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Las tarifas de energía sufrirán un nuevo aumento en todo el país

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Con el objetivo de reducir los subsidios del sector, la Secretaría de Energía publicó hoy los nuevos valores de referencia que regirán hasta el 30 de abril.

En febrero, las tarifas de energía tendrán un nuevo aumento en todo el país, con el objetivo de reducir gradualmente de los subsidios en el sector y cumplir así con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional.

En línea con esto, hoy la secretaría de Energía publicó los nuevos precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), uno de los componentes del valor final de la tarifa.

Se trata de una suba que ya estaba prevista, y que tendrá diferente alcance para los bolsillos de los usuarios residenciales de ingresos altos y medios (nivel 1 y 3), pequeños comercios e industrias.

En la Resolución 54/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial, se conocieron los nuevos Precios de Referencia de la Potencia (Potref) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE), destinados a los agentes distribuidores o prestadores mayoristas. Los valores se establecieron en el marco de la Reprogramación Trimestral de Verano, para el período comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de abril.

Estos aumentos representan alrededor del 50% del precio final que pagan los consumidores en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde más se verán afectados los bolsillos, mientras que en otras provincias tiene un peso menor al 20%. El resto de los ítems que componen la tarifa son impuestos, transporte y distribución, que tienen distinta incidencia según el distrito y explica la distorsión de precios entre las distintas regiones del país.

Según cálculos preliminares de Emilio Apud, exsecretario de Energía, el impacto final en la factura de Edenor y Edesur promediará entre el 17% y 20% para los usuarios residenciales de mayores ingresos. En cambio, la suba será alrededor del 8% para los hogares de clase media.

Tarifas para usuarios residenciales
Para los hogares de Nivel 2, categoría que engloba a aquellos de menores ingresos o que tienen algún tipo de ayuda social, la tarifa no sufrirá variaciones.

En cambio, para aquellos usuarios considerados de mayor poder adquisitivo (categorizados en el Nivel 1) o que no se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), el aumento del precio estacional de la energía será de entre 36,1% y 38,1%. Esto representa una reducción del 40% del subsidio que estaba vigente.

De acuerdo con el nuevo cuadro de valores, estos hogares pagarán por el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) entre $9.257 MW/h para la hora valle (de menos consumo) y $9.365 MW/h para la hora pico. Sin subsidios, costarían $13.090 y $13.102, respectivamente.

“Si bien desde el Ejecutivo dicen que se trata de la última suba, falta un largo trecho para que los usuarios del grupo 1 paguen la tarifa completa. Con esta nueva actualización, todavía están subsidiados en un 30%”, aseguró un economista experto en la materia.

Este aumento también impacta en aquellos usuarios de ingresos medios (Nivel 3), que tendrán incrementos aproximados del 26% por un bloque de consumo excedente de la demanda. En líneas generales, el Gobierno subsidia hasta un consumo mensual de 400 kWh para gran parte del país. Algunas provincias, en tanto, se rigen por otros parámetros, en el marco de las altas temperaturas del verano. Para la demanda de los hogares de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y San Juan el tope de consumo se incrementó a 650 kWh por mes, exclusivamente para los meses de noviembre de 2022 a febrero 2023, en una decisión que se complementa con la menor cobertura del gas natural por red.

En este caso, el Precio Estabilizado de la Energía variará entre $3.943/MWh (hora pico) y $3.756/MWh (hora normal) para los consumos que se encuentren dentro del límite establecido. Por el excedente se pagará $9.365/MWh y $9.311/MWh, respectivamente.

Desde la Secretaría de Energía afirman que se trata del tercer y último incremento del proceso de segmentación de tarifas para reducir los subsidios al sector.

De acuerdo con la estimación de Julián Rojo, economista del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, la quita de subsidios implicaría un ahorro de US$ 115 millones para el trimestre febrero-abril.

Sin embargo, este año podría haber nuevos incrementos para los usuarios. En parte, para actualizar los valores por inflación y, por otro lado, para aumentar los ingresos de las empresas distribuidoras y transportistas de electricidad, entre las que se encuentran Edenor y Edesur (AMBA), y las que operan en las diferentes provincias del país.

En este sentido, cabe destacar que el pasado 23 de enero se llevó a cabo la audiencia pública para la adecuación tarifaria del servicio de distribución de energía eléctrica, cuya resolución aún se encuentra pendiente.

Nuevas tarifas para comercios e industrias
En la norma también se detalló la situación de los comercios, industrias y organismos públicos. El precio estacional de la electricidad por hora resto será de $13.096/MWh para las grandes empresas con demandas mayores a 300kW, un 21,3% superior respecto a enero; mientras que los organismos públicos que prestan servicios de salud y educación pagarán $9.846/MWh, cifra que marca un incremento que ronda el 29%.

Finalmente, a las pequeñas y medianas empresas están subdivididas. Por un lado, aquellas que tengan una demanda menor a 300 kilovatios, son separadas en “demandas de hasta 10 kW” y “demandas mayores a 10 kW”. En este último caso, las tarifas se mantienen sin cambios (en $7.556/MWh hora resto), siempre y cuando la demanda sea igual o menor a 300 kWh por mes.

En caso de excederse, tendrán una reducción del 40% del subsidio vigente. Por ese resto, deberán pagar lo mismo que aquellos comercios con demandas mayores a 10kW hasta 300 kW, que actualmente aumentó a $9.774/MWh la hora resto.


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El gobierno anunció un acuerdo con las universidades que no existe

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El gobierno informó un incremento en el presupuesto universitario pero solo abarca los gastos de funcionamiento.  El Consejo Interuniversitario Nacional señaló que es un reconocimiento al ajuste aunque considera insuficiente a propuesta. Se mantiene la movilización de la semana próxima. 

La marcha prevista para el 23 de abril en defensa de la universidad pública que se realizará en todo el país promete ser multitudinaria. Crecen las expresiones de apoyo y convocatoria tanto a nivel nacional como en el extranjero, incluso centros de estudiantes de universidades privadas, como la UADE, se suman a la convocatoria. Actores, científicos, docentes, dirigentes gremiales y estudiantes llaman a movilizarse contra el desastre que se avizora ante el desprecio que le dispensa el gobierno libertario a la educación pública. La primera reacción del gobierno fue el ataque furioso, encabezado por el presidente Javier Milei. Anoche, además, hubo un intento de desactivar la movilización. Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que «se dispuso un aumento del 70 por ciento en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento» y adelantaron que en mayo se otorgará el mismo porcentaje. De esa manera, el gobierno lanzó a rodar una moneda falsa al anunciar que se había llegado un acuerdo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que congrega a todas las universidades públicas, lo desmintió. «Nos parece bien que reconozcan que existe el ajuste, porque hasta hace poco lo negaban. Queremos sentarnos a dialogar, pero la propuesta sigue siendo insuficiente», señalaron desde una de las universidades.  El CIN  ratificó la convocatoria a la movilización. 

El gobierno ya utilizó esta estrategia sin resultados positivos.  Ante el conflicto, rechaza su existencia, ataca a sus protagonistas, cuando todo está por desmadrarse hace una oferta y, a través de las redes sociales, vende una solución que no existe. Así lo hizo el pasado 14 de marzo cuando intentó frenar la huelga nacional de los docentes universitarios. La noche anterior anunció el incremento de un 70 por ciento para gastos de mantenimiento que las universidades debían recibirlo los primeros días de abril. Los gremios docentes y no docentes no se equivocaron en mantener el paro porque ese dinero no llegó.

Es más, se trata del mismo porcentaje que forma parte del ofrecimiento que realizaron a última hora de este jueves al CIN. Pero este aumento representa en realidad menos del 10 por ciento del presupuesto de las universidad que todavía no lo cobraron. El gobierno dice que ese 70 por ciento «lleva la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales» y propone otro «70 por ciento en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140 por ciento de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales». «Además –agregó el comunicado–, se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661».

Los números siguen siendo insuficientes porque, como sostienen en las universidades, el ajuste es superior a lo que está ofreciendo ahora la Rosada. La propuesta es un aumento sobre los gastos de funcionamiento de las universidades que representan solo es el 10 por ciento del presupuesto. El otro 90 por ciento son los salarios. 

En cambio, el gobierno anunció que estos los montos surgían de un consenso alcanzado con los rectores de las universidades nacionales y anticipó un encuentro para avanzar en «lograr una educación universitaria de calidad». Sin embargo, desde el CIN no dijeron lo mismo. Valoraron «que se reconozca parte de lo que venimos reclamando, sustancial e ineludible para el normal funcionamiento de nuestras instituciones». Y señalaron que el diálogo convocado porque «es sin dudas el camino para lograr acuerdos duraderos que den la previsibilidad que el sistema universitario y científico necesita las en materia presupuestaria». Pero los rectores también informaron que están «a la espera de la invitación formal a la reunión donde se anuncie formalmente estas medidas, reunión a la cual asistirá el Comité Ejecutivo». Advirtieron, además, que el Consejo Interuniversitario «siempre ha estado y estará en virtud de nuestro convicción profunda respecto del rol estratégico que la educación pública, el sistema público de educación superior y la ciencia tienen para el país». Y destacaron que la marcha convocada para el 23 abril «continúa siendo una actividad de vital importancia y de visibilización, la cual el CIN adhiere y convoca».

«No hubo un acuerdo, hubo una propuesta del gobierno, de manera informal, donde se comprometen a subsanar el 25 por ciento del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades», señaló en las redes sociales Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

El comunicado de los rectores a la propuesta apresurada y de última hora también es una respuesta a los ataques a los que los sometieron tanto el presidente Milei como su ministro del Interior Guillermo Francos. A los docentes universitarios el Presidente los llamó “salamines firmadores de cartas de indignación” y acusó a la educación pública de generar «disonancia cognitiva». A su turno, Francos se preguntó si ante los problemas presupuestarios no deberían plantearse «la forma de generar más recursos a los que aporte el Estado nacional». Tanto Francos como Milei tienen en común el haber egresado de universidades privadas. Tal vez eso también explica el desapego que expresan por las universidades públicas. 


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