincias, los municipios, y en algunas zonas para la Nación».

«Nosotros vamos a defender a muerte el inventario que ya tiene hecho la provincia. Vamos a defender el federalismo en ese sentido», sostuvo, y pidió «medir el impacto para que no salga el tiro por la culata».

La diputada del interbloque Federal Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) instó a «pensar la ley de humedales» tomando como punto de partida «el desastre ambiental y no las conveniencias, porque la producción y la habilitación de poder vivir en los humedales tiene que estar».

«Pero lo que tenemos que enseñarles a nuestros empresarios y a los habitantes de los humedales es que deben tener conciencia ecológica”. “Esta ley no va a impedir la producción, esta ley les va a exigir que produzcan de manera sustentable», expresó.

En el mismo sentido que Camaño, su compañera de interbloque, el socialista Enrique Estévez enfocar la discusión desde una mirada que priorice el impacto ambiental y no las implicancias económicas.

«Hace 10 años no existía todavía la magnitud que vemos hoy de catástrofes ambientales», comparó el santafesino, uno de los grandes protagonistas de este proceso de debate ya que fue él quien en la última sesión de Diputados planteó la moción para emplazar a las tres comisiones para que pusiera rápidamente en tratamiento la ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales.