SOCIEDAD
Nueva marcha para repudiar a la Corte: respaldo al juicio político y reclamo por la proscripción de CFK

Un nutrido grupo de organizaciones sociales, sindicales y políticas se convocó frente al palacio de Tribunales de la calle Talcahuano. «Es la primera de una larga serie de movilizaciones».
Por: Tatiana Scorciapino
Organizaciones sociales, sindicales y políticas marcharon esta tarde al Palacio de Justicia de la Nación en el centro porteño para apoyar el pedido de juicio político contra los cuatro magistrados que integran la Corte Suprema. Bajo el lema de “democratizar la justicia”, miles de personas se agruparon en Talcahuano al 550 para exigir una reforma judicial y ponerle fin al “lawfare” que persigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Entre las agrupaciones convocantes se encontraron la CTA, la CTA Autónoma, el Frente Sindical, la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), la CGT, la CCC y la APDH. Además de las Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora que se hicieron presentes de la mano de Taty Almeida y Nora Cortiñas.
Quien también se hizo notar fue la figura de Axel Kicillof que, aunque ausente, estaba siendo representado por sus ministros Cristina Álvarez Rodríuez (Gobierno) y Walter Correa (Trabajo), quienes se acercaron hasta la puerta del edificio en que se encuentra el Máximo Tribunal para mostrar su apoyo a la convocatoria.
La ministra de Gobierno bonaerense habló con Tiempo y expuso su preocupación frente al avance de la justicia: “Estamos frente a una Corte que no sólo se apropió del Consejo de la Magistratura vulnerando una ley y sin respetar la división de poderes sino que también, en tiempo record, sacó un fallo a favor de la ciudad más rica del país en detrimento de las provincias. Tenemos un tribunal que quiere gobernar como si fuera el Poder Ejecutivo y decidir como el Legislativo. No podemos permitir ese avance. Lo que empezó estos días en el Congreso es la posibilidad de que los poderes en la Argentina funcionen con independencia.”
En la misma línea, el diputado nacional y líder del sindicato de canillitas, Omar Plaini, se sumó al reclamo de división de los poderes y afirmó: “Tenemos que tener claro que sin una justicia independiente no podremos reafirmar el estado de democracia que tanto nos costó conseguir.”
Además, el líder sindical, en diálogo con este diario, cuestionó la decisión de la justicia de impedir que Cristina Fernández de Kirchner ejerza cargos públicos y calificó a la misma como una violación al derecho constitucional. “Con la decisión que tomó ese tribunal, la justicia proscribió nuevamente al peronismo. Y nosotros como frente no podemos aceptar eso de ninguna manera. Por eso estas movilizaciones se van a reafirmar de carácter permanente.”
Sumándose a sus compañeros de espacio, el diputado nacional del Frente de Todos Juan Marino celebró la inmensa convocatoria y destacó que la movilización es la “contestación al comunicado de los más de 500 empresarios que salieron a criticar el juicio político a la Corte sólo para defender sus negocios.” El militante del Partido Piquetero reprochó el rechazo de la oposición a tratar el proyecto en el Congreso y se diferenció de esta al decir que estas movilizaciones cuidan a la democracia del “avance de los poderes mafiosos”.
Respecto a la muestra de unidad entre todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas que se congregaron en la Plaza Lavalle, el fundador de Unidad Piquetera sostuvo que “esta es la unidad que estamos pidiendo en el Frente de Todos. Necesitamos que se concrete el llamado a la mesa política a nivel nacional para ponerse al frente de este reclamo. Esta movilización inicia hoy y va a continuar con diferentes marchas a lo largo del tiempo hasta culminar con una inmensa convocatoria el 24 de marzo. El presidente es quien tiene la responsabilidad de convocar a esa mesa y que esta, en primer lugar, discuta cómo amplificar la militancia y la lucha contra la mafia judicial para cuidar los derechos de todos los sectores populares.”
Las tres figuras del frentetodismo afirmaron que, además de instalar el tema en la agenda mediática, es necesario que el resto de la sociedad se interese en su tratamiento y comprenda la necesidad de contar con una justicia independiente: “Tenemos que concientizar a la población para que la gente se involucre. Hay muchos momentos de nuestra vida que están atravesados por estos tribunales. La Corte autorizó los monopolios de compañías de internet y estos cobran mes a mes lo que les parece. Estas prácticas afectan directamente al bolsillo de la gente y no son casuales. Por eso es necesario que la gente sepa qué está pasando y, por sobre todo, que participe”, sintetizó Álvarez Rodríguez.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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