Mediante el DNU 280/2024, el presidente Javier Milei aplicó una serie de modificaciones a la Ley 27.701 del Presupuesto 2023 y al Decreto 088/23 que prorrogaba la vigencia de las partidas para este año. Entre los cambios, decidió anular la prórroga para los artículos artículos 81, 92, 93 y 94 del Presupuesto, que contemplan la compensación para las cajas previsionales no transferidas. Para Santa Cruz implicó una merma, en lo que va del año, de unos $8.000 millones.

Vía un DNU el presidente Javier Milei anuló la obligación presupuestaria de los giros que la Anses le realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Entre ellas la Caja de Previsión Social de Santa Cruz.

Desde la asunción del presidente Javier Milei esas transferencias no se realizan y venían siendo reclamadas. En el caso del Gobierno de Santa Cruz, estimó hace un mes, una merma superior a los $8 mil millones.

Cabe recordar que son 13 las cajas provinciales no transferidas. Además de Santa Cruz, están en la misma situación: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.

Esta decisión, sin duda, suma un foco de tensión al encuentro que, el próximo 4 de abril, mantendrán los gobernadores con el Gobierno nacional, cuyo eje central era buscar consensos para aprobar la nueva Ley Omnibus en el Congreso, como un paso previo al Pacto de Mayo.

Decisión

El artículo 18 del DNU 280/2024 establece que “los artículos 81, 92, 93 y 94 de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificatorias, no se encuentran comprendidos en la prórroga dispuesta por artículo 1º del Decreto Nº 88/23.

El artículo 81 de la ley 27.701, es el que establecía la prórroga del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País .

El artículo 92 plantea: “La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas”.

El artículo 93 marca que “una vez determinado el resultado definitivo del déficit previsional anual, se deducirán del monto total a transferir por el Estado nacional los anticipos a valores históricos. La diferencia resultante se actualizará considerando la variación del índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) entre el mes de julio del año que se está cancelando y el mes anterior al del pago”.Y el artículo 94, tampoco prorrogado, facultaba al Poder Ejecutivo nacional a dictar las normas aclaratorias al régimen dispuesto en los artículos 92 y 93 de la ley 27.701.

A la Justicia

Ya en el mes de diciembre, las provincias recibieron partidas “sin actualizar” y desde enero directamente dejaron de recibirlas. Ahora con esta decisión formalizada a través del DNU, ya hay gobernadores que anticipan que volverán a ir a la Justicia por este tema.

Uno de ellos fue Maximiliano Pullaro de Santa Fe, quién cuestionó duramente su decisión. Por su parte, el secretario de Seguridad Social santafesino, Jorge Boasso, en una entrevista al diario La Capital de Rosario ratificó la intención de ir a la Justicia si no hay marcha atrás con el DNU.

Para el funcionario se trata de “una apropiación indebida de fondos“. Y remarcó que “Nación le debe a Santa Fe alrededor de $700 mil millones”, planteando que “hay que terminar con el unitarismo y construir un país federal en serio”.

Ante esto, el referente de la Seguridad Social santafesino planteó la necesidad de “aprobar urgente una ley de coparticipación inversa, es decir que recauden municipios y provincias y después coparticipen a la Nación”. Y recalcó: “Las Cajas de jubilaciones no son casta” sino “los aportes de los trabajadores durante su vida laboral”  volviendo a señalar  que la provincia analiza recurrir a la vía judicial para frenar el recorte.