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Los sindicatos pidieron reactivar las paritarias y un aumento salarial por la inflación de agosto

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El Gobierno estimó que el año terminará con una inflación de entre el 90 y 100%. A continuación, los sindicatos que piden volver a las paritarias.

El Gobierno ya no sabe qué hacer para frenar la alta inflación. La apuesta por unificar algunos Ministerios y colocar en la cabeza a Sergio Massa parecía ser una buena idea pero hasta el momento, no han habido buenos resultados. El mes de agosto terminó arrojando un aumento del casi 7% y los sindicatos pidieron reactivar las paritarias para que el poder adquisitivo de los salarios no siga bajando.

Uno de los más empecinados en querer hablar con el Poder Ejecutivo es el de docentes. Según comentaron algunas fuentes, desde el Gobierno les propusieron un aumento del 82%, que se aplicaría en la provincia de Buenos Aires y luego al interior del país. Otros, como lo son UPCN y ATE, esperan ser convocados por la presidencia para negociar otro aspecto.

Ellos querrían adelantar el aumento de los dos tramos de 60% previsto para marzo y mayo del año siguiente para fin del 2022. Asimismo, desean negociar la incorporación de algún tipo de beneficio que compense la fuerte aceleración que los precios tuvieron durante estos últimos meses. “Estamos corriendo otra vez desde atrás a la inflación”, reprochó uno de los jefes sindicales del sector.

Por otro lado, los gremios del sector privado también están inquietos y quieren movilizar ya las negociaciones con el Gobierno. Sergio Palazzo, uno de los gremialistas más cercanos a Cristina Kirchner, pidió adelantar la reapertura de las paritarias ya que “el proceso inflacionario, en forma anualizada, ya ha rebasado el porcentaje de aumento salarial convenido”.

El sindicatos de Camioneros, el que lidera Hugo Moyano, habría ya cerrado con el sector empresarial un acuerdo semestral del 31% dividido en dos tramos. La idea que tienen ellos es contemplar la aceleración del aumento de los precios y que la suba próxima no quede corta con los aumentos que se vienen en el futuro.


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Reunión de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina

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Vicegobernadores y Vicegobernadoras de la República Argentina, abajo firmantes nos convocamos con un temario diverso y federal y la preocupación de promover una reflexión sobre uno de los desafíos que atraviesa la agenda de nuestros gobiernos provinciales y del gobierno nacional: la división de poderes y, en ese marco, el rol del Poder Judicial.

La inminencia de un fallo en el juicio que tiene como principal acusada a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner configura un hecho de gravedad institucional sobre el cual corresponde marcar nuestra absoluta desaprobación y desasosiego institucional.  
La división de poderes se encuentra jaqueada por una serie de factores que conmueven los cimientos de la democracia y lesionan las virtudes republicanas.
El “activismo judicial”, que se traduce en un alineamiento más o menos explícito de algunos jueces con determinados sectores políticos, pone en jaque a todo el sistema republicano de gobierno y a los derechos y garantías de las y los ciudadanos de nuestro territorio.
Estamos frente a un nuevo paradigma: el poder judicial puede funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas, pero al mismo tiempo amenazar esos derechos e instituciones. Esta paradoja se verifica desde un doble registro: la judicialización de la política y la politización de la justicia.
Hemos observado con muchísima preocupación, cómo algunos funcionarios judiciales han sobrepasado los límites de sus funciones constitucionales, colocando determinadas políticas públicas bajo su tutela, involucrándose no sólo en su evaluación sino también en su diseño e inclusive en su ejecución.
En estos días nos enfrentamos a la posibilidad de que un tribunal emita un trascendental fallo sin pruebas y ante el absurdo de pensar que una gestión de gobierno puede ser considerada una “asociación ilícita”.
Tamaño antecedente, que  habilitaría al armado de causas con fines ajenos al Estado de Derecho, constituye una mordaza que se aplica a las libertades democráticas, tiende al disciplinamiento de quienes gobiernan y garantiza impunidad a aquellos poderes cuyos intereses son puestos por delante del bien común. Esto conllevaría repetir los peores episodios del pasado reciente: la persecución, la proscripción, la condena sin pruebas y la estigmatización de determinados espacios políticos que signó a una de las más oscuras etapas de la historia argentina.
Verónica Magario Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires; Carlos Silva Neder Vicegobernador de la Provincia de Santiago del Estero; Antonio Marocco Vicegobernador de la Provincia de Salta; Florencia Lopez Vicegobernadora de la Provincia de La Rioja; Alejandra Rodenas Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe; Ruben Dusso Vicegobernador de la Provincia de Catamarca; Analia Rach Quiroga Vicegobernadora de la Provincia de Chaco; María Laura Stratta Vicegobernadora de la Provincia de Entre Ríos; Eber W. Solis Vicegobernador de la Provincia de Formosa; Mariano Fernández Vicegobernador de la Provincia de La Pampa; Eugenio Quiroga Vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz; Mónica Urquiza Vicegobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego; Sergio Mansilla Vicegobernador de la Provincia de Tucumán.


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