SOCIEDAD
Las tarifas de energía sufrirán un nuevo aumento en todo el país

Con el objetivo de reducir los subsidios del sector, la Secretaría de Energía publicó hoy los nuevos valores de referencia que regirán hasta el 30 de abril.
En febrero, las tarifas de energía tendrán un nuevo aumento en todo el país, con el objetivo de reducir gradualmente de los subsidios en el sector y cumplir así con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional.
En línea con esto, hoy la secretaría de Energía publicó los nuevos precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), uno de los componentes del valor final de la tarifa.
Se trata de una suba que ya estaba prevista, y que tendrá diferente alcance para los bolsillos de los usuarios residenciales de ingresos altos y medios (nivel 1 y 3), pequeños comercios e industrias.
En la Resolución 54/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial, se conocieron los nuevos Precios de Referencia de la Potencia (Potref) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE), destinados a los agentes distribuidores o prestadores mayoristas. Los valores se establecieron en el marco de la Reprogramación Trimestral de Verano, para el período comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de abril.
Estos aumentos representan alrededor del 50% del precio final que pagan los consumidores en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde más se verán afectados los bolsillos, mientras que en otras provincias tiene un peso menor al 20%. El resto de los ítems que componen la tarifa son impuestos, transporte y distribución, que tienen distinta incidencia según el distrito y explica la distorsión de precios entre las distintas regiones del país.
Según cálculos preliminares de Emilio Apud, exsecretario de Energía, el impacto final en la factura de Edenor y Edesur promediará entre el 17% y 20% para los usuarios residenciales de mayores ingresos. En cambio, la suba será alrededor del 8% para los hogares de clase media.
Tarifas para usuarios residenciales
Para los hogares de Nivel 2, categoría que engloba a aquellos de menores ingresos o que tienen algún tipo de ayuda social, la tarifa no sufrirá variaciones.
En cambio, para aquellos usuarios considerados de mayor poder adquisitivo (categorizados en el Nivel 1) o que no se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), el aumento del precio estacional de la energía será de entre 36,1% y 38,1%. Esto representa una reducción del 40% del subsidio que estaba vigente.
De acuerdo con el nuevo cuadro de valores, estos hogares pagarán por el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) entre $9.257 MW/h para la hora valle (de menos consumo) y $9.365 MW/h para la hora pico. Sin subsidios, costarían $13.090 y $13.102, respectivamente.
“Si bien desde el Ejecutivo dicen que se trata de la última suba, falta un largo trecho para que los usuarios del grupo 1 paguen la tarifa completa. Con esta nueva actualización, todavía están subsidiados en un 30%”, aseguró un economista experto en la materia.
Este aumento también impacta en aquellos usuarios de ingresos medios (Nivel 3), que tendrán incrementos aproximados del 26% por un bloque de consumo excedente de la demanda. En líneas generales, el Gobierno subsidia hasta un consumo mensual de 400 kWh para gran parte del país. Algunas provincias, en tanto, se rigen por otros parámetros, en el marco de las altas temperaturas del verano. Para la demanda de los hogares de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y San Juan el tope de consumo se incrementó a 650 kWh por mes, exclusivamente para los meses de noviembre de 2022 a febrero 2023, en una decisión que se complementa con la menor cobertura del gas natural por red.
En este caso, el Precio Estabilizado de la Energía variará entre $3.943/MWh (hora pico) y $3.756/MWh (hora normal) para los consumos que se encuentren dentro del límite establecido. Por el excedente se pagará $9.365/MWh y $9.311/MWh, respectivamente.
Desde la Secretaría de Energía afirman que se trata del tercer y último incremento del proceso de segmentación de tarifas para reducir los subsidios al sector.
De acuerdo con la estimación de Julián Rojo, economista del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, la quita de subsidios implicaría un ahorro de US$ 115 millones para el trimestre febrero-abril.
Sin embargo, este año podría haber nuevos incrementos para los usuarios. En parte, para actualizar los valores por inflación y, por otro lado, para aumentar los ingresos de las empresas distribuidoras y transportistas de electricidad, entre las que se encuentran Edenor y Edesur (AMBA), y las que operan en las diferentes provincias del país.
En este sentido, cabe destacar que el pasado 23 de enero se llevó a cabo la audiencia pública para la adecuación tarifaria del servicio de distribución de energía eléctrica, cuya resolución aún se encuentra pendiente.
Nuevas tarifas para comercios e industrias
En la norma también se detalló la situación de los comercios, industrias y organismos públicos. El precio estacional de la electricidad por hora resto será de $13.096/MWh para las grandes empresas con demandas mayores a 300kW, un 21,3% superior respecto a enero; mientras que los organismos públicos que prestan servicios de salud y educación pagarán $9.846/MWh, cifra que marca un incremento que ronda el 29%.
Finalmente, a las pequeñas y medianas empresas están subdivididas. Por un lado, aquellas que tengan una demanda menor a 300 kilovatios, son separadas en “demandas de hasta 10 kW” y “demandas mayores a 10 kW”. En este último caso, las tarifas se mantienen sin cambios (en $7.556/MWh hora resto), siempre y cuando la demanda sea igual o menor a 300 kWh por mes.
En caso de excederse, tendrán una reducción del 40% del subsidio vigente. Por ese resto, deberán pagar lo mismo que aquellos comercios con demandas mayores a 10kW hasta 300 kW, que actualmente aumentó a $9.774/MWh la hora resto.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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