SOCIEDAD
Los vínculos de los abogados de Gabriel Carrizo con la oposición

A regañadientes, la diputada Karina Bachey terminó echando a la letrada Brenda Salva. El lunes, otro senador del macrismo había desvinculado al defensor Gastón Marano que lo asesoraba en la Bicameral de Inteligencia.

Un fantasma recorre la causa sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: el fantasma de los vínculos con los sectores más rancios de la oposición. La defensa de uno de los detenidos, Nicolás Carrizo –el líder de la banda de los copitos– le dio alas a ese fantasma. No sin resistencias, la diputada del PRO Karina Bachey terminó echando a Brenda Salva, que la asesoraba a ella en el Congreso mientras era parte del equipo que defiende a quien se jactaba por WhatsApp de tener un plan para matar a CFK e intenciones de asesinar a su hijo, el diputado Máximo Kirchner. La desafectación de Salva había sido reclamada por el bloque del Frente de Todos (FdT) después de que la legisladora macrista dijera que es “fan de la libertad de trabajo”. Salva siguió la misma suerte que su colega Gastón Marano, defensor de Carrizo que también asesoraba a otro integrante del partido de Mauricio Macri, el senador Ignacio Torres, ante la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) –una de las áreas más sensibles del Congreso.
Carrizo viene siendo uno de los protagonistas de la investigación que llevan adelante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Su defensa no se queda atrás. Detenido el miércoles pasado en los tribunales de Comodoro Py, Carrizo consiguió abogado ese mismo día. Marano llegó a participar del allanamiento que ordenó la magistrada. Según le dijo el abogado a este diario, su llegada a la causa se dio a través de un colega activo en redes sociales a quien habría contactado el hermano de Carrizo. De acuerdo con la versión de Marano, el expediente por el intento de homicidio de CFK es un reto que cualquier penalista quisiera tomar y una buena pantalla para mostrar su destreza como letrado.
Sin embargo, muchas de las dudas que surcan el ecosistema político fueron puestas de manifiesto por el ministro de Justicia Martín Soria. “Yo no tengo dudas de que detrás de esta gente hay algo más: alguien los financia, alguien le puso la logística, la inteligencia, alguien les puso las cámaras de televisión y alguien los masificó en la redes para mostrar las guillotinas o los muñecos colgados de las rejas de la Casa Rosada. Alguien hoy les está pagando a los abogados”, dijo el ministro en una entrevista con El Destape Radio.
Marano es conocido hace años en el mundillo de la seguridad. Trabajó durante años en la embajada de Estados Unidos en la Oficina de Ciudadanía, que se ocupa –entre otras cosas– de las extradiciones. Hay quienes lo vinculan con el extitular de la Secretaría de Inteligencia (SI) Miguel Ángel Toma, relación que Marano desmiente. En 2011, fue candidato a diputado suplente en una lista que era colectora de la que llevaba como candidato a presidente a Eduardo Duhalde. En 2019, presentó una denuncia contra Marcelo Sebastián D’Alessio por usurpación de título después de que se supiera que no había pasado ni por la esquina de la Facultad de Derecho. En los últimos meses, se mostró asesorando al legislador de La Libertad Avanza Ramiro Marra en su cruzada contra partidos de izquierda y movimientos sociales por los planes sociales.
A la CBI, Marano llegó en mayo de este año. El senador Torres, según publicaron otros medios, hizo saber que le habían «presentado» a Marano. No queda claro cómo fue esa presentación ni quién ofició de presentador. El abogado dice no conocer más que por haberse cruzado en un canal de televisión a Gerardo Milman y no tener vínculo con Cristian Ritondo, los dos pesos pesados del macrismo en la CBI.
Torres autorizó a Marano a compulsar el resumen de actividades que desplegó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el año pasado –que es un material clasificado– y el abogado también habría estado analizando la posibilidad de una reforma de inteligencia –un proyecto que el gobierno no envió al Poder Legislativo pese al anuncio del Presidente de marzo pasado y que parece que no tendrá empuje en el corto plazo–. En junio pasado, en la CBI advirtieron su presencia cuando iba a llevarse adelante un plenario de la Bicameral para discutir la situación del avión venezolano-iraní. Como era una instancia en la que solo podían participar senadores y diputados, Oscar Parrilli le pidió a Marano que se retirara –a lo que él accedió diligentemente–.
Después de que se conoció que se había hecho cargo de la defensa de Carrizo, Torres se comunicó con Moreau para avisarle que había decidido desafectar a Marano. El presidente del cuerpo cumplió con el tramiterío a primera hora del lunes y el letrado quedó sin acceso. No son pocas las sospechas de que la banda de los copitos tenía terminales en algún sector de inteligencia.
Las dudas se incrementaron cuando se supo que Marano había autorizado a Salva y Fernando Sicilia a compulsar el expediente. Sicilia es un viejo conocido en la CBI. Es el abogado defensor de dos de los insignes integrantes de los Súper Mario Bros —los miembros de la AFI que se dedicaban al espionaje político–: el abogado Facundo Melo y el policía porteño Leandro Araque. En los tribunales, Sicilia atacó la teoría del cuentapropismo –que convalidó la Cámara Federal– y apuntó contra la cúpula de la AFI macrista. Es también el defensor del perito David Cohen –que truchó los informes en la causa del Gas Natural Licuado (GNL) para perjudicar al exministro de Planificación Federal Julio De Vido– e interviene en la causa de la secta de Villa Crespo. Su perfil es ecléctico: es abogado querellante en casos de violencia institucional como la de la masacre de Wilde o la ejecución de Diego Cagliero.
Marano desmiente que Sicilia intervenga en la defensa de Carrizo. Dice que su inclusión en un escrito se debió a un error burocrático porque comparten otros casos en otras jurisdicciones. “Yo no voy a defender a nadie que atente contra el orden democrático, más allá de que creo en el derecho de defensa”, responde Sicilia ante una consulta de Página/12 pero agrega que no tiene previsto presentarse para aclarar en la causa que no está vinculado al expediente.
Con Salva, Marano comparte estudio jurídico. La mujer también se desempeñó como columnista en A24, Crónica y La Nación+. Si bien no está designada como co-defensora, ella salió a dar entrevistas en los últimos días sobre la situación de Carrizo. Salva trabajaba como asesora en temas de discapacidad de la diputada Bachey desde mayo. Ese mismo mes llegó Marano a la CBI y ese mismo mes apareció en escena Revolución Federal, el grupo extremista de derecha que se sospecha que puede tener vasos comunicantes con los copitos.
El lunes, el FdT había reclamado la desvinculación de Salva después de que Bachey le hubiera dicho a Perfil que ella era “fan de la libertad de trabajo” y que no había comprado todo el tiempo de su asesora. El martes, la diputada informó a través de un comunicado su “decisión indeclinable de desafectar” a Salva. “Desde mi lugar como dirigente político corresponde velar por el esclarecimiento de este hecho”, escribió la legisladora del PRO. Sin embargo, al día siguiente del atentado contra CFK no había sido tan prudente cuando agarró Twitter. “Victimizarse, causas judiciales, penas, y ahora pobrecita!!!! El circo y sus artistas!!!”, había escrito entonces.
PROVINCIALES
Detallaron alcances del Acuerdo de cesión con YPF para yacimientos convencionales

Lo hicieron en conferencia de prensa, autoridades del Gobierno Provincial. Cronología del acuerdo, cantidad de yacimientos y concesiones de transporte asociadas, bienes patrimoniales, implementación del Programa Integral de Saneamiento Ambiental, junto a los detalles del proceso licitatorio de FOMICRUZ, fueron los principales aspectos abordados.

En horas de la mañana, en Casa de Gobierno, autoridades del Poder Ejecutivo, encabezados por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, acompañado por el presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera, y el secretario de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, Gastón Farías, brindaron una conferencia de prensa, en la que se abordaron los principales aspectos relacionados al acuerdo con la empresa YPF SA, tendientes a la cesión de áreas convencionales que explotaba la operadora en la Cuenca del Golfo San Jorge.
De esta manera, el ministro Álvarez, relató las distintas instancias que resultaron en este Acuerdo, que encabezó el Gobernador Claudio Vidal, recordando que el pasado 02 de Abril, se firmó con el presidente de YPF Horacio Marín el Memorándum de Entendimiento; posteriormente el 2 de junio, se rubricó la cesión; y finalmente, el 19 de Junio, se concretó la escrituración de diez áreas hidrocarburíferas, más la concesión de transporte asociadas a las mismas.
En ese punto, Álvarez recordó que “YPF lleva más de 80 años de actividad de la petrolera”, destacando que “uno de los puntos más importantes de esa cesión tiene que ver con los pasivos ambientales, motivo por el cual YPF no pudo llegar a un acuerdo con empresas privadas en una cesión entre privados y que sí pudimos destrabarlo desde Santa Cruz”, señalando que “se hará un relevamiento de la totalidad de los pasivos que deja YPF en la provincia. Seguramente se estarán firmando los contratos en esta semana por parte de la empresa, y ese trabajo técnico, de relevamiento, lo realizará el CONICET y/o la Universidad de Buenos Aires, ambos organismos de reconocida trayectoria en Argentina, a nivel internacional”.
Estas tareas “se van a realizar en 6 meses, en 180 días”, trabajo que dará como resultado “la totalidad de esos pasivos que integrarán inventario”, para luego avanzar “en un plan de trabajo por parte de YPF, que tiene un plazo máximo de saneamiento de 5 años”, momento en que la operadora “llevará adelante el saneamiento a costo propio de la empresa estatal”, lo que consideró “está generando un precedente a nivel nacional. No lo decimos nosotros, lo están manifestando los medios especializados, como así también otras provincias nucleadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, OFEPHI, en la última reunión, que se ha generado un nuevo parámetro de cómo se abandona o cómo se cede un área, y la responsabilidad de los pasivos por parte de la petrolera saliente”.
Otro de los puntos que se destacó en esta conferencia de prensa, fue en relación a la continuidad del proceso licitatorio, en el que Álvarez manifestó que “en pocos días más ya se estará llevando adelante el proceso licitatorio de estas 10 concesiones, más la concesión de transporte”, aclarando luego que “más allá de que haya una empresa o diferentes empresas trabajando en las concesiones de YPF, la operadora va a seguir trabajando en forma paralela y simultánea en lo que tiene que ver el estudio y la remediación ambiental, por el término de 5 años”, reiteró.
Durante estos 5 años, el ministro de Energía y Minería, explicó que “YPF se va a ocupar del abandono de perforaciones, perforaciones inactivas, los dos primeros años con 6 equipos de abandono, y los tres años siguientes, con cuatro equipos. YPF va a continuar en la provincia, en el flanco norte, trabajando en lo que es el abandono de perforaciones y el saneamiento de pasivos ambientales”.
Respecto a la licitación, se explicó que “FOMICRUZ se encuentra abocada a terminar los pliegos licitatorios y a los requerimientos mínimos que se van a solicitar en estos pliegos, por lo que la semana próxima va a estar comunicándose el llamado a licitación de estas áreas. Esperemos que sea lo más ágil posible, respetando la totalidad de los plazos de la legislación vigente y de los plazos legales”, augurando que “la misma sea exitosa en la cantidad de presentaciones y en el plan de inversión o el plan de trabajo que se requiere para las mismas”.
En relación al Bono Resarcitorio, que fue parte del Acuerdo con la operadora, Álvarez manifestó que “ya hubo un desembolso que corresponde a la escrituración, en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria, por 200 millones de dólares, cuyo 70% ya fue ingresado a la provincia de Santa Cruz hace una semana atrás, cumpliendo los plazos que estaban en el Memorándum de Entendimiento. Queda un 30% de esos 200 millones de dólares, que se van a efectivizar una vez que se retira YPF, que termina la operación y mantenimiento”.
Por otro lado, explicó que se está trabajando junto a la empresa sobre el monto que se deberá abonar en concepto de compromisos de inversión, y que no fueron realizados, al señalar que “YPF está presentando información de los dos periodos de plazo, y se va a determinar cuál es el monto final de esos incumplimientos que tiene que abonar a la provincia de Santa Cruz”.
Por su parte, Oscar Vera, presidente de FOMICRUZ, consultado sobre la posibilidad de avanzar en algún posible esquema de asociación con las empresas que sean adjudicadas en la licitación de las áreas que deja YPF – como lo hace en la actividad minera – señaló que “son dos cosas distintas: una cosa es vender oro y plata, y tener un rédito con el usufructo, porque somos los titulares de las áreas mineras, más una participación accionaria. En este caso estamos planteando una participación por la venta de crudo”, revelando que “estamos negociando, preparando ese pliego justamente para que FOMICRUZ también forme parte del negocio petrolero”.
Finalmente, Gastón Farías, secretario de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, fue consultado sobre el rol de la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, señalando que “tenemos una participación importante. Desde el primer día que asumimos, nuestra prioridad fue trabajar respecto de los pasivos ambientales, con la información que pudimos rescatar. YPF, de acuerdo a la Ley 3122, nunca ha cumplimentado el requisito principal que era la declaración de los pasivos”, por lo que “estamos haciendo un trabajo justamente para que, en el momento que se firme el convenio con CONICET y/o la UBA, podamos trabajar en conjunto, dado que nosotros somos ente de control”.
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