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Los mensajes de Nicolás Carrizo que lo comprometen aún más en el atentado contra Cristina Kirchner

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«Recién intentamos matar a Cristina»; «el arma es mía» y «mi empleado le quiso disparar», son algunos de los mensajes que envió Nicolás Carrizo la noche en la que Fernando Sabag Montiel le gatilló dos veces a la presidenta del Senado. Los abogados de CFK solicitaron que a los integrantes de Los Copitos también se los procese con la figura de asociación ilícita y que se ordene un peritaje caligráfico del manuscrito sobre la Regla Tueller, hallado en la casa de Brenda Uliarte.

Por Irina Hauser y Raúl Kollmann

«Recién intentamos matar a Cristina», le escribió Nicolás Carrizo a un tal «Kevin Bargas 2» a las 23.17 del 1 de septiembre, es decir, dos horas después del intento de magnicidio. «Mi empleado. Le quiso disparar. Va a ir preso», siguió el dueño de la máquina de hacer copos de azúcar, en alusión a Fernando Sabag Montiel. «El arma es mía amigo. Te lo juro por dios. Estamos con el grupo. Todos juntos», agregó. Y redobló envalentonado: «Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo. Bueno amigo el que la va a matar seguro va a ser un amigo o voy a ser yo. Recordá esta fecha. Esta hdp ya está muerta».

Las impactantes frases aparecieron en un análisis del celular de Carrizo que hizo la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), órgano del Ministerio Público Fiscal. Las detectó la querella de CFK, pero parece que al juzgado de María Eugenia Capuchetti hasta ahora se le habían pasado por alto pese a que el informe está en la causa hace un mes. Para los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Alzazabal, el hallazgo muestra que Carrizo lejos de estar haciendo bromas –como quiso argumentar en su indagatoria– tuvo un papel de «líder en la planificación del ataque» y que operó una «asociación ilícita», figura que piden por primera vez que se aplique. Apuntan a que se deje de tratar este tema como un delito cualquiera y se lo investigue en su dimensión institucional. Le requirieron al juzgado que vuelva a indagar a Carrizo como coautor del intento de homicidio (en lugar de cómplice) así como a Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ya que esas y otras conversaciones no habían sido incorporadas a los interrogatorios previos. 

La propia Cristina Fernández de Kirchner compartió la presentación judicial en su cuenta de Twitter. «El mensaje que estás viendo («Recién intentamos matar a Cristina») surge del celular de Nicolás Carrizo, el tercer detenido por el intento de asesinato en la puerta de mi casa. Las conversaciones que mantuvo esa misma noche con sus contactos prueban su rol como coautor», escribió CFK. El escrito vuelve a advertir que Capuchetti no investiga las pistas sobre «Nueva Centro Derecha», la agrupación de Hernán Carrol, y sobre Gerardo Milman, pero que incluso «mientras tomaba decisiones que frustraban las investigaciones» contra ambos su «juzgado se había convertido en escenario» de un desfile de testigos de la defensa de Carrizo que «habían estudiado sus guiones» y no profundizaba nada respecto del trío que componía con Sabag Montiel y Uliarte. El escrito el pide Capuchetti que «deje de descartar líneas de investigación y haga lo que la ley le indica que debe hacer: precisamente averiguar la verdad». 

Los chats de Carrizo

En el intercambio con «Kevin Bargas 2», Carrizo le reenvía un chat con Uliarte, que ya se conocía, donde él le dice «estamos todos juntos, a la mierda Cristina» y la mujer le responde que la próxima vez dispararía ella. Después el hombre del negocio de los copos de azúcar el dice a su interlocutor –que aún no está identificado–: «No sabés que hicimos con esto. Generar miedo». Es un discurso idéntico al que se escuchaba en boca de los integrantes de Revolución Federal, en sus «vivos» de Twitter Spaces, un asunto que sigue tramitando en una causa aparte. También en sintonía con esa organización de ultraderecha a las intenciones de matar le suma un plan destituyente: «Estamos pensando matar al jefe de la Cámpora y al jefe de la movilización de la izquierda. Matar a Cristina. Para obligar al señor presidente a que renuncie. El y toda sus movilización»

Estos mensajes se complementan como un rompecabezas con otros que estaban incorporados al expediente, en informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pero permiten confirmar hipótesis y agregan personajes. Carrizo le había hablado del  arma a su hermanastra, Andrea Posadas. En comienzo le dijo que el arma era suya, pero horas más tarde le informó con cierto alivió que era otra. El, dijo, les había entregado «un 22 corto» y la pistola que llevaba Sabag Montiel era una Bersa. También le había dicho a su otro hermanastro, que figuraba como Jony White (es Jonathan Posadas) que querían «matar al jefe de la Cámpora». En mensajes que recién se conocen ahora le dice: «Jona, estoy jodido de verdad. Mi empleado intentó matar a Cristina. Le apuntó con un arma. Y van a abrir una investigación. Me tengo que tomar el palo. Estamos jodidos». Le reenvía la misma conversación con Uliarte que le había mandado a «Kevin» y le dice, a las 22.42: «El arma es mía por eso. Espero que no salte nada». 

A una usuaria que figura como «Sol vecina», Carrizo le dice que había armado un grupo de «ideología liberal» y que por eso era sospechoso. Su defensa había insistido en que el grupo de whatspp, llamado «Girosos», era para salidas nocturnas. El 31 de agosto, el día previo al ataque, Sabag Montiel dijo ahí: «A Cristina quiero matar…» . Otro integrante del grupo de los llamados «copitos», que se había presentado a declarar como testigo, Miguel Angel Castro Riglos, se regodeó en el diálogo interno: «Listo giroso al final puso inestable a la política argentina». «Literalmente logramos lo imposible, pusimos inestabilidad al país», agregaba. Aun así, Capuchetti había descartado su participación. 

–Sinceramente, si bajan a Cristina, bajan a la Cámpora; y con esto le damos un golpe terrible al gobierno, ya fue avisada–, se cebaba Carrizo. 

También habla con una persona que aparece como «Lia», pocas horas después del atentado, cerca de la medianoche. Le cuenta que Sabag es empleado suyo, ella le manda tres mensajes que están borrados y Carrizo le manda fotos de Sabag Montiel. Se jacta: «No tenés idea del grupo que formé. Si se dan las cosas bien el trabajo lo voy a terminar yo». Lo dice luego de criticar a Sabag porque «no le dio recarga» (la bala no estaba en la recámara de la Bersa que fue secuestrada). «Es un boludo», dijo. Al contacto que figura como «Prima Vero», también Carrizo le decía: «es un golpe que le dimos al gobierno» y «se va a poner peor». 

La querella pidió como medida que se identifique a todas las personas con las que carrizo intercambió mensajes y las cite a dar testimonio. Planteó que no hay dudas, con todo el nuevo material, que Carrizo participó de la planificación del atentado. Hasta ahora se le imputaba haber entregado un arma pese a que a su hermanastra le había dicho «esto estaba planificado para dentro de una semana, hizo todo mal, es un pelotudo (por Sabag) (…) estamos decididos a matarla a la puta esa, Cristina tiene miedo, salió mal pero tiene miedo».  Los mensajes revelados, donde a otras personas les dice algo similar, confirman su función central. Por eso insisten en que se lo impute como coautor. Analizan que el objetivo iba todavía más allá de asesinar a CFK, querían desestabilizar. Sabag Montiel buscó trabajo en Recoleta, además de un departamento, y también en Santa Cruz, dice el texto. «La asociación ilícita tenía un funcionamiento más aceitado y complejo del que se conoció hasta el momento», dice la querella. 

Los abogados sostienen que en este caso es pertinente aplicar la figura de asociación ilícita –aunque la justicia federal porteña suele usarla «para perseguir a personas que no le agradan»– porque, según la Corte, se utiliza para situaciones en las que un grupo de personas se organiza para afectar el orden público. 

Testigos dudosos

La querella llama la atención sobre cómo se admitió una seguidilla de testigos de Carrizo que incurrieron en contradicciones y pasó todo sin pena ni gloria. Andrea, la hermanastra de Carrizo, dijo que se enteró del atentado por la tele, pero el otro hermanastro, Jonathan, dijo que se enteró por un llamado de Carrizo y le contó a su hermana. Los registros telefónicos muestran que el que llamó a hombre de los copos fue Jonathan. En los chats Andrea le dice a Carrizo que no se preocupara porque el arma no tenía sus huellas: su explicación fue que quería que la dejara «de joder porque me tenía que levantar temprano y era tarde». En los mensajes  la mujer le decía: «Mamá dijo que vengas, te va a ayudar» y luego declaró que estaba sola en la casa. Jonathan y otros testigos allegados Carrizo insistieron en la teoría de su supuestos humor negro para tratar de ayudarlo. Pero además, entre los testigos se repetían frases casi idénticas para decir que «Carrizo era buena persona» o «no tiene maldad» o «no una persona violenta». Un testigo dijo que vendía copos con Carrizo a la salida de los colegios, de jueves a domingo, lo que no tiene mucha lógica, y que éste tenía plata como para «pasarle a las madres (de sus hijos) y salir con nosotros», en contradicción con una de las exparejas, Yaquelin Riga Murga Mamani, que dijo que incumplía sus obligaciones alimentarias. 

La pista Carrol 

Hernán Carrol es el nombre de un dirigente de la agrupación «Nueva Centro Derecha» –con relación con Patricia Bullrich y Javier Milei entre otros–  que apareció en la causa cuando Sabag Montiel pidió en una nota manuscrita que él se ocupara de conseguirle y pagarle un abogado privado. Carrol había hecho un «vivo» en Instagram con Brenda Uliarte y luego la invitó al cumpleaños de su amigo Martín Almeida donde fue con Sabag, el 20 de agosto. El juzgado tomó esta pista con un mes de demora. Cuando citó a Carrol como testigo, le secuestró un celular y le dejó otro. El aparato que entregó tenía el contenido borrado del día anterior. Ahora un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) del 8 de noviembre que analizó la geolocalización del celular de Carrol muestra una llamativa coincidencia con la de Brenda Uliarte, su primo Martín y Sabag Montiel los días 1, 6 y 22 de agosto (además del 20). Martín Uliarte es policía bonaerense y a sus superiores le habría dicho que no hablaba con Brenda, pero no es cierto. El 4 de agosto Carrol recibe una comunicación que impacta en lazona donde tenía domicilio declarado Carrizo en Morón.  

La querella pide que el juzgado revea su postura respecto de Carrol, allane su domicilio y secuestre todos sus dispostivos. También pedie que se investigue la posible participación de Uliarte en una marcha de Nueva Centro Derecha. 

La regla de Tueller 

En el allanamiento en la casa de Uliarte se había hallado un manuscrito que hablaba sobrel a Regla de Tueller, un protocolo que se enseña en las escuelas de policía de Estados Unidos, que establece que 6,4 metros es la distancia mínima para poder defenderse de manera efectiva con un arma de fuego, y que intentaron instalar en el país Patricia Bullirch y Gerardo Milman. La querella pide establecer quién escribió el texto, cuál es su origen y vinculaciones con páginas que lo replican. 

La pista Milman

La querella de CFK vuelve a pedir que se secuestren los celulares de las dos colaboradoras del diputado Gerardo Milman que estaban con él en la confitería Casablanca cuando un testigo lo escuchó decir: «cuando la maten voy a estar camino a la costa». Una de ellas, Carolina Gómez Mónaco, es la exmiss Argentina 2012 que dirigió la escuela de Inteligencia de la cartera de Seguridad. Resulta que tenían un emprendimiento, Top Studios, con María Alejandra Mroue, panelista en primer programa de Crónica TV donde entrevistaron a Uliarte y Sabag Montiel. Ubeira y Aldazabal piden secuestrar también el celular de Mroue. Es claro que una de las asesoras de Milman –el diputado que anunció en un proyecto de resolución el atentado a CFK, diciendo que sería un autoatentado y que pedía información sobre su custodia– tendría relación con una persona que trataba a Uliarte. Sin embargo no se exploró nada al respecto hasta ahora. 

El escrito agrega otro asunto: «Hemos tomado conocimiento de que, una vez que se hizo público su posible involucramiento en el atentado, Gerardo MIlman solicitó al personal de recursos humanos de la Cámara de Diputados que diese de baja contratos de algunos de sus asesores. Esto fue revelado por el canal C5N el 7 de noviembre. Esto es, otra vez, altamente sospechoso. ¿Por qué Milman no quería que se sepa quiénes trabajaban para él? Nos resulta especialmente preocupante el caso de Fernando Daga, que sería el socio de Gómez Mónaco en su empresa, un centro de estética y belleza corporal en el habrían invertido millones. ¿Por qué Milman no quiere que se sepa quién es esa persona? ¿Por qué, si manejaba las sumas de dinero que parece manejar tenía un contrato de asesor en el Congreso? «, plantean. Requieren a la dirección de Recursos Humanos de Diputados que informe toda la nómina de asesores de Milman y el tipo de contratación.


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Magistratura: Efecto búmeran que vuelve sobre la propia Corte Suprema

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Con el antecedente del fallo de la Corte Suprema contra Doñate, el juez Cormick anuló la designación de la diputada radical Roxana Reyes como representante de la segunda minoría en la Magistratura al considerar que la UCR y el PRO son un mismo bloque. El debate, los escenarios y la pregunta que dejó picando Juliana di Tullio: «¿E ora che facciamo, Rosatti?»

Irina Hauser

Por Irina Hauser

Un inesperado fallo del juez Martín Cormick anuló la designación de la diputada radical Roxana Reyes como integrante del Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría. La resolución se refiere tanto al mandato que ya cumplió, que terminó hace diez días, como al nuevo, para el cual todavía no prestó juramento. El argumento es que si se les concede un representante al bloque del PRO y otro al de la UCR –que participaron juntos en las dos últimas elecciones–  «se estaría vedando de participar a la real segunda minoría» de la Cámara baja, situación que, dice el juez, sería similar a la que se planteó en el Senado y que llevó a que la Corte Suprema anulara la designación de Martín Doñate por la división del bloque oficialista. La decisión pone en un brete al alto tribunal, que la semana pasada anunció en una acordada que tomaría juramento a los diputados y diputadas designados para formar parte del organismo (aunque no puso fecha), no así a los representantes del Senado ante la nueva judicialización de parte del senador del PRO Luis Juez. 

La senadora del Frente de Todos, Juliana di Tullio, ilustró este escenario en un tuit donde cita un tramo del fallo. «Los dos párrafos del juez Cormick aplicando el último fallo de la CSJN (Corte Suprema) en el Consejo de la Magistratura, ordena que la representante de la segunda minoría NO le corresponde a la UCR. ¿E ora che facciamo, Rosatti?«, ironizó en su publicación.

El primer párrafo del fallo que cita dice: «De otorgarle un integrante al bloque constituido por el PRO y otro integrante al bloque de la UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la Cámara, cometiéndose una situación, de hecho, similar a la analizada por la Corte en el citado fallo (el referido a Doñate). Ello, porque los miembros de los bloques PRO y UCR han constituido, de hecho, parte de la misma lista de candidatos a ser votada, tanto en 2021 como previamente en 2019. Por lo tanto, se estaría asignando una doble representación cuando la ley es clara en cuanto que busca representar a tres espacios políticos diferentes». También le ordena a la presidencia de la Cámara (de Diputados) dictar una nueva resolución acorde a lo aquí decidido, no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical». O sea, deberían enviar un nuevo nombramiento. 

Panorama complejo

Todo este embrollo ha logrado hasta ahora como resultado, que el Consejo, que elige y sanciona a los jueces y juezas, siga paralizado. El punto de partida fue el fallo de la Corte de diciembre del año pasado, que declaró la inconstitucionalidad de la integración del organismo y ordenó reponer la ley de 1997, que contempla 20 miembros y pone como presidente al mismo titular supremo, ahora Horacio Rosatti. Hasta el 18 de noviembre último hubo una composición de transición. La designación original de Doñate, por la segunda minoría, fue denunciada por Juez, que quería ese lugar. Los supremos la anularon el 8 de noviembre último porque consideraron que el bloque del Frente de Todos se había dividido mediante un «ardid» para lograr esa banca. La nueva designación de Doñate está judicializada otra vez. Por ahora, la jueza Alejandra Biotti se declaró incompetente y dijo que debería intervenir el juez que ya lo hizo en la demanda anterior, Pablo Cayssials, quien había fallado a favor de Doñate. El nombramiento de Reyes fue denunciado el año pasado por el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Su designación corrió por cuenta del entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa. 

Esto último es lo que resolvió finalmente Cormick en un fallo que, igual que el de la Corte, parte de la base de que la justicia pude opinar sobre este asunto y no sería una intromisión en otro poder. A su entender, la designación de Reyes viola la propia ley del Consejo, en este caso la que estaba derogada y repuso la Corte. «El espíritu de la ley –dice el fallo– es otorgar un lugar a tres espacios políticos diferentes. Dos integrantes del partido que cuenta con mayor cantidad de votos y un integrante de cada uno de los siguientes», en alusión a la primera y segunda minoría tanto del Senado como de Diputados. Citó como ejemplo las conformaciones del organismo previas a su composición de 13 miembros –que estuvo vigente desde 2006– y señaló que siempre estuvo claro que eran tres bloques diferenciados los que tenían representación. Coincidió con la Corte en que «si se permitiera, antes o después, que un conjunto de legisladores dividieran bloques, aunque fueran candidatos de la misma lista, se estaría produciendo lo que la Corte advierte como ‘la instrumentación de un artificio o artimaña'» que a su entender es más reprochable cuando se «procura lesionar la exigencia de representación política….». 

Ahora se abren varios caminos posibles y no está claro aún qué sucederá primero:   

* Según el fallo, la presidencia de la Cámara de Diputados debería designar a un/a nuevo/a representante por la segunda minoría. Quienes se sienten aludidos como tales son los integrantes del Interbloque Federal, pero aún no definieron si reclamarán el lugar. La otra cuestión clave es qué hará la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, que es quien podría apelar. Tampoco estaba claro al cierre de esta nota. 

En tribunales no descartan que se presente la propia Roxana Reyes, quien hasta ahora no lo había hecho. El juzgado podría aceptarla como parte. 

El otro punto es qué hará la Corte Suprema, que la semana pasada anunció que les tomaría juramento a los diputados cuyos nombres envió la presidencia de la Cámara: Vanesa Siley y Rodolfo Tailadhe, del Frente de Todos, por la mayoría; Alvaro González  por el PRO y, precisamente, Roxana Reyes por el radicalismo. El fallo de Cormick es bastante específico al señalar que no se refiere sólo a la designación de Reyes del año pasado. En la parte resolutiva sostiene: que hace lugar a la acción de amparo del diputado Martínez «declarando nula la resolución 689/22 de la presidencia de la Cámara de Diputados y las que en lo sucesivo integren la segunda minoría con Partidos Políticos o alianzas a las que ya le han sido asignados integrantes en mayoría o primera minoría». ¿Esperarán los supremos a una nueva designación? ¿O a que el pleito llegue a sus despachos? ¿O a Reyes le tomarán juramento? 

Así las cosas, hasta el momento, el Consejo está rengo, sin los representantes legislativos. Sólo juraron los estamentos de jueces, abogados,  académicos y el delegado del Poder Ejecutivo. 

Rechazo de la UCR 

La diputada Reyes retuiteó el comunicado del bloque de diputados de la UCR que salió a cuestionar al juez Cormick y sostuvo que su fallo es «arbitrario, político, nulo y extemporáneo» y que fue dictado para generar «confusión». Para el radicalismo «no afecta la validez y cumplimiento» de la resolución de Diputados que designó a los nuevos consejeros. Sostiene que el magistrado se mete en la «interpretación sobre las pautas para las designaciones de los representantes de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura que contradice abiertamente la ley 24.937 y de manera improcedente intima a la Cámara de Diputados a designar a los representantes del Consejo de una forma que no es la prevista por la ley (…) la norma claramente expresa que las propuestas corresponden a los bloques…». Intentan, a la vez, diferenciarse con la discusión en el Senado por el nombramiento de Doñate: «No se trata de una situación equiparable a la escisión del bloque FDT en el Senado pues en este caso los bloques de la UCR y el PRO son preexistentes al fallo de la Corte y de ninguna manera fueron montados para aprovechar una designación adicional». Lo que sucede es que Cormick amplía la interpretación. Para los radicales la discusión ya era abstracta. El jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, se sumó a los cuestionamientos del radicalismo con argumentos similares. 

Ahora hay final abierto y hay que ver cómo se posiciona la Corte en este caso, si usa los mismos argumentos que aplicó a Doñate, tratándose de una representante de la UCR.   


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