SOCIEDAD
Marcha nacional universitaria: Del Congreso a la Plaza de Mayo
La comunidad universitaria avanza en la organización de la marcha prevista para el próximo martes 23, en reclamo de fondos y en rechazo al ajuste que está aplicando el gobierno de Javier Milei. Este viernes se reunieron representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de los sindicatos de docentes y no docentes, y dirigentes estudiantiles de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Acordaron que la concentración principal se realizará frente al Congreso Nacional y desde allí se marchará a la Plaza de Mayo, donde se hará un acto central.
A la vez, la protesta tendrá expresión federal: los universitarios resolvieron «marchar o movilizar en cada universidad del país para que en cada territorio se exprese el apoyo a la universidad pública».
Del encuentro del viernes participaron, además de emisarios del CIN y la FUA, dirigentes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que integran las federaciones docentes Fedun, Conadu, Conadu Histórica, Fagdut, Ctera y UDA, y la federación no docente Fatun. Consensuaron las condiciones bajo las cuales transcurrirá la movilización callejera, que se espera que sea multitudinaria, y que “pondrá a la universidad en la calle y permitirá a toda la ciudadanía expresar su apoyo”. Las tres centrales obreras del país, tanto la CGT como la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, anunciaron su acompañamiento.
La concentración, en la Ciudad de Buenos Aires, comenzará el martes 23 a las 15.30 ante el Congreso Nacional. Desde allí las columnas se dirigirán hacia Plaza de Mayo, en donde se realizará el acto principal de la jornada, a las 18, y se leerá un documento.
Para desembocar en el martes 23, la comunidad académica desarrollará una «gran campaña nacional de defensa de la universidad pública». Para la marcha en sí, los universitarios decidieron invitar a participar a la comunidad científica, a organizaciones estudiantiles, a los organismos de derechos humanos y a «legisladoras y legisladores de todo el arco político y de todos los niveles del Estado».
“La perspectiva es que va a ser una marcha muy importante, esperamos contar con el acompañamiento fundamentalmente de la comunidad universitaria y de la sociedad”, afirmó a Página/12 Federico Montero, secretario de organización de la Conadu, y resaltó el acompañamiento recibido de parte de las centrales sindicales. Montero enfatizó la necesidad de que la marcha se realice en forma pacífica. “Vamos a tomar todos los recaudos para que esto sea así, y que permita expresarse libremente a la comunidad universitaria como lo viene haciendo a lo largo y a lo ancho del país”, aseguró.
28 DE NOVIEMBRE
Concejales advirtieron sobre el impacto del aumento de tasas municipales en 28 de Noviembre
Comerciantes locales, denuncian un incremento del 400% en el impuesto de salubridad e higiene, mientras los concejales Juana Albarracín y Gabriel Torrengo critican la falta de análisis y transparencia en las decisiones del Ejecutivo Municipal. Ambos insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.
En 28 de Noviembre, el reciente aumento de tasas municipales ha generado un fuerte rechazo tanto en comerciantes como en algunos concejales. Marlene Castro, propietaria de la tienda María Elvia, expresó su indignación en las redes al encontrarse con un incremento del impuesto de salubridad e higiene que pasó de $60.000 en 2024 a $300.000 en 2025, pagaderos en dos cuotas.
“Aunque no estoy en contra de las ferias que venden ropa usada, los comerciantes legales enfrentamos cada vez más dificultades. Pagamos impuestos, servicios comerciales y otros costos que hacen insostenible mantener nuestros negocios”, afirmó Castro. La comerciante intentó plantear su preocupación al intendente, pero fue atendida por funcionarios que señalaron que el aumento ya estaba aprobado por el Concejo Deliberante y no podía revertirse.
En paralelo, los concejales Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, del partido SER, denunciaron en la última sesión legislativa que la modificación tarifaria fue aprobada sin un análisis exhaustivo, a pesar de sus pedidos para que fuera tratada en comisión. Según Albarracín, “los valores exorbitantes limitan a muchos vecinos, especialmente a los sectores más vulnerables”.
Por su parte, Torrengo cuestionó la falta de debate sobre los aumentos, destacando que no se realizó el mismo tratamiento que en otros proyectos, como la ordenanza de tierras, aún en análisis. Ambos concejales coincidieron en que el incremento perjudica directamente a la comunidad y favorece la informalidad en el comercio local.
Además, Albarracín criticó un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor. Según la edil, la municipalidad aprobó un pago de $36,5 millones sin dictámenes legales claros ni justificación suficiente.
“Estamos trabajando solo para el Ejecutivo y sus intereses. ¿Qué pasa con los vecinos?”, concluyó Albarracín, quien advirtió sobre el descontento creciente entre los ciudadanos.
El caso expone la necesidad de un mayor debate y análisis en las decisiones municipales, así como políticas más equilibradas que contemplen la realidad de los pequeños comerciantes y los sectores vulnerables.
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